El problema no es un “atraso administrativo”: es estructura. El modelo de vivienda social subcontrata el derecho a techo a privados y luego juega con la cola de pagos: se “devenga” (se reconoce la obligación), pero se difiere el desembolso con trucos de autorización y facturación diferida, trasladando el costo a hogares y a contratistas. Marx lo habría descrito sin adornos: “El derecho no es sino la voluntad de la clase dominante erigida en ley” (Obras Escogidas, Progreso, 1980). Aquí, la ley dice 30 días; la práctica inventa cuatro meses para autorizar la factura.
Por Equipo El Despértar
Cientos de familias con subsidio aprobado (DS49 y DS01) denuncian que sus viviendas están construidas y escrituradas, pero no se las entregan porque el Serviu no ha pagado a las constructoras. En el grupo de WhatsApp que coordina Jenifer Donoso , beneficiaria que firmó escritura el 3 de marzo, hay 92 personas en la misma: “desde ahí no se ha hecho el pago; la respuesta del Serviu fue que no había recursos”. La postal es grotesca: llave imaginaria, deuda real, casa vacía.
El Minvu niega una deuda por US$ 1.000 millones, cifra que constructoras ventilaron en Diario Financiero, pero admite que espera un decreto “en revisión” para cancelar a personas naturales que vendieron con subsidio. Mientras los oficios circulan, familias del 40% más vulnerable (DS49) miran desde afuera las casas ya inscritas en el Conservador. Se llama derecho a la vivienda cuando se promete; se llama gestión de caja cuando toca pagar.
El problema no es un “atraso administrativo”: es estructura. El modelo de vivienda social subcontrata el derecho a techo a privados y luego juega con la cola de pagos: se “devenga” (se reconoce la obligación), pero se difiere el desembolso con trucos de autorización y facturación diferida, trasladando el costo a hogares y a contratistas. Marx lo habría descrito sin adornos: “El derecho no es sino la voluntad de la clase dominante erigida en ley” (Obras Escogidas, Progreso, 1980). Aquí, la ley dice 30 días; la práctica inventa cuatro meses para autorizar la factura.
El resultado es doblemente abusivo. Arriba, constructoras con espalda financiera presionan, ajustan plazos y cobran intereses; abajo, familias con subsidio quedan rehén de una contabilidad que las usa como colateral humano. “El 20 de septiembre íbamos a tener buenas noticias… pero no pasó nada”, cuenta Donoso. Así se produce el milagro de la vivienda social sin habitantes: el Estado celebra el subsidio asignado y la foto de la obra; el hogar celebra cuando entra, no cuando firma papeles.
El Ministerio alega que no tiene pagos pendientes por la suma denunciada. Muy bien: entonces publique, día a día, el libro de devengos y pagos por programa, región y proyecto: montos, fechas de recepción conforme, autorización de factura, pago efectivo e intereses devengados por atraso. Transparencia no es difundir promedios; es mostrar quién espera, cuánto y por qué. Si el dinero está, páguese; si falta, que el Tesoro avance y recupere después. El subsidio no es un pagaré sin fecha.
Detrás hay economía política, no burocracia. Cuando se terceriza la producción de vivienda, se importan los incentivos del negocio: flujo primero, personas después. Silvia Federici lo explica en otro lenguaje: el sistema desplaza el costo de la reproducción de la vida a los hogares; si el presupuesto no lo cubre, las mujeres y las familias absorben la espera, el arriendo extra, la mudanza postergada. La “eficiencia” pública sin plata es precariedad privada.
La solución no requiere poesía: disponibilidad presupuestaria obligatorias para subsidios (dinero garantizado al hito de entrega), interés moratorio automático a favor de beneficiarios por cada día de atraso, prohibición legal de la práctica “no autorizar factura para no gatillar los 30 días”, plazos fatales con responsabilidad del servicio, y —sí— un brazo público constructor/gestor que compita con privados en costo y plazos donde el mercado aprieta. O seguimos adorando la “asociación público-privada” mientras las familias hacen cola fuera de su propia casa.
“Tengo una casa y no puedo habitarla” es la mejor definición de barbarie administrativa. Rosa Luxemburg dejó la disyuntiva sin maquillaje: “Reforma o barbarie.” Reforma aquí significa pagar lo devengado, blindar el flujo de subsidios de la gimnasia de caja y tratar la vivienda como infraestructura, no como cuota de campaña. Barbarie es esto: techo sin gente, gente sin techo.