El dato jurídico de hoy agrava el cuadro político: detener a civiles en aguas internacionales, remolcarlos a puerto y tratarlos como caso migratorio en Saharonim, centro concebido para “irregulares”, despolitiza el acto y lo vuelve administrativo: ficha, audiencia rápida, expulsión. Es la traducción carcelaria del asedio: criminalizar la solidaridad. Angela Davis lo resume con una brújula simple: la solidaridad real es tomar partido contra la maquinaria que convierte vidas en desechables. Y el mundo, bien gracias.
Por Equipo El Despértar
La operación nocturna de la Marina sionista terminó como estaba escrita: 473 activistas de la Flotilla Global Sumud fueron trasladados a la prisión de Saharonim, en el desierto del Neguev, tras ser interceptados ilegalmente a 70 millas de Gaza, remolcados a Ashdod, fichados y derivados a autoridades fronterizas para su expulsión. El dispositivo, que se extendió por doce horas y alcanzó a más de 40 embarcaciones, culminó este viernes con el último velero, el Marinette, también detenido.
La secuencia fue la de un verdadero asalto pirata: abordajes, cámaras apagadas, chorros de agua a los veleros, convoy de una veintena de buques militares cortando paso y ordenando cambio de rumbo a Ashdod. Antes, la advertencia por radio: “zona bajo bloqueo; entreguen la ayuda por las vías establecidas”. La Flotilla respondió lo obvio: el bloqueo es ilegal y administrar la ayuda por el propio asediador no es “humanitario”, es control. Italia y España, como era de esperar, desplegaron buques, pero se mantuvieron fuera de la zona crítica pidiendo no avanzar como lo hacen los que solo quieren aparecer en la fotografía.
Conviene no perderse en el eufemismo. Los asedios no “acompañan” la guerra: son la guerra. Interrumpen flujos (alimentos, medicinas, combustible), convierten el mar en frontera de hambre y disciplinan una población cercada. Frantz Fanon lo dijo sin metáforas: el colonialismo organiza el espacio por la violencia. Aquí, 20 corbetas custodian que cada kilo de arroz sea un trámite militar. Llamar a una flotilla civil “provocación”, como hace la cancillería israelí, es como llamar a un niño indefenso terrorista, un absurdo que normaliza que el Mediterráneo tenga dueño.
El dato jurídico de hoy agrava el cuadro político: detener a civiles en aguas internacionales, remolcarlos a puerto y tratarlos como caso migratorio en Saharonim, centro concebido para “irregulares”, despolitiza el acto y lo vuelve administrativo: ficha, audiencia rápida, expulsión. Es la traducción carcelaria del asedio: criminalizar la solidaridad. Angela Davis lo resume con una brújula simple: la solidaridad real es tomar partido contra la maquinaria que convierte vidas en desechables. Y el mundo, bien gracias.
Europa ensayó su papel habitual: humanitarismo vigilado. “Abordaje previsto”, “sin violencia”, “se garantizará la deportación ordenada”. Samir Amin llamó a esto imperialismo colectivo: una “comunidad internacional” que se conmueve a distancia, escolta sin escoltar, protege sin proteger, y al final convalida el asalto como el genocidio. La oportunidad de escoltar un corredor marítimo independiente, bajo paraguas multilateral, se dejó pasar para no desacatar al aliado.
La batalla semiótica se libra a la par: rebautizar la Flotilla como “Hamás-Sumud” busca borrar que se trata de civiles con alimentos y medicinas. Exigir que la ayuda pase por “canales seguros” controlados por el asediador no es neutralidad: es administración del asedio. Marx y Engels lo escribieron sin perfume: “El Estado moderno no es sino el comité que administra los negocios comunes de la burguesía” (Obras Escogidas, Progreso, 1980). Ese comité hoy gestiona el cerco con eufemismos.
A quienes miran desde el Sur les toca algo más que tuitear: protección consular activa a sus nacionales detenidos, exigencia de debido proceso y liberación, respaldo a un corredor marítimo independiente con verificación internacional, y sanciones a la complicidad logística y militar que sostiene el bloqueo. No es ideología: es derecho a la vida. La diáspora palestina —de Santiago a Madrid— conoce demasiado bien lo que significa vivir bajo permiso.
El Mediterráneo no es un excel de permisos y arrestos: es ruta de vida o fosa, según quién mande. La Global Sumud eligió lo primero y pagó el precio: prisión y deportación. Los gobiernos, otra vez, eligieron mirar desde fuera de la línea. Rosa Luxemburg dejó la disyuntiva sin adorno: “socialismo o barbarie.” Traducido a este mar: alto el fuego, fin del asedio, corredores humanitarios independientes y rendición de cuentas por el castigo colectivo. Lo demás es burocracia con uniforme.