Desde una mirada de izquierda, el problema es otro: subir puntajes PAES como sinónimo de “calidad” es confundir mérito con origen social. Las pruebas estandarizadas miden, en gran parte, capital cultural y condiciones materiales, no la vocación ni la capacidad de enseñar en contextos reales. Paulo Freire advertía que no hay educación neutral: o reproduce desigualdades o contribuye a superarlas. Un filtro de 626 puntos en un sistema desigual no “mejora” a los futuros profesores: expulsa a quienes más conoce la escuela pública desde adentro.
Por Equipo El Despertar
La próxima semana la Cámara de Diputados votará, con discusión inmediata, el proyecto que aplaza el alza de puntajes para ingresar a Pedagogía. El Ejecutivo intenta revertir en Sala el traspié que sufrió en la Comisión de Educación, para luego introducir indicaciones y devolverlo a comisión. El contexto no es menor: se acercan las admisiones 2026 y quienes aspiran a estudiar pedagogía aún no saben cuáles serán los requisitos definitivos.
¿Qué se vota en lo sustantivo? Postergar la subida de más de 120 puntos en el puntaje mínimo fijado por la Ley de Desarrollo Docente (2016). Si no se aprueba el aplazamiento, el “piso” exigido quedaría en al menos 626 puntos en pruebas obligatorias (versus 502 vigentes en la última admisión). En paralelo, las señales del sistema son rojas: “al menos 10 carreras de Pedagogía cerrarían el próximo año” y varias universidades estatales y regionales anticipan caídas bruscas de matrícula que vuelven inviables programas completos.
El rechazo en comisión, por falta de quórum, expuso grietas en el oficialismo. El PS Juan Santana votó en contra: “la señal política… es negativa, es de detrimento de la carrera docente”, dijo, alegando que el proyecto no aborda salarios ni condiciones. La presidenta de la instancia, Mónica Arce (Ind.-DC), se abstuvo: “no se hace cargo del problema raíz… no representa una solución real”. Y todo cruzado por una denuncia bajo Ley Karin contra el subsecretario Víctor Orellana por hostigamiento a Arce; el propio Orellana admitió un “diálogo inadecuado”.
Desde una mirada de izquierda, el problema es otro: subir puntajes PAES como sinónimo de “calidad” es confundir mérito con origen social. Las pruebas estandarizadas miden, en gran parte, capital cultural y condiciones materiales, no la vocación ni la capacidad de enseñar en contextos reales. Paulo Freire advertía que no hay educación neutral: o reproduce desigualdades o contribuye a superarlas. Un filtro de 626 puntos en un sistema desigual no “mejora” a los futuros profesores: expulsa a quienes más conoce la escuela pública desde adentro.
La propia discusión lo reconoció. El diputado Arturo Barrios (PS) fue claro: “El puntaje en la PAES no garantiza un buen profesor… Lo que asegura calidad es que las carreras estén acreditadas y que exista un sistema con estándares claros… Chile no puede darse el lujo de formar menos profesores en un momento en que más los necesitamos”. En efecto: calidad es formación inicial exigente y acompañada, residencias clínicas en escuelas reales, tutores, prácticas supervisadas y evaluación en servicio; no una barrera de entrada que correlaciona con ingresos familiares.
Si el Gobierno quiere salir de la trampa, el paquete debe ser integral: (1) Aplazamiento del alza, sí, pero ligado a cupos con nivelación obligatoria (matemática, lectura, didácticas) y acompañamiento de primer año; (2) Residencia pagada de 12 meses en escuelas públicas para egresados, con tutoría y reducción de carga en los primeros años; (3) Becas y condonación por servicio en territorios críticos, con mejoras salariales y tiempo no lectivo real; (4) Fondo especial para universidades estatales y regionales que sostienen carreras de pedagogía en regiones sin mercado “atractivo”; (5) Acreditación dura por resultados de formación (observación de clases, desempeño en prácticas), no por papeles.
“Más puntaje” sin mejor trabajo docente es cosmética. El riesgo está a la vista: menos profesores entrando, más vacantes en aulas, y más precarización por “parches” de última hora. La alternativa es obvia: más acceso con apoyo, mejor formación, mejor empleo. Gramsci lo decía del sentido común dominante: cuando la hegemonía manda, se confunde “calidad” con selección. Aquí de eso se trata: decidir si la escuela pública se fortalece ampliando y formando mejor a sus docentes, o si se achica con una vara que premia a quien ya tenía todas las ventajas.
En síntesis: el Gobierno debe revertir el rechazo, pero no para seguir igual; debe cambiar el enfoque. Aplazar el alza es apenas el primer paso de un plan que ponga el dinero donde están las consignas: formar más y mejores profesores en función de las necesidades del país, no del fetiche del puntaje. Porque, como recordó Freire, la educación no cambia el mundo: cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Hoy, el filtro de 626 puntos solo asegura que muchos de esos cambiadores se queden afuera.