Sobre el “estrés fiscal”, la CPC aplaude “instalar la discusión de recortar gastos”, lo que traducido al lenguaje común, significa menos derechos sociales, más espacio para unidades de negocio y rentas privadas. El ajuste no baja de los directorios: recae en programas, personal y territorios. Si de responsabilidad hablamos, el financiamiento del ingreso vital debe partir por cerrar exenciones regresivas, gravar altos patrimonios y rentas del capital, perseguir evasión y elusión, y alinear royalties. Cortar donde hay déficit social es una tijera ideológica.
Por Equipo El despertar
La presidenta de la CPC, Susana Jiménez, salió a advertir que el “ingreso vital” de $750.000 propuesto por Jeannette Jara “podría ir en desmedro del empleo”. “Seguir haciendo propuestas que encarecen la contratación hace daño a las personas que buscan trabajo y no encuentran”, dijo en Cooperativa. Agregó que alzas salariales “por sobre la productividad… generan más desempleo” y pidió “flexibilizar el mercado laboral” y “recortar gastos” por el supuesto “estrés fiscal”. En paralelo, Jara ratificó en su anexo programático el ingreso vital, que su propio jefe económico había puesto en duda hace meses.
La música es conocida: para la gran empresa, el salario es costo; para las familias, es ingreso. El problema del empleo no se resuelve bajando sueldos, sino aumentando la demanda y mejorando la productividad con inversión, infraestructura y cuidados. Marx lo dijo sin perfume: la acumulación tiende a disciplinar salarios mediante un “ejército de reserva” (desempleo). Cada vez que se propone subir el piso, la patronal vuelve con el mismo libreto: “se perderán puestos”. La evidencia internacional muestra efectos acotados de aumentos del salario mínimo sobre el empleo agregado, y sí mejoras de ingresos en la base.
Jiménez reclama “rigideces”: jornada de 40 horas, salario mínimo al alza, exigencias “que encarecen” la contratación. Eso no es un diagnóstico; es una agenda de precarización. Kalecki ya había advertido que el empresariado se resiste a políticas de pleno empleo porque debilitan la disciplina sobre la fuerza de trabajo. Si el objetivo es crear empleo de calidad, la receta va por otro lado: inversión pública contracíclica, formación y recualificación en sectores dinámicos, un Sistema Nacional de Cuidados que libere tiempo (y empleo femenino), y encadenamientos productivos con compras públicas.
Sobre el “estrés fiscal”, la CPC aplaude “instalar la discusión de recortar gastos”, lo que traducido al lenguaje común, significa menos derechos sociales, más espacio para unidades de negocio y rentas privadas. El ajuste no baja de los directorios: recae en programas, personal y territorios. Si de responsabilidad hablamos, el financiamiento del ingreso vital debe partir por cerrar exenciones regresivas, gravar altos patrimonios y rentas del capital, perseguir evasión y elusión, y alinear royalties. Cortar donde hay déficit social es una tijera ideológica.
¿Qué es un ingreso vital bien diseñado? Un piso de ingreso laboral de $750.000 para quienes trabajan, combinando salario pagado por el empleador con un complemento fiscal transitorio y decreciente para micro y pequeñas empresas, con cláusula anti-subsidios (si la firma reparte dividendos o aumenta sueldos de gerencia, no recibe complemento). Viene acompañado por fiscalización real (para evitar el “blanqueo” de horas) y política de precios en sectores concentrados para que el alza no se traslade íntegramente al consumidor.
Decir que “encarece la contratación” omite la cara B: eleva la demanda en los barrios fortaleciendo a la mini y a la pequeña empresa, baja la rotación, mejora productividad por menor ausentismo y mayor compromiso, y achica la desigualdad, que no es ornamento moral, sino freno económico. Además, el piso vital ordena la competencia: deja de ser ventaja “abaratar” con salarios de hambre y obliga a competir por productividad, no por apriete.
Que la CPC ponga como ejemplo “mal uso de licencias” o “programas mal evaluados” no es una auditoría; es la vieja fábula del despilfarro para justificar el hachazo. Marx y Engels lo resumieron hace 175 años: “el Estado moderno no es sino el comité que administra los negocios comunes de la burguesía”. Si ese comité decide que $750 mil es “caro”, no habla de economía; habla de para quién está hecha la economía.
En síntesis: el ingreso vital no es “magia”, es decisión distributiva con diseño técnico y financiamiento progresivo. La alternativa de la CPC ya la conocemos: flexibilizar, congelar salarios reales, recortar gasto social y esperar que “la inversión” algún día derrame. Entre piso de dignidad o disciplina por la precariedad, la elección es política antes que contable. Y también es moral.