La narrativa de seguridad se apoya en episodios críticos. En Chicago, agentes dispararon contra una mujer “presuntamente armada” tras embestir un vehículo policial; el DHS usó el hecho como prueba de escalamiento. Pero la respuesta federal escaló colectivamente: químicos contra más de cien manifestantes, tropas en la calle y la promesa de perseguir penalmente la protesta. El mensaje es claro: la protesta anti-redadas será tratada como amenaza al orden, no como expresión de derechos.
Por Equipo El Despertar
El Régimen de Trump autorizó el despliegue de al menos 300 efectivos de la Guardia Nacional en Illinois para reforzar las redadas contra migrantes en Chicago, en medio de protestas crecientes contra la política federal. El movimiento, que intensifica la confrontación con ciudades gobernadas por demócratas, llega horas después de que una jueza federal bloqueara un intento similar en Portland (Oregón). En Chicago, el DHS justificó la medida denunciando agresiones: agentes “fueron atacados, embestidos y acorralados por diez vehículos”, afirmó la secretaria Kristi Noem, mientras se reportaron irritantes químicos contra manifestantes en Brighton Park y el FBI prometió “continuar presentando cargos”.
En Portland, la jueza de distrito Karin Immergut dictó una orden de restricción temporal contra la federalización de la Guardia Nacional. En su resolución, advirtió que las autoridades estatales y locales “probablemente ganarán su demanda” porque el presidente se habría excedido en su autoridad, y que las protestas “no suponían un ‘peligro de rebelión’”; también apuntó a una presunta activación “sin autoridad constitucional”. El dictamen abrió un frente legal contra la extralimitación del Ejecutivo, mientras en Chicago se impone la doctrina de hechos consumados.
La narrativa de seguridad se apoya en episodios críticos. En Chicago, agentes dispararon contra una mujer “presuntamente armada” tras embestir un vehículo policial; el DHS usó el hecho como prueba de escalamiento. Pero la respuesta federal escaló colectivamente: químicos contra más de cien manifestantes, tropas en la calle y la promesa de perseguir penalmente la protesta. El mensaje es claro: la protesta anti-redadas será tratada como amenaza al orden, no como expresión de derechos.
Desde una mirada materialista, no hay neutralidad: el Estado usa a la Guardia Nacional para policiar la frontera interior y disciplinar a comunidades trabajadoras racializadas. Marx y Engels lo escribieron sin perfume: “El Estado moderno no es sino el comité que administra los negocios comunes de la burguesía”. En clave estadounidense, eso significa mano dura abajo y excepcionalidad jurídica cuando la movilización desafía la arquitectura de deportación y el mercado de trabajo precarizado que la migración sostiene.
La migración se vuelve así el pretexto perfecto para normalizar militarización doméstica, bordear las restricciones históricas (como la tradición Posse Comitatus/Insurrection Act) y convertir la política pública en operativo táctico. Se castiga a quienes protestan por debido proceso, por fin de las raids indiscriminadas y por santuarios reales; se invoca “fuerza” mientras se externaliza la violencia: tropas, agentes especiales, químicos. La ecuación es conocida: seguridad para unos, excepción para otros.
Si el objetivo fuese proteger vidas, la hoja de ruta sería otra: suspensión de redadas masivas y priorización de debido proceso; protocolos de no cooperación locales robustos; observación independiente de operativos (ombudsman y tribunales); prohibición de armas químicas contra asambleas pacíficas; y una mesa federal-estatal que trate la migración como fenómeno socioeconómico, no como teatro de guerra. La Guardia Nacional no arregla papeles ni reduce el miedo; solo lo administra.
Lo que está en juego no es un “exceso operativo” más, sino la normalización de la excepción: tropas para redadas, fiscales para protestas, jueces para despejar el campo. Rosa Luxemburg lo dejó en binario: “Reforma o barbarie”. En Chicago, traducido: derechos y políticas públicas o barbarie de uniforme. Mientras tanto, las comunidades seguirán en la calle: porque no se puede llamar seguridad a vivir bajo amenaza.