La pregunta incómoda es otra: ¿estamos ante una “fuga” inevitable o ante una huelga del capital para disciplinar política y salarios? Michał Kalecki lo explicó hace 80 años: cuando los gobiernos intentan subir el piso social o regular rentas, el gran capital responde con amenaza de retiro de inversión. Lenin le dio marco: en la fase imperialista, el capital exporta valor hacia donde obtiene mejor tasa y poder. Llamarlo “pérdida de competitividad tributaria” es esconder el mecanismo: arbitraje global para pagar menos y mandar más.
Por Equipo El Despertar
El dato que gatilló las alarmas: al 31 de diciembre de 2024 hubo 43.159 declaraciones de salidas de capital desde Chile, 43% más que el año previo. El monto reportado por el SII: $154 billones (≈ US$161 mil millones), la mitad del PIB (según Emol). Los expertos consultados traen el libreto conocido: “mejores condiciones de inversión en el exterior”, “mayor certeza jurídica” aquí no, “permisología excesiva”, y hasta “solo Chile ha subido el impuesto corporativo”, como dijo Alejandro Weber. Gonzalo Escobar remató: afuera hay “mejores condiciones de rentabilidad… y mayor certeza”. Resultado, dicen: costará crecer “en torno al 4%” y el empleo lo sentirá.
La pregunta incómoda es otra: ¿estamos ante una “fuga” inevitable o ante una huelga del capital para disciplinar política y salarios? Michał Kalecki lo explicó hace 80 años: cuando los gobiernos intentan subir el piso social o regular rentas, el gran capital responde con amenaza de retiro de inversión. Lenin le dio marco: en la fase imperialista, el capital exporta valor hacia donde obtiene mejor tasa y poder. Llamarlo “pérdida de competitividad tributaria” es esconder el mecanismo: arbitraje global para pagar menos y mandar más.
Por supuesto, parte de esas salidas son inversión directa de empresas chilenas que hace décadas están regionalizadas, y diversificación financiera (incluso de fondos previsionales). Pero el volumen y el timing importan: cuando la formación bruta de capital fijo doméstica se estanca —y la propia nota recuerda que en 2018 los activos afuera eran un tercio del PIB y hoy la mitad— el relato de “inviernen donde hay certezas” se parece demasiado a un pliego de condiciones: menos impuestos efectivos, permisos exprés, y Estado que “no moleste”.
El fetiche de la permisología merece cirugía, no motosierra. Sí: Chile necesita plazos ciertos y capacidad pública para evaluar; pero el propósito del permiso es proteger bienes comunes (agua, aire, suelos, comunidades). La “certeza” que pide el lobby suele ser debilitar estándares y recortar participación. La reforma seria es más músculo técnico y ventanilla única con reloj y sanciones (para todos), no derogar evaluación ambiental ni consulta a comunidades. Llamarle “traba” a que un proyecto pruebe su no-daño es confundir seguridad jurídica con cheque en blanco.
El mantra “impuesto corporativo alto = fuga” omite otra verdad: lo que pagan efectivamente los conglomerados depende de exenciones, diferimientos y planificación agresiva. De poco vale recitar tasas nominales si se permite trasladar utilidades a holding y paraísos “amigables”. La conversación honesta debiera ser sobre base imponible real y simetría: si una firma accede a beneficios, subsidios, franquicias o concesiones, su contraparte es invertir y emplear aquí, no arbitrar.
¿Y el 4%? No llegará con tijera ni con “confianza” de desayuno. Llega con inversión pública contracíclica (vivienda, agua, energía, ferrocarriles), una banca de desarrollo que apalanque privados en encadenamientos productivos (litio–cobre–hidrógeno con reglas locales), tramitación eficiente sin bajar estándares, y cuidado como infraestructura (que libera trabajo femenino y mejora productividad). El famoso “empleo de calidad” no nace de bajar costos laborales; nace de proyectos concretos y de política industrial.
Medidas para cortar el chantaje sin matar mosquitos con cañón:
- Registro público de beneficiarios finales y trazabilidad de operaciones relevantes al exterior;
- Retención/ajuste por equivalencia de impuestos (quien no paga afuera, paga aquí);
- Cláusulas de inversión: acceso a franquicias y concesiones condicionado a compromisos domésticos verificables (capex, empleo, I+D);
- Topes y plazos a cuotas únicas de inversión pública y escrow para pagar contra hitos (evita “caja” ociosa en gestores);
- One–stop shop con plazos fatales y sanción tanto a servicios que incumplen como a titulares que no responden, sin rebajar estándares;
- Plan de repatriación de capital con incentivos condicionados (no blanqueos gratis), dirigido a proyectos prioritarios.
También es tiempo de dejar de romantizar la “mano invisible” que se va porque “está triste”. El capital se mueve; el Estado debe gobernarlo en función de un plan. Marx lo resumió en lenguaje sin cortesía: “La acumulación de riqueza en un polo… y de miseria en el otro.” Si convertir al país en plataforma de rentas afuera y austeridad adentro es el precio de su “confianza”, tal vez la pregunta no es cómo complacer al capital, sino cómo ordenarlo para que invierta donde vive la gente.