El Estado chileno, no por omisión, sino por diseño, ha sido históricamente un agente de violencia contra los pueblos originarios. Y cuando una defensora territorial desaparece en una zona marcada por conflictos con grandes propietarios como Juan Carlos Morstadt, el silencio oficial se vuelve sospechoso. La ministra Camila Vallejo declara que no se pronunciarán sobre “filtraciones” y el ministro Cordero repite el libreto del respeto a la Fiscalía. ¿Y el compromiso real con la verdad? ¿Y la voluntad de romper los pactos de silencio que operan en zonas donde los poderes económicos dominan el territorio más que las instituciones?
Por Editor El Despertar
Casi un año ha transcurrido desde la desaparición de Julia Chuñil, presidenta de la comunidad indígena Putreguel en Máfil, Región de Los Ríos, sin que exista una respuesta clara, una línea investigativa contundente ni una sola persona formalizada. Un año de negligencia institucional, de versiones oficiales contradictorias, de filtraciones interesadas y de una impunidad que comienza a parecer estructural. Y ahora, ante la presión mediática y la indignación social, el Gobierno apela a la “celeridad” de la justicia como si no tuviera responsabilidad directa en este entramado de omisión y desidia.
El Ejecutivo, con su postura de respeto distante hacia la autonomía del Ministerio Público, pretende escudarse en la institucionalidad para justificar la falta de acción política decidida. Pero cuando una mujer mapuche desaparece en el marco de un conflicto territorial, cuando existen antecedentes de hostigamiento, y cuando la investigación ha sido saboteada por la inoperancia estatal, el Gobierno no puede limitarse a pedir rapidez. Tiene el deber de actuar con firmeza, con convicción y con una lectura política clara del contexto: estamos ante un posible crimen con connotación racial, territorial y estructural.
El Estado chileno, no por omisión, sino por diseño, ha sido históricamente un agente de violencia contra los pueblos originarios. Y cuando una defensora territorial desaparece en una zona marcada por conflictos con grandes propietarios como Juan Carlos Morstadt, el silencio oficial se vuelve sospechoso. La ministra Camila Vallejo declara que no se pronunciarán sobre “filtraciones” y el ministro Cordero repite el libreto del respeto a la Fiscalía. ¿Y el compromiso real con la verdad? ¿Y la voluntad de romper los pactos de silencio que operan en zonas donde los poderes económicos dominan el territorio más que las instituciones?
La fiscal regional ha sostenido que Chuñil no realizaba actividades políticas ni era activista. ¿Qué significa eso? ¿Que su vida vale menos? ¿Que su desaparición no merece una lectura estructural sobre el rol que desempeñaba como autoridad de una comunidad mapuche en conflicto? ¿Que no existía un riesgo por ser mujer, indígena y líder social?
La forma en que se está tratando este caso —con declaraciones ambiguas, sin querellas firmes, sin protección efectiva para la familia, con cambios constantes de fiscales y peritajes inconclusos— no solo revela una institucionalidad débil. Revela una decisión política: no molestar a los poderosos, no incomodar a quienes tienen tierras, influencia o apellidos con peso. No tocar los intereses de quienes históricamente han dominado el sur del país desde la violencia y el despojo.
La pregunta sigue en pie: ¿Dónde está Julia Chuñil? Pero ya no es solo una interrogante sobre su paradero físico. Es también una pregunta sobre el lugar que ocupa la vida de una mujer mapuche en la escala de prioridades del Estado chileno. Es una pregunta sobre cuánta impunidad estamos dispuestos a tolerar. Y es, sobre todo, un grito ético: no basta con pedir celeridad. Hace falta verdad, justicia y reparación. Y para eso se necesita voluntad política real, no declaraciones vacías.