Los datos de violencia estructural son contundentes. En 2019 la tasa de homicidios era 6,7 por 100 mil; cuatro años después escaló a 47,2. El primer semestre 2025 cerró con más de 4.600 asesinatos, récord histórico. En 2024, Noboa declaró “conflicto armado interno”, catalogó bandas como terroristas, militarizó calles y prisiones. La violencia no bajó: se extendió territorialmente y profundizó su captura de instituciones vía narcotráfico, extorsión y contrabando. Es la ecuación de Loïc Wacquant: menos Estado social, más Estado penal.
Por Equipo El despertar
Ecuador dejó de ser la “isla de paz” hace rato; hoy es un tablero donde narcotráfico, Estado militarizado y estallido social se pisan los talones. La noche del martes, una camioneta explotó frente a un centro comercial de Guayaquil, a metros de un edificio de oficinas de la familia del presidente Daniel Noboa. El saldo inmediato: un taxista muerto y más de 30 heridos. Videos en redes muestran la bola de fuego, los gritos, el vidrio hecho trizas. La Fiscalía abrió investigación; Segura EP reportó que salieron dos vehículos desde una cooperativa frente al complejo penitenciario —solo uno estalló— y que había al menos otros dos autos con explosivos en la zona.
El ministro del Interior, John Reimberg, habló de un “acto terrorista” y precisó que el segundo vehículo contenía un dispositivo profesional, no artesanal, con cuatro cargas y activación remota. El gobernador de Guayas, Humberto Plaza, sugirió un ataque coordinado para desestabilizar y subrayó la cercanía con oficinas de los Noboa. Que se descarte vínculo con la CONAIE no borra la tensión política de fondo: mientras el gobierno endurece su discurso, las movilizaciones indígenas suman cuatro semanas de bloqueos y choques, nacidas por la eliminación del subsidio al diésel y ampliadas a costo de vida, desigualdad y exclusión.
Los datos de violencia estructural son contundentes. En 2019 la tasa de homicidios era 6,7 por 100 mil; cuatro años después escaló a 47,2. El primer semestre 2025 cerró con más de 4.600 asesinatos, récord histórico. En 2024, Noboa declaró “conflicto armado interno”, catalogó bandas como terroristas, militarizó calles y prisiones. La violencia no bajó: se extendió territorialmente y profundizó su captura de instituciones vía narcotráfico, extorsión y contrabando. Es la ecuación de Loïc Wacquant: menos Estado social, más Estado penal.
En paralelo, el conflicto social crece. Imbabura es epicentro con más de 20 días de bloqueos. En Otavalo se reportaron decenas de heridos y un fallecido; la CONAIE denunció dos muertes más (José Guamán, baleado; Rosa Elena Paqui, por paro cardiorrespiratorio tras gases lacrimógenos). El gobierno acusa “actos violentos”, despliega 5.000 militares adicionales y bloquea accesos a Quito para frustrar la “Toma de Quito”. La CIDH advirtió sobre uso excesivo de la fuerza y pidió “diálogo inclusivo y genuino”.
La coexistencia de coche bomba y paro indígena no es coincidencia: es lo que ocurre cuando un país enfrenta economía criminal y ajuste al mismo tiempo. Eliminar subsidios en un mercado de trabajo precario es bajar salarios por decreto; la respuesta de abajo es bloquear la circulación —el único lugar donde la protesta tiene poder. Gramsci lo habría descrito así: cuando el consenso no alcanza, el Estado desplaza a la coerción. Aquí, la coerción no detiene bombas; sí castiga a comunidades.
Criminalizar el descontento no desmonta redes criminales; las legitima como únicos empleadores en territorios abandonados. Fanon enseñaba que el colonialismo organiza el espacio por la violencia; en su versión local, la militarización organiza la vida sin política social ni ingresos. Declarar “guerra a las bandas” mientras se recorta a los de abajo solo engorda el reclutamiento del crimen y expande su control territorial.
Hay salidas si se admite que seguridad y justicia social van juntas. Medidas mínimas: alto al uso de fuego letal en control de protestas; protocolo independiente de investigación de muertes en manifestaciones; suspensión del alza del diésel y mecanismo de compensación temporal a transporte y cadenas de alimentos; mesa con garantías (Iglesias, academia, CIDH) con cronograma verificable; inteligencia financiera contra armas y lavado (insumos, talleres, rutas); control civil de cárceles con intervención sanitaria y social real; y seguridad comunitaria con inversión en jóvenes, trabajo y cuidados. Sí, también perseguir a quienes ponen bombas, pero sin convertir al movimiento social en enemigo interno.
Noboa dice que solo dialogará con “quienes estén comprometidos con la democracia”. Democracia es escuchar al país cuando protesta por sobrevivir. Mientras el gobierno confunde movilización con vandalismo y promete más soldados, la violencia seguirá rompiendo techos y biografías. En Ecuador, el enemigo no es el que bloquea por pan; es el que explota un coche bomba en una ciudad sitiada por el abandono. La diferencia entre orden y paz empieza reconociendo eso.