El exsubsecretario de Energía Federico Basualdo advirtió el corazón del riesgo: “Están dolarizando ese ingreso que van a recibir las empresas. Por otro lado, ajustan ese ingreso por la inflación norteamericana”. Contratos así pueden volverse inviables en escenarios de devaluación y terminar en tribunales internacionales (léase CIADI). ¿Le suena a los ‘90? Es porque es el libreto de los ‘90: Ley 23.696 como paraguas, caja hoy y pasivos contingentes mañana. Marx lo diría sin metáforas: se privatiza el excedente, se socializa el riesgo.
Por Equipo El Despertar
El Gobierno de Javier Milei apretó el acelerador para transferir a privados cuatro represas estratégicas del Comahue —Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila— mediante la Resolución 1569/2025 y la Circular Modificatoria N° 4 del concurso internacional. La nueva letra fija 30 años de explotación prorrogables a cambio de un canon y compromisos de mantenimiento y “seguridad ambiental” todavía sin precisión técnica. Se aspira a cerrar el proceso antes de fin de 2025 para entregar en el primer trimestre de 2026. El apuro no es inocente: ocurre mientras la Casa Rosada busca un “salvataje” financiero de EE.UU. tras agotar el préstamo del FMI.
No son activos menores. Estos complejos —sobre los ríos Limay y Neuquén— explican cerca del 20% de la generación hidráulica del país y, sobre todo, controlan embalses y regulan caudales que abastecen agua, riego y turismo en Neuquén y Río Negro. Privatizar su manejo no es “eficiencia”: es ceder el grifo. David Harvey lo bautizó hace tiempo: acumulación por desposesión. Primero se disuelve la gestión pública en sociedades anónimas transitorias (Enarsa 98%, Nucleoeléctrica 2%); luego, un decreto (590/2025) transfiere acciones a la Secretaría de Energía y autoriza su venta sin precio base. Después vendrán los litigios y los canjes por dólares.
El exsubsecretario de Energía Federico Basualdo advirtió el corazón del riesgo: “Están dolarizando ese ingreso que van a recibir las empresas. Por otro lado, ajustan ese ingreso por la inflación norteamericana”. Contratos así pueden volverse inviables en escenarios de devaluación y terminar en tribunales internacionales (léase CIADI). ¿Le suena a los ‘90? Es porque es el libreto de los ‘90: Ley 23.696 como paraguas, caja hoy y pasivos contingentes mañana. Marx lo diría sin metáforas: se privatiza el excedente, se socializa el riesgo.
La ruta jurídica quedó allanada tiempo atrás: en 2024, Energía ordenó a Enarsa y Nasa crear cuatro S.A. para recibir las concesiones al vencer los viejos contratos de los ‘90. En agosto de 2025, el Decreto 590 pasó esas acciones a Energía y habilitó su venta “sin precio base” en concurso público. En paralelo, el Congreso tardó dos años en conformar la Bicameral de Seguimiento de Privatizaciones (recién en octubre) y cinco de sus doce miembros caducan en diciembre. La “institucionalidad de control” ya nació coja.
El frente federal también cruje. El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, reclamó que la Nación avanzó “unilateralmente”, desoyendo la necesidad de un nuevo esquema federal para administrar recursos hídricos. Desde Río Negro repitieron la alerta: reprivatizar “afecta intereses provinciales” en la gestión de agua. No es una diferencia estética: es soberanía en disputa. Quien maneja compuertas y curvas de embalse decide sobre energía, agua y territorio.
El Ministerio de Economía vende la operación como “modernización”. La realidad es un remate con alfombra roja: concesiones extensas, ingresos dolarizados indexados al IPC de EE.UU., marco de control débil y plazos para apurar ofertas. El “canon” y los “compromisos ambientales” son tinta hasta que haya pliegos técnicos y monitoreo con dientes. Sin ellos, el Comahue quedará capturado por balances privados que optimizan rentabilidad, no caudales ecológicos ni seguridad hídrica.
La defensa pública no se agota en decir “no”. Exige condiciones mínimas: auditoría independiente de valuación y precio piso; prohibición de indexación a inflación extranjera; cláusulas de continuidad operativa y control público de vertidos y caudales; participación provincial en la gobernanza; y derecho de recompra en caso de incumplimientos. Y si el objetivo es caja, hay alternativas: canje de deuda por inversión en transmisión y almacenamiento, bonos soberanos verdes destinados a repotenciación, o empresa pública–mixta con mayoría estatal y gerencia profesional.
Vender represas en nombre de la “libertad” es olvidar lo obvio: sin agua, no hay libertad que valga. Lo que hoy se privatiza no es un activo contable: es la palanca que regula ríos, riego, pueblos y energía. Cambiarla por un ingreso coyuntural y contratos atados a otra inflación es hipotecar el país con cláusulas chicas. Rosa Luxemburg lo dejó para momentos así: reforma o barbarie. En el Comahue, traducido: soberanía hídrica y energética o barbarie con compuertas privatizadas.