La declaración no se quedó en consignas. Juristas propusieron acciones concretas, incluyendo, según expusieron, la preparación de denuncias ante la CPI por crímenes internacionales. Entre ellas, la presidenta de la Asociación Americana de Juristas (Argentina), Claudia Rocca, anunció la intención de presentar un caso contra Donald Trump. La señal es nítida: si el “orden basado en reglas” sirve para legitimar sanciones y amenazas, la contrapartida serán tribunales, tratados y movilización.
Por Equipo El Despertar
Venezuela clausuró el Encuentro de Juristas en Defensa del Derecho Internacional con un mensaje que no se anda por las ramas: la paz y la soberanía no se negocian. Desde el acto de cierre, el presidente Nicolás Maduro sostuvo que la ofensiva de Estados Unidos “no es contra un gobierno, sino contra toda la humanidad” y la autodeterminación de los pueblos de América Latina y el Caribe. La reunión —convocada por el Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz— congregó a 100 expertos de 34 países en medio de la presión militar estadounidense en aguas cercanas a Venezuela.
El encuentro puso sobre la mesa lo que la diplomacia de salón suele evitar: el derecho internacional no es un buffet al gusto del hegemón. “Son millones las voces que hoy se levantan en el mundo para defender el derecho a la paz, a la soberanía, a la autodeterminación”, dijo Maduro, enlazando la defensa de Venezuela con la de Colombia, Suramérica y el Caribe. La agenda tuvo además un punto ardiente: Palestina. El mandatario calificó de “genocidio” lo sucedido en Gaza y denunció violaciones diarias al cese del fuego, en clara alusión a la responsabilidad compartida de EE.UU. e Israel.
La declaración no se quedó en consignas. Juristas propusieron acciones concretas, incluyendo —según expusieron— la preparación de denuncias ante la CPI por crímenes internacionales. Entre ellas, la presidenta de la Asociación Americana de Juristas (Argentina), Claudia Rocca, anunció la intención de presentar un caso contra Donald Trump. La señal es nítida: si el “orden basado en reglas” sirve para legitimar sanciones y amenazas, la contrapartida serán tribunales, tratados y movilización.
Para un medio marxista, el contexto es inequívoco. Lenin definió el imperialismo como la fase del capital financiero que “reparte el mundo” entre potencias y monopolios; Marx y Engels ya habían advertido que “el Estado moderno no es más que una junta que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa” (Manifiesto, Obras Escogidas, Progreso, 1980). La proyección militar sobre el Caribe, las sanciones y los bloqueos no son defectos del sistema: son su manual operativo. La insistencia en una “zona de paz” latino-caribeña —con Cuba fuera de listas y Venezuela sin cerco— apunta a quitarle al capital su herramienta favorita: la coerción.
Maduro subrayó la extensión territorial del recién creado Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz (16 de septiembre), que —afirmó— articula sectores políticos, sociales, económicos, culturales y religiosos “en todos los estados y municipios”. La jugada es obvia: convertir la legalidad internacional en fuerza social interna, y la fuerza social en capacidad disuasiva regional. “La orden es la paz”, repitió, y no es poesía: es cálculo. Rosa Luxemburgo lo resumió sin anestesia: “socialismo o barbarie”. Hoy, barbarie significa sanciones, bloqueo y guerra por recursos; socialismo, cooperación regional y soberanía efectiva sobre las decisiones estratégicas.
El caso Palestina operó como espejo moral y geopolítico. Si la comunidad internacional tolera la violación cotidiana de un cese del fuego, ¿qué impide replicar el guion en Suramérica? La pregunta —“¿queremos otra Gaza en Suramérica?”— no busca aplausos: exige alineamientos. Por eso el cónclave saludó los intentos de multipolaridad cooperativa y respaldó el uso de foros multilaterales (como la resolución “Unión por la Paz” en la ONU) para proteger a poblaciones bajo agresión y contener la extraterritorialidad punitiva de Washington.
La clave, desde la economía política, es de soberanía material: sin control sobre finanzas, energía, alimentos y tecnología, el derecho internacional se vuelve sermón. En el Caribe y Suramérica, la paz se financia: con banca de desarrollo regional, coordinación jurídica, comercio compensado y blindaje contra sanciones. Todo lo demás es prestidigitación.
“Entre derechos iguales, decide la fuerza.” — Marx, El Capital (Obras Escogidas, Progreso, 1980).
Aquí, la fuerza no son misiles: son leyes vinculantes, presupuesto, propiedad pública estratégica y pueblo organizado.
En conclusión, Caracas envía un mensaje de clase: no hay neutralidad posible entre agresor y agredido. O se hace valer el derecho internacional con sujetos populares conscientes y gobiernos dispuestos a costear la paz, o el vacío lo ocupará la “democracia” de las bases, los bloqueos y las “operaciones letales” a la carta.