El efecto dominó es conocido. Con Muñoz fuera (por supuesta inhabilidad derivada de compras inmobiliarias de su hija), Vivanco asumió la presidencia temporal de la Tercera Sala y pidió que Simpertigue integrara extraordinariamente la composición (en lugar de Soledad Melo). Ambos votaron a favor de Fundamenta. En paralelo, la autoridad ambiental aprobó por vía administrativa el proyecto, ahora sin colisión con el fallo original que no llegó a ver la luz. Meses más tarde, Lagos y Vargas —ya formalmente mandatados— presentaron una demanda civil contra el fisco por 700 mil UF (unos $25 mil millones de entonces), alegando perjuicios por la paralización.
Por Equipo El Despertar
La contabilidad no miente. Planillas y facturas entregadas por el SII a la Fiscalía confirman que Plaza Egaña SpA (controlada por Inmobiliaria Fundamenta) pagó $608 millones a sociedades vinculadas a los abogados Eduardo Lagos, Mario Vargas y Gabriel Silber entre octubre de 2022 y diciembre de 2023. De ese total, $414 millones se facturaron por “estrategia jurídica” directamente asociada a la recusación del ministro Sergio Muñoz en la causa Rol 1085-2022, pieza que removió al entonces presidente de la Tercera Sala y alteró el desenlace de un litigio que tenía paralizado el megaproyecto Eco Egaña en Ñuñoa.
El detalle, según el Excel del SII citado por CIPER, es explícito: “definición de estrategia, redacción de informes, interposición de recusación e incidente de nulidad” ante tribunales superiores. Aunque Lagos y Vargas no aparecieron como patrocinantes visibles en el expediente (la recusación la ingresó su cercano Marco Fuentes), los pagos quedaron documentados. La cronología también aprieta: facturas de $33 millones (03.10.2022) y $34 millones (22.10.2022) alrededor del primer fallo —adverso a Fundamenta— que nunca se publicó por la salida de Muñoz; $53 millones (21.03.2023) veinte días después de firmado el nuevo fallo, ya con Ángela Vivanco y Diego Simpertigue en la sala; y el giro mayor, $414 millones (05.04.2023), amarrado a la ofensiva para sacar al juez.
El efecto dominó es conocido. Con Muñoz fuera (por supuesta inhabilidad derivada de compras inmobiliarias de su hija), Vivanco asumió la presidencia temporal de la Tercera Sala y pidió que Simpertigue integrara extraordinariamente la composición (en lugar de Soledad Melo). Ambos votaron a favor de Fundamenta. En paralelo, la autoridad ambiental aprobó por vía administrativa el proyecto, ahora sin colisión con el fallo original que no llegó a ver la luz. Meses más tarde, Lagos y Vargas —ya formalmente mandatados— presentaron una demanda civil contra el fisco por 700 mil UF (unos $25 mil millones de entonces), alegando perjuicios por la paralización.
Las similitudes con el caso CBM (Belaz Movitec) —coimas, lavado y presunta captura de la judicatura— no son casuales: mismos abogados, misma jueza, mismo ministro de sala y prácticas convergentes. En CBM, la tesis de Fiscalía es que pagos compraron fallos que terminaron obligando a Codelco a transferir $17 mil millones al consorcio. Hoy, Lagos y Vargas, y Gonzalo Migueles (pareja de Vivanco, sindicado como receptor), están en prisión preventiva por cohecho, soborno y lavado. En Fundamenta, relatoras consignaron que Vivanco presionó para apurar el fallo; una declaró que la ministra incluso gestionó por teléfono personal fechas de tabla por “pérdida millonaria” de la empresa.
Desde Fundamenta, la defensa comunicacional sostiene que la asesoría de Lagos–Vargas–Silber fue “relacionamiento con vecinos, apoyo administrativo y estrategia legal sin patrocinio”, que el SEA ya había zanjado favorablemente en noviembre de 2022 y que el fallo de marzo de 2023 “no tuvo impacto” en la continuidad. Pero la secuencia material es elocuente: sin publicación del primer fallo adverso, la aprobación administrativa entró; y cuando la Suprema al fin resolvió, lo hizo en sentido favorable a la inmobiliaria, extinguiendo nuevas objeciones ambientales. Además, emergieron vínculos sociales que hoy se investigan: crucero compartido entre Simpertigue y Lagos tras el fallo.
Para un medio marxista, el caso no es “un escándalo más”: es economía política de la justicia. Marx y Engels ya lo escribieron: “El Estado moderno no es más que una junta que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa” (Manifiesto, Obras Escogidas, Progreso, 1980). Cuando esa “junta” viste toga, el fallo a la carta se convierte en mercancía, y la igualdad ante la ley en un servicio premium. Engels describió cómo la legalidad burguesa decreta como derecho lo que en la práctica es desigualdad; aquí, la probidad se vuelve variable dependiente de la billetera corporativa.
Lo que está en juego (y lo que falta hacer)
- Persecución patrimonial en serio: decomiso ampliado, trazabilidad de flujos a testaferros y vehículos societarios, inhabilidades efectivas para contratar con el Estado.
- Desmercantilizar la judicatura: fin puerta giratoria con estudios de élite; integración de salas por sorteo auditado, registro público y útil de lobbies y reuniones; auditorías externas con participación social.
- Conflictos de interés a prueba de bala: deber de abstención ex ante con verificación automática (propiedades, lazos societarios, relaciones de amistad manifiesta).
- Transparencia de “relacionamientos”: si hay gestión ante autoridades (pública o tercerizada), que quede registro verificable —no “rectificaciones” ex post.
Porque —como advirtió Marx— “entre derechos iguales decide la fuerza” (El Capital, t. I, Obras Escogidas). En tribunales, esa fuerza debe llamarse propiedad pública de la información, presupuesto para investigar sin miedo, régimen disciplinario independiente y control popular sobre la administración de justicia. Si la causa se cierra con tres nombres propios y buenas intenciones, el mensaje a los de abajo será el de siempre: la ley es dura… con los pobres. Si se desmonta el mercado de fallos, quizá empiece a cambiar la historia.