Desde una perspectiva marxista, nada de esto sorprende. Marx y Engels ya describían al Estado como “la junta que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa” (Manifiesto del Partido Comunista, en Obras Escogidas, Progreso, 1980). En Wallmapu, esos “negocios” tienen nombre y RUT: plantaciones forestales y concesiones extractivas. La Ley Antiterrorista, herencia pulcra de la dictadura que gobiernos civiles han “modernizado” bajo la agenda de seguridad, funciona como lo que es: arma jurídica de excepción para disciplinar al pueblo mapuche y blindar el régimen de propiedad. No hay misterio: cuando el capital necesita paz, la obtiene a palos.
Por Equipo El Despertar
Las comunidades Juana Millahual (Contulmo) y Taiñ Meli Bolil (Ponotro) denunciaron que los jóvenes mapuche Lientur Pelantaro Millacheo Llanquileo y Jaime Ignacio Huenchuñir Llauquen —detenidos el miércoles 12 de noviembre en un operativo policial, militar, fueron torturados por efectivos de Armada y Carabineros, y que se les está aplicando la Ley Antiterrorista para ampliar la detención sin audiencia. En su comunicado los presentan como Presos Políticos Mapuche (PPM) y acusan un “montaje político–judicial” que criminaliza la defensa territorial en la zona del Lago Lleu Lleu, en disputa histórica con Forestal Mininco y Forestal Arauco, además de intereses mineros.
Según las comunidades, el control de detención no se realizó en la fecha prevista porque “el gobierno invocó, por primera vez, la ley antiterrorista”, habilitando una prórroga extraordinaria de la privación de libertad. También denuncian apremios ilegítimos durante el arresto y la exposición mediática de identidades, lo que, señalan, vulnera la presunción de inocencia. La acusación de “racismo de la prensa burguesa” apunta a la condena anticipada en pantalla, mientras la defensa no accede a garantías básicas.
Desde una perspectiva marxista, nada de esto sorprende. Marx y Engels ya describían al Estado como “la junta que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa” (Manifiesto del Partido Comunista, en Obras Escogidas, Progreso, 1980). En Wallmapu, esos “negocios” tienen nombre y RUT: plantaciones forestales y concesiones extractivas. La Ley Antiterrorista, herencia pulcra de la dictadura que gobiernos civiles han “modernizado” bajo la agenda de seguridad, funciona como lo que es: arma jurídica de excepción para disciplinar al pueblo mapuche y blindar el régimen de propiedad. No hay misterio: cuando el capital necesita paz, la obtiene a palos.
“Entre derechos iguales decide la fuerza.” — Marx, El Capital, t. I (Obras Escogidas, Progreso, 1980).
Aquí la fuerza se llama militarización, tipificación expansiva y prórroga de plazos.
Los hechos denunciados —tortura, aplicación extensiva de la antiterrorista, montaje comunicacional— activan estándares elementales: prohibición absoluta de la tortura, control judicial inmediato, acceso a defensa y peritajes independientes, y motivación estricta de medidas excepcionales. Si el Estado chileno cree que la solución al conflicto colonial interno es jurídico–policial, que al menos cumpla su propia legalidad; de lo contrario, esto no es “Estado de Derecho”, es administración del conflicto para la acumulación.
Las comunidades recuerdan lo obvio: la defensa del territorio contra el despojo forestal y minero no es terrorismo. Terror es devastar cuencas, secar napas, militarizar escuelas y llamar a eso “desarrollo”. Engels ya denunciaba cómo la “civilización” burguesa produce miseria ambiental y social (La situación de la clase obrera en Inglaterra); cambie Manchester por Arauco, fábricas por plantaciones y verá el mismo patrón.
Qué corresponde —sin eufemismos
- Presentación inmediata de los detenidos ante tribunal con defensa presente, registro íntegro y peritajes de Istanbul Protocol por alegaciones de tortura.
- Publicidad de los fundamentos que invocan la antiterrorista y control estricto de proporcionalidad; sin eso, libertad y investigación regular.
- Fin de la militarización como política ordinaria en Wallmapu; garantías para comunidades y mediación política con reconocimiento de derechos territoriales.
- Auditoría socioambiental independiente a Forestal Arauco/Mininco y freno a nuevas concesiones en Lleu Lleu hasta consulta libre, previa e informada efectiva.
No se trata de romanticismo indígena; se trata de materialismo histórico: la forma–Estado defenderá la propiedad antes que la vida si no hay poder popular que la constriña. En Arauco, la igualdad ante la ley es un chiste privado.