Ambos expedientes refuerzan el sentimiento de desconfianza ciudadana en el sistema judicial y en los encargados de la seguridad publica, y aumenta la presión sobre Fiscalía y Gobierno en delitos funcionarias dentro de organismos policiales, con énfasis en malversación y aprovechamiento de información privilegiada para favorecer cadenas de receptación y tráfico. En Valparaíso, el proceso entra en fase de diligencias con seis meses de plazo y cautelares ya impuestas; en Santiago, la audiencia de formalización definirá medidas cautelares y el horizonte de la indagatoria.
Por Equipo El Despertar
En menos de 24 horas, el Ministerio Público y el Gobierno movieron fichas en dos causas que sacuden al sistema de seguridad: en Valparaíso fueron formalizados siete ex funcionarios de Carabineros por delitos vinculados a receptación de vehículos, sustracción de piezas y malversación de caudales públicos; y en Santiago, seis funcionarios de la PDI serán formalizados esta tarde por supuestos delitos de tráfico de estupefacientes, malversación y falsificación.
El caso Valparaíso: piezas sustraídas y uso de autos robados
El fiscal regional subrogante de Valparaíso, Felipe González, informó que la investigación —iniciada en 2024— permitió posicionar a los siete ahora ex Carabineros “en eventuales delitos de receptación de vehículos motorizados, además de sustracción de piezas de vehículos y eventual malversación de caudales públicos puestos bajo su custodia”.
Según el persecutor, los imputados, “en virtud de procedimientos policiales, efectuaban sustracción de piezas de vehículos hallados tras robos y, asimismo, utilizaban especies de origen ilícito, particularmente vehículos con encargo por robo, para lo cual usaban información sobre dichas denuncias a fin de evitar el control y la recuperación de esos móviles”. Los siete ya fueron removidos de la institución.
González añadió que, “en el marco del procedimiento, los imputados colaboraron voluntariamente y facilitaron medios que permitieron sostener la imputación, quedando sometidos a cautelares de menor intensidad”. El tribunal fijó un plazo de investigación de seis meses.
El caso PDI: tráfico, malversación y falsificación
En paralelo, la Fiscalía Metropolitana formalizará esta tarde ante el 1º Juzgado de Garantía de Santiago a seis funcionarios de la Policía de Investigaciones, detenidos por supuestos delitos de tráfico de drogas, malversación y falsificación, entre otros.
Desde La Moneda, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, calificó la causa como “especialmente grave”: “Las organizaciones criminales solo avanzan no solo en la medida en que proliferan sus negocios, sino también cuando tienen la capacidad de penetrar en el Estado”. Cordero subrayó la necesidad de tolerancia cero frente a la corrupción en el sistema de seguridad y destacó la importancia de los mecanismos de control interno: “Es una situación lamentable para el sistema y para las instituciones enfrentar este tipo de casos, pero hay que hacerlo decididamente y con transparencia”.
Señales y próximos pasos
Ambos expedientes refuerzan el sentimiento de desconfianza ciudadana en el sistema judicial y en los encargados de la seguridad publica, y aumenta la presión sobre Fiscalía y Gobierno en delitos funcionarias dentro de organismos policiales, con énfasis en malversación y aprovechamiento de información privilegiada para favorecer cadenas de receptación y tráfico. En Valparaíso, el proceso entra en fase de diligencias con seis meses de plazo y cautelares ya impuestas; en Santiago, la audiencia de formalización definirá medidas cautelares y el horizonte de la indagatoria.
Mientras se resuelven las responsabilidades penales, el Ejecutivo insistió en que estos casos deben tramitarse a fondo para restablecer confianzas y blindar a las instituciones: “La lucha contra la criminalidad organizada exige integridad. Sin ella, no hay seguridad posible”, resumió Cordero.