En medio de esa sobreactuación, el gobernador regional de Arica y Parinacota, Diego Paco Mamani (RN), transmitió desde la línea divisoria a matinales santiaguinos, alertando sobre una posible “estampida migratoria” en reversa por el endurecimiento peruano. La escena que acompañó esa alarma fue una protesta breve: un grupo de alrededor de treinta venezolanos bloqueó por una hora el paso hacia Perú, denunciando que la policía no los dejaba cruzar por falta de visa y que exigían pagos ilegales. El episodio coincidió con auditorías internas en la Policía Nacional del Perú por presuntas irregularidades en destacamentos fronterizos. Según testimonios en el lugar, la interrupción habría ocurrido justo cuando se suspendieron temporalmente los cobros para evitar sanciones, provocando acumulación.
Por Equipo El Despertar
La imagen era perfecta para el guion del miedo: una fila de personas avanzando de noche, con maletas a cuestas, supuestamente en la frontera entre Chile y Perú. José Antonio Kast la difundió en X y Facebook como “prueba” de lo que estaría ocurriendo hoy en la Línea de la Concordia. Solo que no era de hoy ni de ese lugar: una búsqueda inversa mostró que la foto circula desde 2019 y retrata el ingreso de venezolanos a Perú desde Ecuador, acreditada por Reuters (Guadalupe Pardo) y publicada, entre otros, por Infobae. El post ya supera las 156 mil visualizaciones. En política, las imágenes importan; más aún cuando el contexto está cargado de gestos y amenazas.
El mismo día en que el candidato endurecía su ultimátum —“111 días” para que quienes están en situación irregular abandonen Chile si él gana—, el gobierno interino peruano decretó estado de emergencia en la frontera sur. La visita del presidente José Jerí Oré a la zona respondió tanto a la presencia reiterada de Kast en Chacalluta como a un reporte policial reservado: denuncias de cobros de US$100 por parte de efectivos peruanos a migrantes sin documentos. La instalación del Ejército en el sector buscó enviar una señal de autoridad interna, en un régimen que carga con fragilidades propias. La foto de Kast con una Inca Kola en Instagram, aunque tomada fuera de Perú, se leyó al otro lado como provocación gratuita. El símbolo desplazó a los hechos.
En medio de esa sobreactuación, el gobernador regional de Arica y Parinacota, Diego Paco Mamani (RN), transmitió desde la línea divisoria a matinales santiaguinos, alertando sobre una posible “estampida migratoria” en reversa por el endurecimiento peruano. La escena que acompañó esa alarma fue una protesta breve: un grupo de alrededor de treinta venezolanos bloqueó por una hora el paso hacia Perú, denunciando que la policía no los dejaba cruzar por falta de visa y que exigían pagos ilegales. El episodio coincidió con auditorías internas en la Policía Nacional del Perú por presuntas irregularidades en destacamentos fronterizos. Según testimonios en el lugar, la interrupción habría ocurrido justo cuando se suspendieron temporalmente los cobros para evitar sanciones, provocando acumulación.
Recién el sábado llegaron a Chacalluta los subsecretarios del Interior, Víctor Ramos Muñoz, y de Seguridad Pública, Rafael Collado González. Descartaron que hubiese una crisis y anunciaron reuniones entre las cancillerías de Chile y Perú para establecer un mecanismo que asegure un flujo ordenado. También negaron que el atochamiento temporal estuviera asociado al ultimátum del candidato. Mientras tanto, autoridades chilenas y policías revisaron las cifras en una mesa en Arica: enero y febrero tuvieron los mayores egresos del año (1.328 y 1.033 personas, respectivamente), y septiembre, octubre y noviembre registraron 559, 733 y 644 salidas. No hay oleada comparable a 2019 o 2022; para diciembre se espera el aumento habitual por fin de año.
El contraste entre dato y relato es revelador. La militarización peruana —presentada como control— se cruza con denuncias de cobros ilegales que transforman la frontera en un peaje informal. La campaña chilena, por su parte, maximiza imágenes y eslóganes para consolidar capital político en torno a la idea de “orden”. Entre medio, las personas migrantes quedan atrapadas en una trenza de gestos soberanistas, incentivos perversos y desinformación. No hay “crisis” en las cifras actuales, pero sí una administración mediática de la frontera que normaliza la excepción.
Una política pública responsable no se hace con fotos sacadas de contexto ni con bebidas locales a modo de trofeo. Se hace con coordinación binacional, control interno efectivo de fuerzas de seguridad, sanciones a la corrupción fronteriza, información verificada y procedimientos claros de regularización, retorno o tránsito. También con algo que escasea en los discursos: reconocer que el movimiento de personas no es un fenómeno “nuevo” ni se resuelve con ultimátums que un vecino usa para su propia agenda.
La frontera seguirán siendo un escenario donde se proyectan miedos, ambiciones y negocios. Lo mínimo es que los primeros no dicten la pauta, las segundas no se impongan por sobre el derecho y los terceros no se escondan tras uniformes. A falta de eso, volveremos a ver la misma película: imágenes viejas, palabras grandes y decisiones pequeñas que no resuelven nada y le cobran el costo a quienes están más expuestos.