La emergencia no puede ser un atajo para improvisar ni para desplazar el costo hacia abajo con más IVA, gasolina o tributos regresivos. Si el Gobierno quiere diferenciarse de la receta de siempre, debe decir con claridad quién paga. Hay una salida justa, pero exige decisión: impuesto al patrimonio con dientes y sin túneles; gravámenes a dividendos y rentas financieras; sobretasas temporales a utilidades extraordinarias de bancos y sectores ganadores; cierre de exenciones y zonas francas que no prueban creación de valor; regalías y tasas efectivas reales a minería e hidrocarburos; persecución de evasión/elusión y flujos ilícitos hacia paraísos fiscales; y control sobre los contratos y asociaciones público-privadas que hoy drenan recursos sin rendición de cuentas.
Por Equipo El Despertar
El presidente Gustavo Petro decretó una emergencia económica por 30 días tras el archivo de su reforma tributaria en el Congreso. La jugada abre una ventana legal para adoptar medidas fiscales extraordinarias e intentar cerrar un agujero que el propio Gobierno estima en US$ 41.000 millones para 2026. No hay todavía detalle de los tributos que se implementarán, pero sí una afirmación política nítida: “Si no hay emergencia, hay recorte”. Es decir, el Ejecutivo intenta evitar la salida clásica del manual neoliberal, más ajuste contra lo público, y empujar, por decreto, un camino recaudatorio.
La disputa de fondo es conocida: mientras la oposición agita el estribillo del “derroche” y receta recortar gasto social, las cifras muestran un déficit que creció 2,5 puntos entre 2023 y 2024 y que podría superar 7% del PIB en 2025 si nada cambia. Esa ruta conduce a lo que ya conocemos en la región: austeridad que desfinancia salud, educación y cuidados, tarifazos que pulverizan el ingreso popular y más negocio para quienes viven de la deuda y la privatización de derechos.
La emergencia no puede ser un atajo para improvisar ni para desplazar el costo hacia abajo con más IVA, gasolina o tributos regresivos. Si el Gobierno quiere diferenciarse de la receta de siempre, debe decir con claridad quién paga. Hay una salida justa, pero exige decisión: impuesto al patrimonio con dientes y sin túneles; gravámenes a dividendos y rentas financieras; sobretasas temporales a utilidades extraordinarias de bancos y sectores ganadores; cierre de exenciones y zonas francas que no prueban creación de valor; regalías y tasas efectivas reales a minería e hidrocarburos; persecución de evasión/elusión y flujos ilícitos hacia paraísos fiscales; y control sobre los contratos y asociaciones público-privadas que hoy drenan recursos sin rendición de cuentas.
También hace falta ordenar el frente del gasto, pero al revés de lo que piden los recortadores profesionales: auditoría social de contratos y subsidios pro-ricos, poda de beneficios tributarios ineficientes, revisión de compras y consultorías superfluas, recorte de privilegios y racionalización de gasto militar que se ha inflado durante años. Ni un peso menos para salud, educación, alimentación escolar, transferencias a hogares, cultura del cuidado y inversión territorial: ahí se juega la estabilidad de verdad, no en las diapositivas del mercado.
La Corte Constitucional tendrá la última palabra sobre el alcance de los decretos. Por eso, más que apurar por arriba, el Gobierno necesita construir legitimidad por abajo: publicar de inmediato los criterios, blindar el carácter progresivo de los nuevos impuestos, acordar con sindicatos, centrales, organizaciones indígenas y sociales un pacto fiscal que no descargue la crisis sobre asalariados, tenderos y campesinos. Cláusulas de temporalidad y evaluación para nuevas cargas; devoluciones o compensaciones a hogares vulnerables si hay ajustes verdes; co-gobernanza de la lucha anti-evasión con veedurías ciudadanas.
La emergencia, por definición, es excepcional. No puede convertirse en una gobernanza a punta de decreto ni en un cheque en blanco. Pero sí puede ser el punto de apoyo para derrotar el chantaje del “recorten o se cae el mundo” y reordenar las cuentas desde el lado de los grandes ingresos y patrimonios. Si el Congreso hundió una tributaria presionado por lobbies, el Ejecutivo debe probar que sí se puede sacar a Colombia de la trampa del déficit sin sacrificar derechos ni crecimiento inclusivo.
Ni el déficit es una maldición eterna, ni la “confianza” se compra recortando al que menos tiene. La confianza real la dan los resultados: impuestos progresivos que entran, evasores que pagan, servicios que mejoran, empleo decente que se crea. La alternativa —volver al catecismo de la austeridad y el salvavidas del FMI— ya la vimos demasiadas veces y siempre termina igual: más desigualdad, más rabia, menos democracia.
Si la emergencia económica sirve para gravar arriba, cuidar abajo y proteger lo común, será una herramienta legítima frente al bloqueo de quienes no quieren perder privilegios. Si se usa para trasladar la factura al consumo popular o para gobernar por decreto sin participación, habrá sido una oportunidad desperdiciada. La elección está a la vista. Y la izquierda que se respeta a sí misma no debería tener dudas sobre cuál es el camino.