Dobra Lusic, ex presidenta de la Corte de Apelaciones de Santiago y ministra por más de medio siglo, lo dijo sin ambages: “han ocurrido cosas malas, nefastas, y hay que aceptar el golpe porque lo merecemos como poder judicial”. La frase, en medio de remociones y destituciones que arrastran a la cúpula del sistema, tiene el valor de una confesión en voz alta. También marca un límite: si la “limpieza” se reduce a cuatro apellidos (Vivanco, Simpértigue, Sabaj, Ulloa) y a una cronología de sumarios, el “golpe” será apenas un paréntesis. El problema, que Lusic roza cuando advierte que “el poder de la droga permea todos los sistemas, entra en el gobierno, también en la judicatura”, es estructural. Pero lo que nadie dice es el rol que en esta crisis tiene un sector político que fue el que permeó el sistema para favorecer y blindar a sus amigos y perseguir a sus enemigos, la derecha.
La exministra distingue el caso de Sergio Muñoz del resto: “no había un tema de corrupción”, dice, y que lo grave fue que su hija trabajara a distancia; incluso sugiere que las sanciones contra el juez respondieron a sus fallos más que a su conducta, como han sostenido juristas críticos. Sobre el resto, no duda: “cruceros con abogados, pagos… esto es impresentable”. Y aunque insiste en que “la mayor parte de los jueces son probos” y que los hechos estarían “acotados” a la Suprema y la Corte de Santiago, deja abierta una puerta inquietante: “la dimensión de esto no la conocemos todavía. Espero que no sea un precipicio”.
Desde una mirada de izquierda, la crisis no se reduce a manzanas podridas. Marx y Engels lo escribieron sin maquillaje: “el Estado moderno es el comité que administra los negocios comunes de la burguesía”. Cuando ese comité se judicializa, aparecen sus costuras: lobby encubierto, puertas giratorias, favores que viajan en cruceros, captura de nombramientos y opacidad en agendas. La advertencia de Lusic sobre el narcotráfico no es un exabrupto: la combinación de economía criminal y opacidad institucional es el fertilizante para que la justicia se convierta —en los casos más graves— en servicio para quien paga o presiona. Si no se corta esa interfaz, cualquier purga personal es estética.
¿Dónde tocar, entonces?
- Transparencia radical: agendas, reuniones y viajes publicados en línea para todos los niveles (Suprema, cortes, apelaciones); registro de gestiones de interés en el Poder Judicial con fiscalización externa.
- Inhabilitaciones automáticas y enfriamiento real (cooling-off) ante el más mínimo vínculo con partes y abogados; sanciones penales por ocultar conflictos y beneficios indebidos.
- Nombramientos con control democrático o elección popular: audiencias públicas, criterios explícitos y consejo de la magistratura con composición plural y dientes, para evaluación y disciplina sin cooptación corporativa.
- Trazabilidad probatoria y cadena de custodia incorruptible en sumarios y causas sensibles; auditorías independientes e inopinadas en cortes y armerías (sí: también ahí).
- Muralla sanitaria ante economías criminales: unidades de integridad patrimonial, controles de enriquecimiento injustificado, y coordinación con inteligencia financiera que mire patrimonios y no solo “conductas”.
Lusic defiende que los tiempos no han sido lentos (“Vivanco en tres meses, Sabaj en cinco”), pero reconoce que en Ulloa hubo mayorías que optaron por archivar. No es un detalle: el “archivo por prescripción” y el “no es lo suficientemente serio” son mecanismos de impunidad cuando operan como reflejo corporativo. Si la propia exministra admite que “hubo intentos fallidos” de investigar, el paso siguiente no puede ser el olvido; tiene que ser rendir cuentas de por qué esas mayorías bloquearon sumarios y quiénes las integraron.
Hay otro punto de fondo: la selección. Lusic pone el acento en el origen del problema y reclama mejorar la elección de ministras y ministros. Ahí se juega buena parte del futuro: nombramientos meritocráticos y transparentes, no políticos, evaluación periódica con indicadores de desempeño y ética, y participación de la sociedad civil en el control. La confianza social no se decreta; se gana con reglas que impidan que los tribunales superiores sigan pareciendo camarillas.
¿Es esto una “crisis histórica”? Lusic dice que no; que “nunca habíamos sabido de cruceros con abogados ni de pagos”. Precisamente: por eso el golpe es “merecido”. Gramsci enseñó que las crisis son momentos en que lo viejo no termina de morir y lo nuevo no acaba de nacer; pueden ser catástrofes o oportunidades. Si el Poder Judicial usa este momento para cerrar filas y aguantar el temporal, será lo primero. Si lo usa para abrir sus ventanas y someterse a controles que hasta ahora ha esquivado, puede ser lo segundo.
La exministra, que evita pronunciarse sobre la interna de la Suprema, desea éxito a una eventual presidencia de Gloria Ana Chevesich. Bien. Pero ningún nombre salvará por sí solo una judicatura que ha perdido autoridad ética. Esa la da, o la quita, la ciudadanía. Y la ciudadanía, a estas alturas, no quiere sermones: quiere verdad, sanción y reglas. “El derecho no es sino la voluntad de la clase dominante erigida en ley”, decían los clásicos. Que no se cumpla más esa sentencia depende, ahora, de que la justicia deje de parecer una corporación y empiece a comportarse como lo que dice ser: poder público al servicio de todos.