La encuesta no pregunta por violencia, ni por delitos, ni por hechos específicos. Pregunta por “alertas de movilización” y emociones asociadas: rabia (46%), impotencia (34%), decepción (32%), desconfianza (29%), etc. Y luego traduce ese rechazo como “espíritu democrático”. Nada más ideológico y mal intencionado.
Por Editor El Despertar
La nota de Emol sobre la encuesta Black & White instala un dato que, a primera vista, parece demoledor: 72% rechaza las “alertas de movilización” antes de que asuma José Antonio Kast, porque, dice la pregunta, reaccionar a quién gobierna y no a “algo concreto” demostraría “falta de espíritu democrático”.
El problema es que ese “dato” viene con un marco político incorporado. La encuesta no solo mide opiniones: ordena lo decible y olvida las propuestas del candidato que ya, de por si, constituyen un riesgo latente para la clase trabajadora.
En ese sentido, lo que intenta volver sentido común es esto: que la democracia consistiría en esperar en silencio hasta que el poder haga algo “concreto”, y recién ahí, si acaso, tendrías derecho a hablar.
La propia nota informa que el trabajo de campo fue 29 y 30 de diciembre, y que el gobierno electo asume el 11 de marzo. O sea: la discusión se plantea como si el pueblo debiera conceder un período de gracia obligatorio, donde reclamar y organizarse sería una insolencia y una actitud antidemocrática. Acaso el pueblo debe esperar sentado los 186.000 despidos del sector publico y las más de 300.000 expulsiones de inmigrantes por el solo hecho de serlo.
Porque desde estándares elementales de derechos humanos, la idea es exactamente la inversa. La CIDH ha sido explícita: la protesta social es esencial para la existencia y consolidación de sociedades democráticas, protegida por derechos de expresión, reunión y asociación; y el hecho de que una protesta produzca “disrupción” no la vuelve ilegítima “per se”.
En otras palabras: no se “autoriza” la protesta; se garantiza. Y no se mide su legitimidad por si el gobierno “ya empezó”, sino por si se ejerce de forma compatible con los derechos sociales establecidos en el derecho internacional y en el estado de derecho.
La encuesta no pregunta por violencia, ni por delitos, ni por hechos específicos. Pregunta por “alertas de movilización” y emociones asociadas: rabia (46%), impotencia (34%), decepción (32%), desconfianza (29%), etc. Y luego traduce ese rechazo como “espíritu democrático”. Nada más ideológico y mal intencionado.
Eso es un giro ideológico clásico: confundir democracia con ausencia de conflicto. Como si el conflicto social no fuera parte de la democracia real, sino una anomalía a contener.
Más aún: se construye una equivalencia sutil pero eficaz entre “movilización” y “amenaza”. Esa asociación no nace de la nada: Black & White ya había registrado en 2025 niveles altos de temor a que se repitan escenarios tipo 2019, incluyendo 43% con mucho/bastante temor a protestas masivas y 48% a una escalada de violencia.
Es razonable inferir que el clima emocional que recoge esta encuesta está cruzado por esa memoria, además de por quienes son sus dueños y quien diseña la muestra: se activa el recuerdo de “desorden/violencia” para disciplinar por adelantado cualquier forma de protesta, incluso la que es pacífica y socialmente justificada. (Inferencia apoyada por el patrón de temor que el propio estudio registra).
La nota menciona la primera gran manifestación post-elección: Ukamau cortó la Alameda por demandas de vivienda. BioBioChile y otros medios informaron que la protesta se vinculó a incumplimientos y retrasos en compromisos y proyectos habitacionales, es decir, a “algo concreto”.
Entonces, ¿qué hace el dispositivo comunicacional? Toma un hecho social (vivienda) y lo reetiqueta como “movilización anticipada contra Kast”. Y así, la discusión deja de ser vivienda y se convierte en “orden”, “espíritu democrático”, “rabia”, “amenaza”. Es decir, una deriva fascista de una encuesta que se presenta a si misma como neutra.
Es la operación típica del Chile neoliberal: despolitizar la demanda social y politizar la protesta como problema de seguridad.
En paralelo, la UDI llevó la polémica a la CIDH pidiendo que el organismo se pronuncie por el llamado del PC a impulsar movilizaciones durante el próximo ciclo, lo que resulta grave por dos razones: Porque intenta instalar que movilizarse sería, por definición, un acto “contra el Estado de Derecho”; y porque omite, convenientemente, que el propio sistema interamericano reconoce la protesta como pilar democrático, no como excepción sospechosa.
Qué revela, entonces, la encuesta, si la leemos al revés? La encuesta muestra una fractura generacional: en el tramo 18–34 baja el rechazo y sube la aprobación de movilizarse por principios (27%). Eso sugiere una disputa abierta por el sentido común: hay un país (sobre todo adulto mayor) donde “orden” equivale a “no proteste”, y otro país donde se entiende que hay derechos que no se negocian y que deben defenderse incluso antes de que sean recortados.
Esa tensión no se resuelve con moralina (“espíritu democrático”) sino con política concreta: ¿Qué democracia es esa donde el pueblo solo puede hablar después de que lo golpean?
La conclusión es clara, democracia no es docilidad, y resulta evidente que esta encuesta se usa como mensaje preventivo: “la mayoría los rechaza, así que cállense”. Pero la democracia real no es el silencio de las mayorías: es la capacidad de las mayorías de organizarse, expresarse y disputar el rumbo del país.
El desafío para el movimiento popular no es “ganarle” a una cifra, sino romper el encuadre: no se moviliza contra un nombre, se moviliza por derechos. Vidas concretas. Salarios concretos. Vivienda concreta. Salud concreta. Y, si vienen políticas regresivas, la protesta no será un capricho: será defensa democrática en el sentido más literal.