Pero la ley, la ley internacional, la que supuestamente ordena el mundo, lo que equivale a ese estado de derecho con el que muchos se llenan la boca, dice otra cosa. El principio es clarísimo: los Estados deben abstenerse de la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. Está escrito en la Carta de la ONU, no en un panfleto partidista.
Por Daniel Jadue
A las pocas horas de iniciado este 3 de enero, el mundo despertó con una noticia que, si no fuera trágica, parecería un guion repetido de la historia: Estados Unidos ejecutó ataques absolutamente ilegales en territorio venezolano y Donald Trump, con su habitual desfachatez, anunció el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, trasladados por la fuerza, fuera de su país. No hubo deliberación pública, no hubo mandato internacional, no hubo un mínimo de legitimidad multilateral. Solo hubo fuerza imperial, la misma fuerza que siempre se invoca cuando el objetivo es doblegar a un Estado soberano, para arrebatarle sus recursos.
La vicepresidenta Delcy Rodríguez, declaró que se desconoce el paradero del mandatario y exigió “pruebas de vida”. En Washington, el discurso se vistió con el traje habitual: “narcoterrorismo”, “recuperación”, “justicia”, el mismo libreto de Irak, de Libia, de Siria y de Chile en 1973. La fiscal general estadounidense anunció cargos en Nueva York. La propaganda se apura, porque se sabe, si se repite suficiente, algunos terminarán creyendo que bombardear y extraer a un jefe de Estado del interior de su país es “aplicar la ley”.
Pero la ley, la ley internacional, la que supuestamente ordena el mundo, lo que equivale a ese estado de derecho con el que muchos se llenan la boca, dice otra cosa. El principio es clarísimo: los Estados deben abstenerse de la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. Está escrito en la Carta de la ONU, no en un panfleto partidista.
Y por eso lo ocurrido en Venezuela es una señal al planeta. Si cualquier persona, normaliza que una superpotencia “capture” gobernantes por la vía militar, entonces la soberanía se vuelve un chiste viejo y malo, una formalidad para países “permitidos”, pero un estorbo para países con recursos estratégicos. Basta recordar el precedente de Noriega: cuando Washington decide “extraer” un liderazgo, lo hace con la lógica del trofeo, no con la del derecho.
La pregunta incómoda que hay que hacerse es ¿Por qué Venezuela? Porque Venezuela no es cualquier país. Es, según fuentes energéticas y reportes especializados, el país con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo (en torno a 303.000 millones de barriles), una masa colosal de crudo pesado y extrapesado concentrada en la Faja del Orinoco. Ese es el botín geopolítico que hace décadas enciende la codicia.
Dejemos de fingir inocencia. Esta ofensiva no empieza hoy. Es el punto más alto, hasta ahora, de una guerra larga, hecha de sanciones, financiamiento político, operaciones encubiertas, asfixia financiera, bloqueo de facto y guerra comunicacional. Y esa guerra, de la cual Chile lamentablemente ha sido parte, se activa con fuerza cada vez que Venezuela intenta recuperar control sobre su “oro negro”.
El conflicto entra en una fase decisiva cuando, en noviembre de 2001, el gobierno de Hugo Chávez impulsa una nueva Ley de Hidrocarburos que reordena el sector y refuerza la soberanía sobre la renta petrolera. La historia lo registra como un punto de quiebre: tocar el corazón de la economía venezolana fue desafiar intereses transnacionales acostumbrados a mandar sin presentarse a elecciones.
Lo anterior dio paso a un incremento de la intervención estadounidense en el tejido político venezolano, financiando organizaciones opositoras y privadas, con flujos de financiamiento vía NED en el período previo al golpe, además de la presencia y evaluación de programas vinculados a USAID/OTI. Y si alguien cree que esto es “conspiranoia”, recordemos lo elemental: en cualquier país, cuando una potencia extranjera financia actores internos para “incidir” en el rumbo político, eso se llama intervención. Con traje y corbata, pero intervención.
Luego vino el intento de golpe de abril de 2002, cuando el gobierno social demócrata chileno, encabezado por Ricardo Lagos, corrió a reconocer al efímero gobierno golpista de Pedro Carmona, que en las pocas horas que duro cerro todas las instituciones democráticas de Venezuela, con la Nobel, María Corina Machado, como firmante del decreto de clausura, mientras iniciaba una dictadura que no llego a ninguna parte porque el pueblo la detuvo de inmediato.
Desde ese entonces, la estrategia de intervención ha operado en capas. Primero, la capa “blanda”, con financiamiento y construcción de una “oposición” a través de agencias y fundaciones, apoyo a ONG y plataformas políticas, asesorías comunicacionales, y la creación de dispositivos para fracturar la base social del chavismo, aislar al liderazgo y fabricar “legitimidades alternativas”. En esa etapa se insiste en los intentos de desestabilización institucional, como la ofensiva del revocatorio, junto con una guerra mediática permanente que transforma cualquier conflicto interno en “prueba” de ilegitimidad y prepara el terreno para la siguiente fase, siempre con el apoyo de los gobiernos de derecha de la región más algunas cupulas progresistas subordinadas a Washington, que aportan a legitimar el discurso desestabilizador.
La segunda capa es la “dura”: la guerra económica y jurídica. A partir de 2015 se consolida un andamiaje de sanciones, cierre de financiamiento y bloqueo de facto; luego vienen la confiscación ilegal de activos, el congelamiento de recursos (incluido oro y empresas en el exterior), el intento de imponer un “gobierno interino” reconocido desde fuera y operaciones encubiertas o paramilitares para forzar un cambio de régimen. Cuando eso no logra el resultado buscado, la presión escala hacia el control de rutas y cargamentos, con embargos, incautaciones, cerco marítimo y finalmente, la acción directa: la intervención deja de disimularse y se presenta como “rescate” o “justicia”, aunque su objetivo material siga siendo el mismo: recuperar el control sobre la renta petrolera y disciplinar a quien se atreva a ejercer soberanía sobre sus recursos.
En 2020 estalla la Operación Gedeón, un intento de incursión/operación paramilitar asociada a la idea de capturar o desplazar a Maduro, ampliamente reportada en su momento. Que haya fracasado no la vuelve menos reveladora: muestra hasta dónde se estaba dispuesto a llegar. Ese mismo año, en plena pandemia, el FMI rechazó la solicitud venezolana de financiamiento de emergencia, alegando falta de claridad sobre reconocimiento del gobierno. Es decir: incluso la respuesta sanitaria quedó atrapada en la guerra política internacional.
En 2025, una fracción minoritaria e irrelevante de la oposición venezolana, representada por la golpista María Corina Machado recibe el Premio Nobel de la Paz, con el objetivo de construir un relato de legitimidad alternativa y presionar por “transiciones” diseñadas desde fuera, nuevamente con el apoyo de la ultra derecha latinoamericana más una parte importante de la socialdemocracia continental encabezada por actores chilenos de relevancia.
En diciembre, antes del ataque de hoy, EE.UU. impuso un bloqueo sobre tanqueros que entraban y salían de Venezuela y confiscó cargamentos de crudo, reduciendo fuertemente exportaciones y generando un cuello de botella para PDVSA. Este dato es central, ya que este elemento no era una “operación aislada”, sino parte de un proceso escalonado de coerción económica y militar.
Y llegamos al presente: ataques ilegales, explosiones reportadas, secuestro del presidente, incertidumbre y un país forzado a navegar el caos luego de una “gran operación” y captura anunciada por Trump, con costos humanos aún no confirmados y una manipulación de la información sobre el paradero y condiciones del presidente Nicolas Maduro y su esposa Cilia Flores.
A estas alturas, el lenguaje importa y demasiado. Esto no es “defensa de la democracia”. Es piratería y terrorismo de Estado. El mismo que se utiliza en Gaza desde hace años, el mismo que se utilizó en el Chile de Allende y en la mayoría de las democracias de Nuestramerica. Es el mismo manual de siempre: primero asfixias, luego divides, luego creas un “interino”, luego embargas activos, luego bloqueas exportaciones, y cuando eso no basta, pasas a la fuerza directa. ¿Cuántas veces se ha visto este patrón, con distintos nombres, en Irak, Libia, Afganistán? El resultado no es “libertad”: es devastación, migraciones, fragmentación y dependencia renovada.
¿Qué se defiende hoy, desde América Latina? Defender hoy a Venezuela no significa repartir carnets ni negar debates internos venezolanos. Significa algo más básico: defender el derecho de nuestros pueblos a decidir su destino sin que una potencia los castigue por administrar sus recursos. Porque mañana no se tratará de Caracas; se tratará de cualquiera que tenga litio, cobre, agua, gas, biodiversidad o un voto incómodo.
Por eso la condena debe ser sin ambigüedades y sin alusiones a la crisis venezolana porque esta, en gran medida, fue creada desde el exterior: ningún país puede ser bombardeado y despojado de su autoridad política por decisión unilateral. La región debe exigir respeto a la Carta de la ONU y a los mecanismos multilaterales, aunque estos parezcan hoy, en tiempos de genocidio y piratería imperial, un mal chiste. Debe exigir el fin de las sanciones y bloqueos que castigan a la población; y, sobre todo, hay que decir lo que los poderosos odian escuchar: Venezuela no es un botín. América Latina tampoco.