La declaración también advierte sobre el riesgo de apropiación externa de recursos: los firmantes manifestaron preocupación ante “cualquier intento” de control gubernamental o administración externa de activos estratégicos, aludiendo a los dichos del presidente Donald Trump sobre que EE.UU. “gobernará” Venezuela hasta una transición “segura” y “apropiada”, y a su anuncio de inversiones de petroleras estadounidenses para reconstruir infraestructura del sector.
Redacción, El Despertar de los Trabajadores.
Los gobiernos de Brasil, Chile, Colombia, España, México y Uruguay suscribieron una declaración conjunta en la que expresan “profunda preocupación y rechazo” por las acciones militares ejecutadas unilateralmente en territorio venezolano que culminaron con el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.
A pesar de que algunos firmantes, como Chile, España e incluso Brasil, vienen hace rato sumándose al coro desestabilizador del proceso bolivariano, impulsado por el imperio estadounidense, en el texto, los seis países sostienen que la operación contraviene principios del derecho internacional, en particular la prohibición del uso o amenaza de la fuerza, y el respeto a la soberanía y a la integridad territorial de los Estados. A la vez, remarcan que la crisis venezolana “debe resolverse exclusivamente por vías pacíficas”, mediante diálogo, negociación y respeto a la voluntad del pueblo venezolano, descartando “injerencias externas”.
La declaración también advierte sobre el riesgo de apropiación externa de recursos: los firmantes manifestaron preocupación ante “cualquier intento” de control gubernamental o administración externa de activos estratégicos, aludiendo a los dichos del presidente Donald Trump sobre que EE.UU. “gobernará” Venezuela hasta una transición “segura” y “apropiada”, y a su anuncio de inversiones de petroleras estadounidenses para reconstruir infraestructura del sector.
En clave regional, los países reafirmaron que América Latina y el Caribe es una “zona de paz” construida sobre no intervención y solución pacífica de controversias, y llamaron a la unidad regional “más allá de las diferencias políticas” frente a acciones que amenacen la estabilidad. Además, instaron al secretario general de la ONU, António Guterres, y a los Estados miembros a usar sus “buenos oficios” para contribuir a la desescalada.
En paralelo, fuentes de prensa indican que el presidente constitucional de la Republica Bolivariana de Venezuela, Nicolas Maduro, pasó su primera noche en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn, en Nueva York, y que afrontará en un tribunal federal cargos vinculados a narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas automáticas, en el marco de una causa iniciada durante el anterior mandato de Trump, en 2020 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.
Sin salir del registro noticioso, el documento firmado por los seis países, introduce dos ejes materiales típicos de la economía política: soberanía (quién decide sobre el Estado y su territorio) y recursos estratégicos (quién controla la renta, especialmente petrolera). La advertencia sobre “apropiación externa” sugiere que, para estos gobiernos, la crisis no se reduce al plano jurídico-diplomático: también se juega en la disputa por control de riqueza y por la capacidad de los pueblos periféricos de decidir su propio rumbo sin tutela, que es lo que en realidad, siempre ha estado en juego.
