El proyecto constitucional que consagra el umbral (incluso con la idea de bajarlo al 4%) pasó, según el reporteo, de “herramienta de orden” a línea roja por su efecto político: podría dejar parlamentarios electos sin asumir y sacar partidos completos del Congreso.
Por Equipo El Despertar
La discusión sobre cómo reordenar el sistema de partidos entró en una fase decisiva: mientras el umbral constitucional del 5% para acceder al Congreso quedó prácticamente sin piso político, La Moneda aceleró una reforma legal alternativa que no “borra” partidos hacia atrás, pero endurece las reglas hacia adelante y aprieta especialmente a las colectividades pequeñas.
Sin necesidad de nuevas leyes, la normativa actual ya activó procesos de disolución: 13 de los 25 partidos quedaron bajo el mínimo exigido (5% de votos válidos o cuatro parlamentarios en al menos dos regiones) tras la última elección parlamentaria. Entre los nombres mencionados como “en riesgo” aparecen desde el Partido Radical, histórico y ya en proceso de cancelación, hasta fuerzas más recientes como Populares, Evópoli, Demócratas y Amarillos, además de varios partidos menores del mundo ecologista y de izquierda.
Algunos de ellos han llevado su última carta al Tricel, buscando que se contabilicen también senadores electos en 2021, interpretación que el Servel hoy no comparte.
El proyecto constitucional que consagra el umbral (incluso con la idea de bajarlo al 4%) pasó, según el reporteo, de “herramienta de orden” a línea roja por su efecto político: podría dejar parlamentarios electos sin asumir y sacar partidos completos del Congreso.
En esa clave, figuras del FA y del PC lo calificaron de regresivo y problemático para la legitimidad democrática. La diputada Javiera Morales lo resumió como una dificultad difícil de explicar: que alguien electo no pueda asumir. Y la senadora Claudia Pascual lo llevó al terreno más duro: instalar un umbral que redistribuya escaños sería “meterle la mano a la urna”.
Con el umbral empantanado, el Ejecutivo apostó por su reforma legal, ya despachada por el Senado, y le puso discusión inmediata en la Cámara. La lógica es distinta: no disuelve partidos existentes, no impide que electos asuman y no fija un piso nacional de votos, pero sí cierra la puerta a la proliferación futura y refuerza la disciplina interna del Congreso.
Qué endurece el proyecto (según el texto): exige presencia en 8 regiones (ya no 3) y una militancia equivalente al 0,5% del padrón electoral, pára crear nuevos partidos; restringe el acceso a recursos públicos para partidos sin representación parlamentaria; fortalece comités y jefaturas de bancada, buscando frenar el “discolaje”; y obliga a refichajes/reinscripciones que podrían terminar en desaparición si no cumplen.
El nuevo proyecto no instala la “guillotina” del umbral 5% y no incorpora la pérdida del escaño por renunciar al partido (eso sigue en la reforma constitucional hoy estancada).
La urgencia del Ejecutivo abrió resistencia en diputados de partidos pequeños e independientes. El presidente de la Comisión de Gobierno Interior, Rubén Oyarzo (PR), cuestionó la tramitación “sin conversación” y advirtió que el proyecto se verá “con indicaciones” y “como corresponde”.
Desde otro flanco, Karim Bianchi dio por descartado el umbral y criticó el paquete por, a su juicio, perpetuar el poder de ciertos partidos y subir barreras a nuevas fuerzas, alertando sobre un Congreso más “disciplinado” pero menos representativo.
Con o sin umbral, el debate deja una línea clara: para los partidos chicos, el “plan B” no los liquida retroactivamente, pero sí transmite un mensaje: entrar y sobrevivir será más difícil. De ahí las acusaciones de “amarres” u “oligopolio político”, mientras otros actores, como Amarillos, según su presidente Andrés Jouannet, cuestionan que reglas tan restrictivas terminen debilitando canales de participación y acumulen frustración social.
Sin convertirlo en editorial: lo que se discute no es solo “eficiencia legislativa”, sino cómo se administra la crisis de representación en un país atravesado por desigualdad social. En términos materiales, una reforma que eleva barreras de entrada tiende a concentrar la intermediación política en organizaciones con más recursos y maquinaria, reforzando la capacidad del sistema para producir “gobernabilidad” y acuerdos, es decir, estabilidad, aun cuando ello pueda reducir pluralidad y nuevas expresiones políticas. La disputa, entonces, enfrenta dos temores: el del desorden fragmentario y el del cierre oligopólico del campo político.