La polémica no es solo “moral” (una fiesta), sino política-material. Cuando la educación pública se gestiona bajo esquemas de administración gerencial y tercerización de servicios, se abren espacios para una cultura institucional que puede divorciarse de la realidad de escuelas, trabajadores y familias. En términos marxistas, el escándalo condensa una contradicción típica del Estado contemporáneo y de quienes habitan la república por estos días: mientras el trabajo educativo se precariza (horas, dotaciones, sobrecarga), una capa de administración puede reproducir prácticas de distinción y redes de proveedores, generando crisis de legitimidad justo donde el servicio debiera encarnar igualdad y derecho social.
Por Equipo El Despertar
El Ministerio de Educación solicitó la renuncia del director ejecutivo suplente del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Atacama, Daslav Mihovilovic, luego de la difusión de un video que muestra una celebración del quinto aniversario del servicio en el Casino Luckia de Copiapó, con elementos asociados a un evento de “alto estándar”, como limusina, cámara 360°, luces, tortas y tragos, según registros citados por prensa local.
La decisión del ministro Nicolás Cataldo se produce en un contexto en que el SLEP Atacama arrastra cuestionamientos por su gestión: despidos, reducción de horas docentes, denuncias de exclusión de mujeres y críticas generales desde el mundo educativo por un funcionamiento considerado deficiente.
La controversia escaló cuando, en los registros difundidos, se identificó que la limusina utilizada pertenecería a la empresa Limuhummer. Según antecedentes, el propietario de esa firma mantendría vínculos con Pro Group, empresa que actualmente presta servicios de guardias de seguridad al SLEP Atacama, lo que abrió un flanco por posibles conflictos de interés o redes de proveedores asociadas al servicio.
Desde el propio SLEP Atacama señalaron que la actividad tuvo carácter interno, se realizó fuera del horario laboral y sin uso de recursos públicos, afirmando además que el servicio “no contrató ni pagó” arriendo o producción del evento y que esos elementos habrían sido gestionados por entidades externas. También manifestaron disposición a colaborar con fiscalizaciones para acreditar que no hubo gasto fiscal involucrado y lamentaron la “desinformación” difundida en redes sociales.
Desde el Colegio de Profesores, su presidente nacional Mario Aguilar calificó el hecho como “desubicado”, sosteniendo que, dada la magnitud de las necesidades y carencias del sistema educativo, resulta inapropiada la falta de sobriedad en este tipo de instancias.
Mihovilovic había sido nombrado como director ejecutivo suplente del SLEP Atacama en 2025, en un territorio donde la educación pública ha estado bajo intensa observación política y social.
La polémica no es solo “moral” (una fiesta), sino política-material. Cuando la educación pública se gestiona bajo esquemas de administración gerencial y tercerización de servicios, se abren espacios para una cultura institucional que puede divorciarse de la realidad de escuelas, trabajadores y familias. En términos marxistas, el escándalo condensa una contradicción típica del Estado contemporáneo y de quienes habitan la república por estos días: mientras el trabajo educativo se precariza (horas, dotaciones, sobrecarga), una capa de administración puede reproducir prácticas de distinción y redes de proveedores, generando crisis de legitimidad justo donde el servicio debiera encarnar igualdad y derecho social.