Lo ocurrido vuelve a mostrar la contradicción material que está en la base de las “megatomas”: la vivienda y el suelo operan como mercancía (propiedad, valorización, cierre territorial), a pesar de ser considerado un derecho humano esencial, mientras miles de familias los convierten en condición de vida ante arriendos inaccesibles, precariedad laboral y ausencia de oferta pública suficiente. El desalojo, entonces, no es solo un acto policial: es la forma en que el Estado resuelve, con coerción, un conflicto entre derecho de propiedad y derecho social a habitar, en un escenario donde la salida estructural (suelo urbano, planificación, inversión pública y regulación del mercado de la vivienda) sigue siendo el nudo de fondo.
Por Equipo El Despertar
Una jornada tensa se registró este lunes en el inicio del desalojo por etapas de parte de la megatoma del cerro Centinela, en San Antonio (Región de Valparaíso). Tras más de cinco horas de operativo, Carabineros y autoridades informaron que lograron despejar y controlar la “parcela 11”, sector por donde se iniciará la demolición de viviendas, y confirmaron tres personas detenidas.
A pesar de la promesa de campaña de no recurrir a desalojos sin solución habitacional, el delegado presidencial regional, Yanino Riquelme (PC), señaló que la desocupación fue planificada “por tramos”, dada la magnitud del asentamiento, y precisó que en esta primera fase se interviene la parcela 11, de “aproximadamente 2,5 a 3 hectáreas”, dentro de un total de 110 hectáreas que deben ser desalojadas en esta etapa.
Riquelme agregó que, pese a los incidentes de la mañana, el área quedó bajo control policial y que se mantenían conversaciones con familias que aún retiraban enseres, a la espera de maquinaria del propietario para avanzar con las demoliciones. Se informó además que parte de la maquinaria enviada previamente habría sido dañada, lo que obligó a gestionar equipos alternativos.
La jefa de la V Zona de Carabineros, general Patricia Vásquez, confirmó tres detenidos: uno por infracción a la Ley Antibarricadas y dos personas interceptadas en el exterior del sector en una camioneta con irregularidades, que además transportaba neumáticos; el vehículo mantenía encargo vigente por robo, según el parte policial citado por medios.
El desalojo se enmarca en una orden judicial y fue anunciado como un proceso gradual y progresivo, iniciando en las parcelas 11, 13 y 15, para luego avanzar hacia otros sectores como Bosques del Mar.
Según información entregada por la Delegación Presidencial y reportes de prensa, el procedimiento afectaría a alrededor de 2.000–2.200 familias que habitan en los sectores que no serían incluidos en el plan de expropiación asociado al Plan Habitacional Cerro Centinela, coordinado con cooperativas.
Lo ocurrido vuelve a mostrar la contradicción material que está en la base de las “megatomas”: la vivienda y el suelo operan como mercancía (propiedad, valorización, cierre territorial), a pesar de ser considerado un derecho humano esencial, mientras miles de familias los convierten en condición de vida ante arriendos inaccesibles, precariedad laboral y ausencia de oferta pública suficiente. El desalojo, entonces, no es solo un acto policial: es la forma en que el Estado resuelve, con coerción, un conflicto entre derecho de propiedad y derecho social a habitar, en un escenario donde la salida estructural (suelo urbano, planificación, inversión pública y regulación del mercado de la vivienda) sigue siendo el nudo de fondo.