La disputa por “irregularidades” y “control financiero” no es solo técnica. En el nivel municipal, cada peso no rendido o mal registrado tensiona la legitimidad del Estado local ante barrios que viven déficit de servicios, precariedad urbana y exclusión. En ese sentido, el conflicto abre una pelea por responsabilidades políticas, pero también por quién paga el costo del desorden: si se traduce en recortes, externalizaciones o deterioro de prestaciones, suele recaer, primero, sobre la vida cotidiana de la mayoría trabajadora.
Por Equipo El Despertar
Las presiones políticas sobre la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, aumentaron tras la difusión de un informe de la Contraloría General de la República que cuestiona la administración del exalcalde Jorge Sharp y, al mismo tiempo, pone bajo escrutinio el rol de Nieto durante ese período, cuando presidía la Comisión de Finanzas del Concejo Municipal.
El informe, identificado como Informe Final 151-2025, describe un desorden financiero cercano a los $18 mil millones, que podría constituir el delito de fraude al fisco, a lo menos, además de las falencias de control contable y problemas de respaldo y rendición de recursos municipales transferidos, lo que llevó a que concejales de distintos sectores exigieran explicaciones a la actual jefatura comunal.
Un grupo de concejales anunció que impulsará una querella criminal para determinar responsabilidades por las pérdidas observadas. La discusión formal debía realizarse en una sesión especial del Concejo Municipal, pero esta se suspendió por falta de quórum y fue reprogramada para los próximos días, en medio de recriminaciones cruzadas por las ausencias.
Ell concejo quedó fijado para el jueves 15 y la discusión se centrará en el informe de Contraloría y eventuales medidas administrativas y judiciales.
Entre las críticas, el concejal Leonardo Contreras (RN) sostuvo que “no hubo fiscalización real” en la gestión anterior, mientras la senadora Camila Flores (RN) calificó el caso como “impresentable”. En la misma línea, el exalcalde Boris Kuleba (PS) apuntó a una falla sistemática de control.
Desde el oficialismo, el concejal Lukas Cáceres (FA) defendió a Nieto, asegurando que la comisión contaba con herramientas para fiscalizar y que no existían antecedentes previos que permitieran anticipar la magnitud de lo observado por Contraloría. También se ha planteado como salida una auditoría forense externa para dimensionar y aclarar responsabilidades.
Nieto no se ha referido públicamente a la controversia, lo que ha incrementado la presión política sobre su administración y sobre la responsabilidad que ella, junto al Ex Alcalde Jorge Sharp, pudieran tener en el desorden.
Por su parte, Jorge Sharp ha rechazado imputaciones de probidad y ha sostenido que parte de los montos observados corresponden a saldos de administraciones anteriores y que su gestión redujo rendiciones pendientes, acusando además un uso político de los informes.
La disputa por “irregularidades” y “control financiero” no es solo técnica. En el nivel municipal, cada peso no rendido o mal registrado tensiona la legitimidad del Estado local ante barrios que viven déficit de servicios, precariedad urbana y exclusión. En ese sentido, el conflicto abre una pelea por responsabilidades políticas, pero también por quién paga el costo del desorden: si se traduce en recortes, externalizaciones o deterioro de prestaciones, suele recaer, primero, sobre la vida cotidiana de la mayoría trabajadora.