“Mantenemos la parte económica del decreto, el resto lo anulamos, y se trabajará un nuevo decreto en conjunto con las organizaciones sociales”, señaló Oviedo. En la misma línea, el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, explicó que el Gobierno buscará evitar un “vacío legal” trasladando a decretos paralelos los artículos que el Ejecutivo considera aceptados o necesarios.
Por Equipo El despertar
Tras un mes de movilizaciones, marchas y bloqueos, el Gobierno del presidente Rodrigo Paz anunció este domingo la abrogación del Decreto Supremo 5503, norma que detonó una crisis social al eliminar la subvención a los combustibles y encarecer de forma abrupta la gasolina y el diésel. La Central Obrera Boliviana (COB), principal articuladora de la protesta, celebró la decisión como una victoria del movimiento popular: “Aquí ganó Bolivia”, afirmó su secretario ejecutivo, Mario Argollo.
La derogatoria fue formalizada en un encuentro en El Alto, donde seis ministros y dirigentes sindicales firmaron un acuerdo para dejar sin efecto el DS 5503. Sin embargo, el Ejecutivo advirtió que la abrogación no significa retirar el conjunto de medidas económicas contenidas en el decreto: el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, sostuvo que se mantendrán políticas como el levantamiento de la subvención estatal a los hidrocarburos, el incremento del salario mínimo nacional a 3.300 bolivianos y el pago de bonos sociales, y pidió 24 horas para promulgar un nuevo texto que sustituya al 5503.
“Mantenemos la parte económica del decreto, el resto lo anulamos, y se trabajará un nuevo decreto en conjunto con las organizaciones sociales”, señaló Oviedo. En la misma línea, el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, explicó que el Gobierno buscará evitar un “vacío legal” trasladando a decretos paralelos los artículos que el Ejecutivo considera aceptados o necesarios.
Tras la firma, Argollo instruyó el levantamiento de las medidas de presión a nivel nacional, aunque dejó claro que la movilización no se desactiva del todo: la COB se declaró en estado de emergencia y fijó un plazo perentorio de 24 horas para que el Gobierno materialice el nuevo decreto en términos acordados, advirtiendo que podría retomarse la protesta si se incumple.
Otros dirigentes respaldaron el desbloqueo para restablecer la circulación y actividades, pero recalcaron que la unidad sindical y social fue el factor decisivo que obligó al Gobierno a retroceder formalmente.
El DS 5503, conocido como “gasolinazo”, gatilló un rechazo transversal al elevar inmediatamente los costos de transporte y presionar al alza la canasta básica. Desde una clave de economía política, el conflicto se concentró en un punto material: el traspaso del costo del ajuste al bolsillo de la clase trabajadora y los sectores populares, lo que explica la amplitud de la alianza social que sostuvo los bloqueos. La derogación del decreto, y la disputa por lo que se mantenga en el nuevo texto, deja abierto el pulso central: si el retroceso es real o solo formal, y qué parte del costo económico termina socializándose “hacia abajo” o reordenándose por otra vía.