El caso se conecta, según la hipótesis del Ministerio Público, con maniobras destinadas a estratificar dinero que habría sido pagado a Gonzalo Migueles (pareja de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco) por los abogados Mario Vargas Cociña y Eduardo Lagos, quienes junto a Migueles permanecen en prisión preventiva, en un contexto de presunto tráfico de influencias ligado al litigio del Consorcio Movitec Belaz (CMV) con Codelco.
Por Equipo El Despertar
En la investigación por lavado de activos conocida como “la muñeca bielorrusa”, el fiscal Marco Muñoz (Fiscalía Regional de Los Lagos) formalizó a Sergio Yáber y Yamil Najle (conservadores) y al cambista Harold Pizarro, pero solicitó medidas cautelares que no implicaran cárcel, argumentando que los tres son cooperadores eficaces y que su información ha sido útil y verificable para esclarecer el mecanismo investigado.
La audiencia se realizó ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. Según El Mostrador, la Fiscalía pidió arresto domiciliario parcial para Najle y Pizarro y arresto total para Yáber; sin embargo, los querellantes solicitaron cautelares más severas y el tribunal finalmente decretó arresto domiciliario total para los tres.
El caso se conecta, según la hipótesis del Ministerio Público, con maniobras destinadas a estratificar dinero que habría sido pagado a Gonzalo Migueles (pareja de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco) por los abogados Mario Vargas Cociña y Eduardo Lagos, quienes junto a Migueles permanecen en prisión preventiva, en un contexto de presunto tráfico de influencias ligado al litigio del Consorcio Movitec Belaz (CMV) con Codelco.
En el mismo reporte se señala que, en declaraciones a Fiscalía, uno de los formalizados habría sostenido que Vivanco estaba al tanto de los movimientos de Migueles y aportó antecedentes sobre contratos usados —según la hipótesis fiscal— para justificar flujos de dinero, diligencias que el fiscal indicó siguen en curso.
Sin salir del registro informativo: el caso vuelve a mostrar cómo, alrededor de disputas económicas de gran escala (contratos, litigios corporativos, empresas estratégicas), pueden formarse redes de intermediación que buscan influir en decisiones institucionales. En términos de economía política, la corrupción no aparece como “desviación individual” aislada, sino como síntoma de captura y colonización de espacios del Estado por intereses privados, especialmente cuando lo que está en juego son rentas y conflictos multimillonarios.