La absolución de Claudio Crespo reabrió la disputa por la “legítima defensa privilegiada” y empujó a La Moneda a reencuadrar una ley que antes defendió como logro propio, con ceremonia incluida, mientras el progresismo discute cuánto de su agenda de seguridad terminó fortaleciendo la impunidad.
El veredicto del Caso Gatica no solo cerró, al menos en primera instancia, una de las causas más simbólicas del estallido social; también reactivó, como por reflejo, un debate que el Gobierno creía zanjado desde 2023: el alcance político y judicial de la Ley Naín-Retamal. El punto es sencillo y a la vez explosivo: el tribunal absolvió a Claudio Crespo y, según distintas coberturas, en su razonamiento se consideró el marco que hoy entrega esa ley, especialmente la figura de legítima defensa privilegiada aplicada de manera retroactiva.
En ese contexto, el Presidente Gabriel Boric intentó ordenar el incendio desde un equilibrio difícil. Tras el fallo, volvió a afirmar que “debe haber justicia” y que no puede haber impunidad si se establece responsabilidad en un hecho de esa gravedad; pero, en paralelo, buscó acotar la autoría política de la norma: en entrevista, sostuvo que la Ley Naín-Retamal “no es una iniciativa del Gobierno”, sino la fusión de mociones parlamentarias, y que el Ejecutivo intervino con indicaciones, varias de las cuales se perdieron, antes de promulgarla.
Ese giro discursivo chocó con un registro más concreto: hasta antes de la absolución, la Naín-Retamal figuraba “textualmente” como el avance N.º 307 dentro del catálogo de “1.000 avances” con que La Moneda está defendiendo su legado al cierre del mandato. Y el dato no es menor: tras estallar la polémica, el nombre de la ley desapareció del listado, aunque, según el propio reporteo, se mantuvo el contenido asociado. Fast Check verificó que efectivamente aparecía en esa plataforma en el puesto 307.
La contradicción no es solo comunicacional; es política. Porque en 2023 el Gobierno no actuó como un mero notario: acompañó la tramitación, descartó un veto pese a la presión interna (sobre todo desde el PC y el Frente Amplio), y terminó realizando una ceremonia de promulgación en La Moneda el 6 de abril de ese año. Se trató, además, de un momento atravesado por una coyuntura de alto voltaje: asesinatos de carabineros que aceleraron la agenda de seguridad y empujaron al oficialismo a cerrar filas bajo la lógica de “respaldo institucional”.
La cronología reconstruida muestra cómo una política pública nace y se deforma bajo presión. El proyecto original ingresó en marzo de 2022 como parte de la agenda de seguridad; luego, tras el crimen del sargento Carlos Retamal, se incorporó la legítima defensa privilegiada y el texto terminó cristalizando como Ley Naín-Retamal. En su trámite, el Ejecutivo buscó moderar los bordes más duros, Carolina Tohá del socialismo democrático, llegó a discutir públicamente el riesgo de “gatillo fácil” asociado a ciertas redacciones, pero la dirección general quedó establecida: reforzar el paraguas jurídico a policías y fuerzas de orden cuando usan sus armas en actos de servicio.
Lo que cambia con el Caso Gatica es que ese paraguas dejó de ser una abstracción legislativa y se volvió una pieza con efectos en tribunales, con consecuencias políticas inmediatas. De ahí el desorden del progresismo: sectores que empujaron la agenda de seguridad para responder al clima de temor social ahora se encuentran con que parte de esa arquitectura puede operar como blindaje de responsabilidades individuales en casos de violencia estatal y violaciones flagrantes de DDHH. En la coalición, ese choque no solo tensó discursos; se tradujo en recriminaciones cruzadas y en una crisis mayor, con el PS, que casi unánimemente aprobó la ley, congelando su participación en la alianza gubernamental, según reportes de prensa.
Aquí aparece, casi sin necesidad de subrayarlo, un problema clásico del Estado moderno: cuando la política se define bajo la exigencia de “restaurar el orden”, el péndulo suele moverse hacia reforzar el aparato coercitivo y ampliar sus márgenes de acción. Lenin lo dijo de manera brutalmente simple: el Estado es “una fuerza especial de represión”, y su disputa real se juega en quién lo dirige y contra quién se aplica. Cuando se legisla para proteger a quienes portan ese monopolio de la fuerza, el riesgo no es teórico: es que la norma se convierta en una especie de presunción estructural a favor del brazo armado, y que la carga moral (y luego jurídica) tienda a deslizarse hacia la víctima o hacia el “contexto” que la rodea. (Lenin, El Estado y la revolución).
Y, al mismo tiempo, el capítulo Naín-Retamal ilustra una forma de gobernabilidad característica del neoliberalismo tardío: la política social se achica, la frustración se administra con seguridad, y la estabilidad se busca reforzando facultades punitivas. No se trata de una conspiración; opera como racionalidad del poder cuando el pacto social se erosiona. Engels, desde otro ángulo, advertía que el Estado aparece como poder que “se coloca por encima de la sociedad” y termina reproduciendo sus antagonismos (Engels, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado).
En esa clave, el problema de Boric no es solo explicar por qué no vetó una ley; es explicar por qué el Gobierno primero la exhibe como logro, luego la retira del escaparate cuando el costo simbólico se vuelve insoportable, y finalmente intenta reubicarla como iniciativa ajena. En política, ese vaivén se paga caro: porque la seguridad fue presentada como agenda de responsabilidad institucional, pero el estallido y sus heridas siguen operando como memoria viva, y cada señal de impunidad reabre la fractura entre legalidad y legitimidad.
La Naín-Retamal, en suma, queda como síntesis incómoda del cierre de ciclo: un Gobierno que quiso sostener dos promesas a la vez —derechos humanos y orden público, transformación y gobernabilidad— termina enfrentado a la pregunta que siempre vuelve: cuando se fortalece el “orden”, ¿quién gana poder concreto y quién queda más desprotegido cuando el conflicto social se reactiva?