El informe 151 de Contraloría dejó de ser un documento técnico y se convirtió en el centro de una ofensiva judicial y una batalla por responsabilidades políticas: concejales acusan malversación y fraude al fisco, mientras la alcaldesa Camila Nieto afirma que el desorden fue heredado y anuncia tres investigaciones para depurar prácticas y trazabilidades dentro del municipio.
El conflicto estalló con nombre y monto: $18 mil millones sin rendir durante la administración de Jorge Sharp en Valparaíso, según el Informe 151 de la Contraloría. En pocas horas, esa cifra dejó de ser un dato contable para convertirse en un objeto político de alto voltaje. No por la espectacularidad del número —que por sí solo golpea—, sino porque vuelve a plantear una pregunta siempre incómoda en el poder local: quién controló realmente la caja municipal, bajo qué reglas, con qué controles y con qué fines.
La primera traducción fue judicial. Un grupo de concejales, Leonardo Contreras (RN), Jorge López (PDG), Dante Iturrieta (UDI), Valentina Veliz (Partido Republicano) y Miguel Vergara (Partido Republicano)— presentó una querella criminal por malversación de caudales públicos y fraude al fisco. El gesto no apunta únicamente al exalcalde: la ofensiva busca abrir el abanico de responsabilidades y, en palabras de los propios querellantes, fijar que “del informe nacen responsabilidades” que incluyen a quienes no habrían dado respuesta oportuna a un informe preliminar de Contraloría. En otras palabras, la acusación no se limita al “hecho” del desorden: disputa también la cadena de mando y la cadena de control.
En ese cuadro, la figura de la alcaldesa Camila Nieto (Frente Amplio) quedó inevitablemente bajo fuego cruzado. La tensión no solo proviene de la oposición: viene, sobre todo, de un hecho político que pesa más que cualquier declaración. Nieto no era una observadora externa en la etapa anterior: como exconcejala, fue presidenta de la Comisión de Finanzas. Por eso la crítica busca instalar una doble lectura: si el desorden es de tal magnitud, ¿cómo no se vio?, ¿cómo no se alertó?, ¿cómo no se frenó? El debate es tanto de control administrativo como de responsabilidad política.
Tras varios días de silencio, Nieto habló para marcar su línea de defensa y, al mismo tiempo, abrir un frente de acción. Fue tajante en separar planos: se la intenta responsabilizar —dijo— por un desorden que atribuye a la administración anterior. Enfatizó que, aun presidiendo Finanzas, fue la concejala que más comisiones realizó, y rechazó la idea de encubrimiento. Sobre el preinforme de Contraloría, explicó el motivo de no responder: no por omisión, sino porque asumieron que el contenido era correcto y que correspondía hacerse cargo. Con esa frase, la alcaldesa intenta salir de la trampa retórica que la deja en dos lugares imposibles (o no sabía, o sabía y calló) y desplazar la discusión hacia lo verificable: qué se hará ahora para ordenar, rastrear y sancionar.
En ese esfuerzo, Nieto introdujo un punto moral y político que suele ser el corazón oculto de estas crisis: el uso del aparato municipal como maquinaria de campaña. Señaló que los recursos públicos deben orientarse al bienestar de la comunidad, y calificó como “falta grave a la probidad y a la ética” usar fondos para campañas o promoción de candidaturas, prometiendo que ella no lo hará. No es solo un gesto de principios: es una manera de anticipar que parte del conflicto no está en una “mala contabilidad” abstracta, sino en la vieja tentación del poder local: convertir presupuesto, horas funcionarias y redes de proveedores en capital político.
La respuesta operativa vino en forma de tres investigaciones sumarias anunciadas por la alcaldesa. La primera, por errores contables asociados a observaciones que —según su declaración— alcanzarían $38 mil millones en 2025; la segunda, por el área de compras y tratos directos realizados sin su autorización; y la tercera, por faltas administrativas ligadas a inasistencias, controles y marcajes vinculados a campañas. Más allá del detalle, la arquitectura es clara: contabilidad, compras y conducta funcionaria. Es decir, dónde se pierde la trazabilidad, cómo se decide el gasto y cómo se usa el tiempo institucional.
El trasfondo es más profundo que la pugna Sharp–Nieto o FA–derecha. En una municipalidad, el presupuesto no es un libro de contabilidad: es la forma concreta en que se organiza la vida urbana —salud primaria, aseo, cultura, seguridad comunitaria, mantención del espacio público— y, por tanto, un campo donde se condensan conflictos sociales. Cuando se habla de millones no rendidos, no es solo una “irregularidad”: es una disputa por el excedente social administrado localmente y por la credibilidad del Estado ante una población que vive desigualdad, precariedad y servicios fragmentados.
Por eso, la cuestión del “desastre contable” no se resuelve con moralina ni con propaganda. Se resuelve con control material y rendición de cuentas. Lenin lo sintetizó con crudeza pedagógica al hablar de la administración pública: sin “contabilidad y control”, la política se vuelve un cascarón y la burocracia se reproduce a sí misma. Y ese principio vale hoy, con otros nombres, para cualquier gobierno local que pretenda sostener legitimidad: sin trazabilidad del dinero, la democracia municipal queda reducida a relato.
Lo que viene, entonces, será una prueba en dos planos. En tribunales, la querella buscará fijar responsabilidades penales; en el municipio, los sumarios y eventuales auditorías determinarán si hay capacidad real de ordenar la administración o si la crisis se convertirá, otra vez, en munición para el ciclo de acusaciones sin transformación. En una ciudad como Valparaíso, donde cada peso define servicios básicos y dignidad cotidiana, la pregunta no es solo “quién cae”, sino qué se reconstruye después del derrumbe.