Un registro regional de precios muestra brechas extremas: Venezuela aparece con gasolina casi simbólica por subsidio (US$0,035/litro), mientras Uruguay lidera los valores altos (US$1,998). Chile (US$1,362) se ubica en el podio de las más caras, en un 2026 donde el crudo, la OPEP+, la oferta venezolana, los tributos y la fragilidad fiscal reordenan el costo en el surtidor.
Por Equipo El Despertar
La bencina en América Latina vuelve a funcionar como termómetro social y político: no solo mide el precio del petróleo, sino la forma en que cada Estado reparte —o traslada— costos entre hogares, empresas y fisco. Según el monitoreo de Global Petrol Prices citado por Bloomberg, el promedio mundial ronda US$1,28 por litro (US$4,84 por galón), pero en la región la dispersión es enorme. En el extremo inferior, Venezuela registra un precio oficial de US$0,035 por litro, sostenido por subsidios; en el superior, Uruguay bordea los US$1,998, seguido por México (US$1,427) y Chile (US$1,362), que se instala entre los valores más altos de América Latina al iniciar 2026.
La fotografía no admite lecturas ingenuas: el precio de la bencina no es una simple “traducción” del barril, sino un resultado donde pesan impuestos, mecanismos de estabilización, estructura de mercado, capacidad de refinación, subsidios y, sobre todo, la situación fiscal. En Venezuela, el subsidio opera como una política de control social y de distribución de renta petrolera —aunque sea cada vez más difícil sostenerlo sin distorsiones—: abarata movilidad y costos logísticos, pero al mismo tiempo crea un diferencial que históricamente incentiva arbitrajes, informalidad y dependencia de una renta estatal que se vuelve más frágil cuando cae la producción o cuando arrecian sanciones y bloqueos financieros.
En el otro extremo, Uruguay, México y Chile expresan otra combinación: menor o nula renta petrolera directa para subsidiar el consumo interno, mayor dependencia del precio internacional, una carga tributaria relevante y una política de precios que busca evitar “desanclajes” macroeconómicos. En el caso chileno, el hecho de estar en el podio de los más caros se vincula a un punto estructural: el combustible es una mercancía importada (crudo o derivados) y su precio final incorpora el costo del tipo de cambio, la logística, la refinación y la carga impositiva, en una economía donde el transporte —y por tanto el diésel/bencina— sigue siendo una arteria crítica del costo de vida.
Lo que se ve en la tabla regional, en realidad, es la traducción cotidiana de una disputa más grande: quién paga el ajuste energético. En países con subsidios, el Estado amortigua el precio al consumidor, pero ese “alivio” se paga con déficit, endeudamiento, recortes en otras áreas o con la postergación de inversión pública. En países sin subsidios, la estabilidad fiscal suele comprarse trasladando el costo al bolsillo popular, encareciendo transporte, alimentos y servicios. No es casual que, cuando se “sincera” el precio, la calle se encienda: el combustible no es un bien suntuario, es un insumo transversal que atraviesa la reproducción material de la vida.
Por eso, los subsidios aparecen como campo de conflicto en 2026. En Ecuador, el recorte de subsidios en 2025 fue acompañado por compensaciones a transportistas para evitar que el alza se tradujera en una espiral de precios, y esos mecanismos se proyectaban al menos hasta enero de 2026, bajo presión gremial para extenderlos. En Bolivia, la secuencia reciente mostró la lógica completa del choque social: el gobierno eliminó la subvención en un marco de “emergencia económica”, la medida detonó protestas y bloqueos, y finalmente se acordó abrogar el decreto y preparar uno nuevo que mantuviera la subvención junto con medidas sociales. En Colombia, el Ejecutivo avanzó por una vía selectiva: desmontó el subsidio al diésel para vehículos particulares, diplomáticos y oficiales, cuidando no tocar el diésel del transporte público, precisamente porque ahí el traspaso a precios es inmediato y políticamente inflamable.
La incertidumbre de 2026 también viene de fuera. Analistas citados por Bloomberg señalan que el precio del crudo seguirá siendo determinante, junto con la posibilidad de que Venezuela incremente producción, y con la evolución de la oferta de la OPEP+, que puede presionar a la baja los precios internacionales si se expande. A inicios de enero, la OPEP+ reafirmó un plan de mantener estable el flujo al menos hasta abril, mientras se acumulan inventarios y la oferta global se consolida. En un escenario regional de inflación sensible a shocks externos, el combustible queda expuesto a la geopolítica, al costo de la energía y al tipo de cambio: basta un giro en aranceles, en cadenas logísticas o en tensión militar para que el surtidor lo refleje.
Brasil y Argentina muestran otras dos rutas del mismo problema. En Brasil, el precio podría verse presionado por cambios tributarios: el ajuste del ICMS desde enero implicaría un incremento en la carga sobre la bencina y tendería a trasladarse al consumidor final, empujando presiones inflacionarias del sector. En Argentina, el componente decisivo vuelve a ser el tipo de cambio: tras la corrección fuerte de 2024 (con alzas cercanas a 100% en la nafta Súper), durante 2025 los ajustes se habrían alineado más estrechamente con la variación del dólar nominal, mostrando cómo, cuando la moneda se mueve, el surtidor termina funcionando como espejo del régimen macro.
Vista desde abajo, esta discusión no es técnica: es política social en estado puro. La bencina cara no solo encarece traslados; reordena la canasta, golpea a quienes viven lejos, presiona a quienes trabajan en logística, aumenta el costo de producir y distribuir alimentos. La bencina subsidiada, en cambio, puede amortiguar el costo de vida, pero también termina subsidiando consumos altos y modelos urbanos dependientes del automóvil si no se corrige con política pública más fina. En ambos casos, el dilema reaparece: proteger a la mayoría sin vaciar el Estado.
Hay una frase de Marx y Engels que ayuda a leer el trasfondo sin necesidad de convertirlo en consigna: el Estado moderno tiende a administrar las condiciones generales de reproducción del orden existente. La política de combustibles —impuestos, subsidios, estabilizadores, apertura o control de mercado— es una de esas condiciones. En 2026, con Chile en el podio de los precios altos, la pregunta que queda instalada no es solo cuánto cuesta el litro, sino qué combinación de energía, transporte, salarios e impuestos está sosteniendo el país, y quién carga con la cuenta cuando el barril o el dólar se mueven.