Un audio a la militancia del Partido Nacional Libertario transparenta el trasfondo de la ruptura: Kaiser sostiene que a los libertarios se les ofreció una presencia simbólica y que el gabinete que prepara Kast privilegia un perfil tecnócrata-empresarial. La disputa expone, sin decirlo, la gramática real del poder: quién administra el Estado y para quién.
Un mensaje de WhatsApp enviado a la militancia del Partido Nacional Libertario (PNL) reordenó en horas la lectura de la derecha que llega a La Moneda. En el audio, Johannes Kaiser explica por qué su colectividad decidió restarse del futuro gobierno de José Antonio Kast y, de paso, revela la oferta que, según su versión, la Oficina del Presidente Electo habría puesto sobre la mesa tras reuniones en la llamada “Moneda chica” de Las Condes. El tono no es de simple molestia: es de diagnóstico político. La propuesta, dice Kaiser, estaba “diseñada para que tuviéramos que rechazarla”.
La oferta, siempre según el propio audio, consistía en entregar al PNL el Ministerio de Minería, “una o dos subsecretarías” (sin especificar cuáles, dentro de un universo de alrededor de 40) y ninguna delegación presidencial. Kaiser lo resume con una imagen doméstica pero precisa: su partido habría quedado como “una figura sobre la chimenea”, sin capacidad real de decisión ni despliegue territorial. En un gobierno donde la coordinación en regiones y la gestión de conflictos cotidianos se juegan precisamente en delegaciones y subsecretarías, ese detalle no es menor: es la diferencia entre ser actor o ser decorado.
La crítica escala cuando Kaiser describe el tipo de gabinete que Kast estaría armando de cara al anuncio del 20 de enero. El presidente electo, dice, “eligió un equipo que es esencialmente tecnócrata”, con fuerte presencia del “mundo empresarial” por sobre el mundo político. Kaiser concede el derecho del Presidente a escoger su equipo, pero subraya una tesis que apunta al núcleo del reparto de poder: “los que asumen el costo político de participar en un gobierno son los partidos”. Y remata con una frase que revela cómo se concibe el Estado desde esa cultura política: “los partidos no son empleados del gobierno, los partidos son accionistas”. Es una metáfora empresarial aplicada al poder público: quien pone la cara y la estructura exige asiento en el directorio.
El relato deja entrever también la negociación frustrada por carteras “duras”. Los libertarios, según la misma reconstrucción, buscaban espacios de mayor densidad política, como Defensa, y habían propuesto nombres propios para áreas sensibles (incluyendo figuras parlamentarias del sector). Sin embargo, la única oferta nítida habría sido Minería, un ministerio estratégico por renta y por modelo de desarrollo, pero que en este esquema aparece como sustituto: una cartera relevante para la acumulación, sin acceso al corazón del mando político-territorial.
Leído con un lente materialista, este episodio ilumina un mecanismo recurrente en las derechas latinoamericanas: cuando se aproxima el ejercicio del gobierno, la prioridad pasa a ser enviar una señal de “orden” al capital, mercados, grandes grupos, inversionistas, gremios, mediante un gabinete de administradores propios y confiables. No es un capricho personal: es una forma de asegurar gobernabilidad desde arriba, reduciendo incertidumbre para quienes controlan la inversión y el crédito. En ese sentido, la preferencia por tecnócratas y empresarios es coherente con el modo en que el Estado neoliberal se concibe a sí mismo: como gerencia de los negocios del Capital.
Aquí calza una frase vieja, pero siempre vigente, del Manifiesto Comunista: el Estado moderno tiende a operar como “un comité para administrar los negocios comunes” de la clase dominante. No hace falta repetirla como consigna; basta mirar cómo se reparten sillas cuando el gobierno se arma con el oído pegado al mundo empresarial. Si el gabinete es, ante todo, un dispositivo para asegurar continuidad de la acumulación, entonces los partidos quedan subordinados: útiles para disciplinar el Congreso y el electorado, pero secundarios en el diseño fino de decisiones económicas.
Kaiser, paradójicamente, confirma esa lógica desde dentro cuando habla de “accionistas”. Solo que su conclusión es otra: si el gobierno se arma como directorio empresarial, a los partidos se les exige poner capital político sin poder orientar el rumbo. De ahí su argumento central: en ese diseño, al PNL le tocaba “solo el costo”, sin el “dónde” ni el “cómo” para empujar las políticas que dice representar. Traducido: sin control de palancas, el partido no puede diferenciarse; y si no puede diferenciarse, la participación se convierte en desgaste.
El conflicto también revela la competencia entre fracciones de la derecha. Kast necesita ordenar un bloque que ganó sin mayoría sólida en todas las cámaras y que, para gobernar, tendrá que negociar. Los libertarios, por su parte, buscan no quedar absorbidos por el republicanismo: entrar con poca incidencia los convertiría en satélite; entrar con incidencia los vuelve cogobierno. La oferta descrita por Kaiser sugiere que Kast optó por otra fórmula: reducir el poder de negociación libertario, incorporándolo —si acaso— en una cartera funcional al modelo extractivo, sin abrirle la puerta a los mandos donde se procesan conflictos (seguridad, interior, territorio) y donde se decide el músculo del Estado.
Hay un último elemento que este episodio deja al desnudo: la política como administración de costos. Cuando Kaiser dice que “solo íbamos a asumir todos los costos”, está nombrando lo que muchas coaliciones esconden: gobernar no es solo decidir, es cargar con crisis, huelgas, violencia, corrupción, malestar. En esa ecuación, si el gabinete es “tecnócrata” y la dirección estratégica la fija el empresariado, los partidos se transforman en fusibles: se queman por decisiones que no controlan. Y en Chile, donde el malestar social sigue vivo, ser fusible puede significar desaparecer.
En suma, el audio no es solo una pelea por cargos: es una radiografía del tipo de gobierno que se está incubando. Un gabinete empresarial-tecnócrata no es neutral; expresa una forma de concebir el Estado como instrumento de gestión del orden económico. Y la negativa libertaria, lejos de ser una rareza, muestra que incluso dentro de la derecha hay disputa por quién manda en ese “comité” y quién se limita a pagar la cuenta política.