En plena crisis política tras la captura de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez defendió ante la Asamblea Nacional un balance que combina cifras de recuperación económica con un relato de resistencia al bloqueo: más producción interna, menos dependencia de importaciones, inversión social canalizada por comunas y una apuesta explícita por sostener la gobernabilidad desde el “pueblo organizado”.
Por Equipo El Despertar
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, presentó ante la Asamblea Nacional la Memoria y Cuenta 2025 en un contexto excepcional: el país sigue conmocionado tras la operación militar estadounidense del 3 de enero y la detención de Nicolás Maduro y Cilia Flores. El discurso, construido como un acto de continuidad institucional y de cohesión política, fue también una pieza de economía política: una defensa del desempeño material del Estado bolivariano en condiciones de sanciones, presiones externas y disputa por recursos estratégicos.
La cifra con la que abrió el balance fue el crecimiento del PIB de 8,5% en 2025, descrito como parte de una secuencia de diecinueve trimestres consecutivos de expansión. Rodríguez atribuyó esa recuperación a tres pilares: los ingresos de PDVSA y Pequiven, la recaudación tributaria y el sostenimiento de “equilibrios macroeconómicos”, todo ello en un marco que calificó de bloqueo criminal, reforzado —según su relato— por un reciente cerco naval que habría afectado exportaciones.
En el terreno energético, el Ejecutivo presentó como hito el cero importación de combustible durante 2025: el país habría producido internamente gasolina y diésel suficientes para su consumo, con un salto acumulado de producción de gasolina desde 2021. Al mismo tiempo, reportó que la producción petrolera alcanzó 1,2 millones de barriles diarios en diciembre, impulsada por Contratos de Participación Productiva (CPP) e inversiones anunciadas por 867 millones de dólares. Como señal de continuidad y “seguridad” para los flujos de capital, Rodríguez informó que se entregó a la Asamblea un proyecto de reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, con el objetivo de dar rango legal a esquemas de inversión asociados a la Ley Antibloqueo.
En seguridad, la Memoria y Cuenta insistió en una narrativa de normalización: una caída “histórica” de la violencia y una tasa de homicidios presentada como de 3 por cada 100.000 habitantes, muy por debajo del promedio regional citado. La explicación oficial apuntó a prevención, control territorial y participación comunitaria, junto con resultados en incautaciones de drogas, detenciones y destrucción de laboratorios clandestinos. Más allá de la disputa inevitable por cifras, el objetivo político del dato es claro: sostener la idea de que el Estado recuperó capacidad de mando —no solo económico, también territorial— en un ciclo donde el orden interno suele ser la primera víctima del asedio externo.
El balance dedicó un tramo relevante a infraestructura y servicios: rehabilitación de 4.930 MW en 2025, aumento de capacidad disponible del sistema eléctrico y la puesta en marcha de una fase inicial de energía solar en El Vigía. En agua, afirmó un incremento sustantivo en acceso y producción, con rehabilitación de plantas, acueductos y pozos, apoyado por una expansión de las Mesas Técnicas de Agua como forma de contraloría social. En vialidad, reportó un aumento del asfalto colocado y un esfuerzo de reparación de redes logísticas internas, clave para sostener abastecimiento y producción.
El núcleo ideológico —y organizativo— del discurso se concentró en la democracia comunal. Rodríguez afirmó que, mediante consultas populares entre 2024 y 2025, se financiaron 35.037 proyectos por 277,6 millones de dólares, ejecutados directamente por comunas y consejos comunales, dentro de un presupuesto que —según la exposición— destina 77,8% a inversión social. A eso sumó el sistema 1×10 del Buen Gobierno, presentado como mecanismo de resolución de demandas cotidianas con millones de casos atendidos. La apuesta es nítida: no se trata solo de administrar; se busca demostrar que existe un circuito de legitimidad que no descansa únicamente en ministerios o tecnocracias, sino en una trama territorial organizada.
Hacia el cierre, Rodríguez presentó el Plan Reto Admirable 2026, orientado a sostener niveles productivos y profundizar crecimiento en agroindustria, pesca, cereales y proteína animal, sector que —según el informe— ya superaría el 10% del PIB. En política exterior, reafirmó disposición a relaciones con todos los países —incluido Estados Unidos— pero bajo igualdad soberana: “iré de pie, no arrastrándome”, dijo, en una frase pensada tanto para el frente externo como para el consumo interno de dignidad nacional.
Leído desde una perspectiva marxista, el balance exhibe una tensión central de los procesos periféricos sometidos a asedio: la soberanía no es un concepto abstracto, es capacidad material de reproducir vida social (combustible, electricidad, agua, alimentos) y de sostener instituciones sin tutela. Lenin describía el imperialismo como una fase donde la disputa por esferas de influencia y recursos estratégicos se vuelve norma; en esa lógica, el énfasis venezolano en petróleo, energía y “bloqueo” no es retórica ornamental: es la forma en que se nombra una batalla por el control de la renta y, por tanto, por el margen de autodeterminación.
A la vez, la Memoria y Cuenta muestra una estrategia clásica de resistencia estatal: sustitución de importaciones, recomposición productiva y redistribución vía inversión social, combinadas con incentivos a capitales bajo marcos “protegidos”. Ahí vive una contradicción que el marxismo reconoce con facilidad: la necesidad de movilizar inversión para reactivar sectores estratégicos puede terminar reforzando mecanismos de acumulación que exigen garantías y estabilidad jurídica; y esa estabilidad, en crisis, suele tensionar el horizonte igualitario. En términos simples: el Estado busca sostener el “poder nacional” con herramientas que, si no se subordinan al proyecto popular, pueden reintroducir dependencias por otras vías.
La parte más singular del relato —la democracia comunal— apunta, en cambio, a una salida política que no se agota en crecimiento macro. Si “la emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos” (Marx), el mensaje de Rodríguez intenta decir que la legitimidad no se compra solo con cifras, sino con organización. Mariátegui lo formuló de otra manera para nuestra América: no hay calco ni copia; hay construcción concreta desde la realidad propia. La insistencia en comunas, consultas y contraloría social busca precisamente eso: un soporte de poder que no dependa enteramente del mercado ni de la diplomacia, sino de un tejido social que pueda sostener la vida cotidiana incluso bajo presión.
En suma, la Memoria y Cuenta 2025 es un parte de guerra económica en tono institucional: cifras de recuperación, promesa de continuidad y una tesis política de fondo —que el proyecto bolivariano puede sostenerse si logra convertir soberanía energética, inversión social y democracia comunal en una misma arquitectura. La pregunta decisiva para 2026 será si ese ensamblaje resiste nuevas presiones externas y, a la vez, si logra traducir crecimiento en mejoras palpables para las mayorías sin abrir la puerta a una restauración de viejas dependencias bajo formatos nuevos.