ICE informó que Víctor Manuel Díaz (36) murió el 14 de enero en el centro Camp East Montana (Fort Bliss, El Paso) y calificó el hecho como “presunto suicidio” mientras se investiga. El caso reabre la discusión sobre centros operados con contratistas, opacidad institucional y una política migratoria donde el encierro se vuelve herramienta de gobierno.
Por Equipo El Despertar
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) confirmó la muerte de Víctor Manuel Díaz, migrante nicaragüense de 36 años, bajo custodia federal en Texas. Según el reporte oficial reproducido por agencias y prensa estadounidense, Díaz había sido detenido a inicios de enero en Minneapolis (Minnesota) y luego trasladado a Camp East Montana, un complejo de carpas de detención migratoria instalado en Fort Bliss, en El Paso. ICE señaló que fue hallado “inconsciente y sin respuesta” en su alojamiento el 14 de enero y que, pese a la intervención del personal médico y servicios de emergencia, fue declarado fallecido esa tarde; la agencia describió el caso como un “presunto suicidio”, a la espera de investigación.
El centro donde ocurrió el deceso es un dispositivo montado en una base militar que se ha vuelto emblemático del giro represivo de la política migratoria. La propia ICE lo reconoce como instalación bajo su órbita en El Paso, y medios estadounidenses lo describen como un “tent camp” (campamento de carpas) de gran escala en Fort Bliss.
El hecho se suma a una secuencia que ha encendido alarmas. Associated Press y The Guardian informaron que esta muerte ocurre en el mismo centro donde, a inicios de enero, falleció otro detenido, el cubano Geraldo Lunas Campos, en circunstancias controvertidas y bajo versiones oficiales cambiantes. Reuters detalló que ese caso generó fuerte escrutinio por relatos contradictorios entre autoridades federales y testimonios de testigos, y por indicios forenses preliminares que apuntaban a uso de fuerza excesiva.
En ese contexto, organizaciones de derechos civiles han intensificado críticas a la infraestructura y al régimen de control en Camp East Montana. La ACLU, por ejemplo, renovó llamados a cerrar la instalación tras los reportes del caso anterior, subrayando preocupaciones sobre fuerza, condiciones y rendición de cuentas, en un momento en que las muertes en custodia migratoria han aumentado con el endurecimiento de la política federal.
La narrativa oficial insiste en el carácter “individual” del episodio y en que la investigación está en curso. Pero el problema que se instala, y que vuelve cada vez que muere alguien bajo custodia, es estructural: qué incentivos gobiernan el sistema de detención migratoria y qué control público real existe cuando parte del funcionamiento cotidiano se apoya en seguridad privada y contratistas. En el caso de Díaz, la propia cobertura indica que quien lo encontró fue personal de seguridad contratado, lo que vuelve a poner en primer plano una forma de administración del encierro donde el Estado, que siempre es el responsable de la salud delas personas bajo su custodia, delega funciones sensibles y, a la vez, exige confianza en procedimientos que ocurren lejos del escrutinio ciudadano.
Mirado en perspectiva, el encierro migratorio opera como un instrumento doble. Por una parte, es una tecnología para acelerar expulsiones y sostener una política de deportación masiva. Por otra, es un mensaje disciplinario hacia la población migrante: no solo se castiga el ingreso o la permanencia irregular; se instala la amenaza constante de ser capturado, trasladado miles de kilómetros y encerrado en instalaciones remotas, sin redes y con acceso limitado a apoyo legal o comunitario. En sociedades donde la migración alimenta sectores enteros del trabajo precarizado, esta presión cumple además una función económica indirecta: mantener a parte de la fuerza de trabajo en una condición de vulnerabilidad que empuja salarios hacia abajo y debilita organización.
Aquí se vuelve útil recordar una idea clásica —sin necesidad de convertirla en consigna—: Marx hablaba del “ejército industrial de reserva”, esa masa de trabajadores disponibles (o expulsables) que, por su sola existencia, disciplina al conjunto del mercado laboral. La criminalización de la migración y el uso del encierro como amenaza permanente encajan demasiado bien con ese mecanismo: no es solo control fronterizo, es administración del trabajo y del miedo.
En el plano político, la muerte de un detenido también revela un rasgo del Estado contemporáneo: la convivencia entre legalidad formal y coerción cotidiana. El encierro se justifica como procedimiento administrativo, pero se ejecuta con lógica penitenciaria; se promete “debido proceso”, pero se implementa con traslados rápidos, aislamiento y opacidad. Marx lo resumió en una línea punzante: “entre derechos iguales decide la fuerza”. Cuando la fuerza decide, la discusión real ya no es únicamente jurídica, sino material: quién tiene poder para imponer su relato, qué instituciones se controlan, qué vidas quedan expuestas a la arbitrariedad.
La pregunta que deja este caso —más allá de la causa específica de muerte, que debe investigarse con rigor— es si el sistema está diseñado para proteger la vida de los detenidos o para producir resultados estadísticos (detenciones, expulsiones) al menor costo político posible. Cuando las muertes se acumulan, el Estado tiende a responder con comunicados, investigaciones internas y promesas de revisión. Pero lo que se reproduce es el dispositivo: más cupos, más traslados, más contratistas, más opacidad.
En tiempos de endurecimiento migratorio, lo que ocurre en un centro remoto de El Paso no es marginal: es parte del modo en que se gobierna. Y cuando un migrante muere bajo custodia, el problema no se agota en la ficha del caso. Vuelve a abrir, con crudeza, la disputa fundamental: si la “seguridad” puede seguir funcionando como coartada para convertir a seres humanos en población administrada por carpas, barrotes y contratos.