Dorothy Pérez sostuvo que las partidas presupuestarias usadas para emergencias podrían destinarse a incendios y reconstrucción en Ñuble y Biobío, reduciendo holguras para financiar el reajuste. El Consejo Fiscal Autónomo, en paralelo, estima una brecha de US$822 millones. El debate abrió una disputa política sobre atribuciones y, más de fondo, sobre quién paga el costo de la catástrofe y de los salarios.
Por Equipo El Despertar
La discusión del reajuste al sector público entró a la zona roja justo cuando el país sigue contando muertos, daños y desplazamientos por los incendios en el sur. En ese cruce, la contralora general Dorothy Pérez puso una advertencia que encendió la polémica: si el financiamiento del reajuste se apoya en líneas presupuestarias que “habitualmente” cubren emergencias, la magnitud de lo ocurrido en Ñuble y Biobío puede obligar a usar gran parte de esas mismas partidas en la catástrofe, dejando menos recursos disponibles para sostener la ley.
La frase fue leída por el oficialismo como una señal de “condicionamiento” en un momento políticamente sensible, últimos días de tramitación y cierre de ciclo gubernamental, pero también como algo peor: una intervención en el terreno de las prioridades fiscales. En la práctica, la advertencia instala una ecuación dura (“o emergencia o reajuste”) que, aunque sea presentada como cálculo de caja, golpea en el corazón de la negociación con el Estado empleador.
El trasfondo presupuestario está documentado por otro actor autónomo: el Consejo Fiscal Autónomo (CFA). Su presidenta, Paula Benavides, expuso ante la Comisión de Hacienda del Senado que, en la Ley de Presupuestos 2026, la arquitectura de provisiones del Tesoro se reestructuró y que una parte importante del financiamiento del reajuste recae en provisiones y reasignaciones. El CFA detalló que la asignación 104 totaliza US$961 millones y que, dentro de ella, US$616 millones estaban presupuestados para financiar el reajuste, mientras US$345 millones quedaban para proyectos en trámite y contingencias variables —incluidas emergencias.
El dato clave del CFA es la brecha: aun descontando lo provisionado y otras mitigaciones identificadas, persistirían presiones de financiamiento por US$822 millones (0,22% del PIB), que deberían cubrirse con reasignaciones y/o mayor uso de provisiones. Y subrayó una idea que dialoga directamente con la advertencia de la Contraloría: el margen remanente de la asignación 104 debe asegurar disponibilidad para emergencias y otras contingencias.
En paralelo, el Congreso tramita un reajuste de 3,4% aplicado en dos etapas (alza retroactiva de 2% y luego 1,4% adicional), según el detalle difundido desde el Senado. Es decir: la discusión no es sobre un “bono extra” aislado, sino sobre el salario real de cientos de miles de trabajadores y trabajadoras que sostienen, precisamente, la operación cotidiana del Estado en catástrofe: salud, municipios, apoyo social, y también personal ligado a gestión territorial.
La reacción del oficialismo fue inmediata. El secretario general del Frente Amplio, Andrés Couble, cuestionó qué función habilita a la Contraloría a pronunciarse sobre “prioridades presupuestarias y holguras fiscales”, apuntando a que ya existe un órgano autónomo con mandato específico en esa materia (el CFA). Desde el PS, el senador Gastón Saavedra sostuvo que la Contraloría debería “revisar antecedentes cuando le llegan” y no “condicionar”, planteando que el organismo se habría “excedido” en el último tiempo. En el PC, senadores como Daniel Núñez y Claudia Pascual insistieron en que el Estado tiene mecanismos para dotarse de recursos extraordinarios ante catástrofes y que esas definiciones corresponden a quienes conducen la política fiscal, no al ente contralor.
Ahora bien, la disputa sobre “atribuciones” no ocurre en el vacío. La propia ley orgánica de la Contraloría establece como objeto fiscalizar el debido ingreso e inversión de fondos públicos y examinar y juzgar cuentas de quienes administran recursos del Estado. Eso es control y legalidad. La pregunta que está detonando el conflicto es otra: cuándo un órgano de control pasa de fiscalizar el uso del dinero a incidir en el relato de la política fiscal, especialmente cuando lo hace en pleno debate legislativo.
Aquí aparece una tensión estructural del Estado contemporáneo: la política fiscal se “tecnifica” a través de órganos autónomos (CFA, Contraloría, Dipres, reglas fiscales) que no deciden el programa político, pero sí delimitan sus márgenes. Lo que se presenta como “prudencia” o “viabilidad” suele funcionar como una cerca: define lo posible y lo imposible. Y cuando hay catástrofe, la cerca se vuelve más dura, porque el shock abre una pugna por recursos escasos.
Desde una mirada materialista, el nudo no es si un organismo “habló de más”, sino quién paga. La forma en que se arma el dilema (incendios vs reajuste) tiende a convertir dos urgencias sociales en enemigas, cuando ambas pertenecen al mismo campo: la reproducción de la vida. Un Estado que puede activar reasignaciones, deuda o ingresos extraordinarios para sostener estabilidad financiera también puede decidir que el costo no caiga sobre salarios ni sobre la atención de la catástrofe, sino sobre rentas altas, utilidades extraordinarias o espacios de subsidio regresivo. Pero esa decisión es política, no técnica.
Marx lo dijo sin rodeos en el Manifiesto: el Estado moderno termina administrando los “asuntos comunes” del orden existente. En buen chileno: la discusión fiscal rara vez es neutral. Cuando el presupuesto aprieta, la pregunta real es a quién se protege primero. Y en períodos de crisis —incendios, inflación, inseguridad— la tentación es conocida: disciplinar el gasto social y el salario, mientras se preservan los fundamentos “pro-mercado” (confianza, riesgo país, estabilidad). El choque actual lo ilustra con crudeza: el mismo Estado que necesita brigadistas, personal de salud y funcionarios municipales para enfrentar la emergencia, discute si puede pagarles el reajuste sin “romper la caja”.
El debate seguirá en el Congreso, pero el punto de fondo ya quedó instalado: la catástrofe no solo quema bosques y casas, también reordena la pelea por el presupuesto. Y si esa pelea se resuelve con la lógica de “no hay”, lo que se consolida no es austeridad virtuosa: es la normalización de que el costo de la crisis —ambiental y fiscal— lo absorban quienes viven del trabajo.