El futuro ministro de Hacienda del gobierno de Kast plantea una estrategia de “shock pro-inversión”: baja del impuesto corporativo, desregulación y ajuste fiscal, acompañados de un discurso de “prestigio institucional”. Bajo la retórica técnica, se perfila una reconfiguración del Estado como facilitador del capital, con costos sociales y ambientales que dependerán de quién cargue el ajuste y qué se entienda por “eficiencia”.
Jorge Quiroz, ya oficializado como próximo ministro de Hacienda, aprovechó una actividad en Clapes UC para fijar el marco doctrinario del ciclo económico que viene. Su tesis es simple y deliberadamente provocadora: el crecimiento no se recupera “con cambios marginales”. No se trata —dijo— de inventar una teoría económica nueva, sino de volver a “cómo crecen los países” según el respaldo histórico: libertad económica, regulación “eficiente” pero no “agobiante”, impuestos razonables que aseguren retorno y un “ambiente cultural” proclive al emprendimiento. La economía, en su formulación, se reanima soltando amarras: “nuestro plan es que cada uno pueda hacer su plan”.
Con ese marco, Quiroz anunció su primera apuesta concreta: una rebaja tributaria, en particular, del impuesto corporativo, implementada dentro de los primeros seis meses del gobierno que comienza el 11 de marzo. La promesa llega como mensaje directo al gran empresariado: la reforma no será incremental ni dilatoria; será rápida. Y se complementa con otros ejes que repitió como triada de arranque: facilitación regulatoria, rebaja tributaria y ajuste fiscal. Es decir: quitar “fricciones” al capital, bajar carga impositiva y cuadrar cuentas.
En la misma exposición, Quiroz articuló algo que busca otorgar legitimidad “republicana” a esa agenda: la idea de recuperar el prestigio de las instituciones. Puso como ejemplo a la Dirección de Presupuestos (Dipres), que describió como un pilar histórico del sistema económico chileno y cuyo prestigio, según él, habría sido erosionado. Para materializar esa promesa, anunció al futuro director de Presupuestos: José Pablo Gómez, ingeniero que encabezó la División de Finanzas Públicas de la Dipres por 14 años hasta 2022. Con ese nombramiento, Quiroz envía una señal de continuidad técnica: retomar cuadros del viejo “centro” fiscal para reforzar credibilidad ante mercados y organismos.
El segundo ejemplo de “prestigio” institucional fue el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Quiroz afirmó que el SEA debe tener prestigio porque “cuida el medio ambiente”, pero que se desprestigia cuando es usado con “otros objetivos” o cuando cae en “desidia funcionaria” o temor a decidir. La frase condensa una tensión típica: presentar los obstáculos a proyectos como vicios burocráticos, y no como conflictos sociales o ambientales reales. La apuesta es reordenar el SEA para que sea más “decisorio” y menos freno a la inversión, en una lógica de ventanilla rápida, donde el problema no es el proyecto, sino el trámite.
En ese mismo espíritu, Quiroz introdujo una formulación que adelanta el núcleo de su visión territorial: “cuando se dice ‘¿cómo van a desregular tanto?’, lo que estamos haciendo es devolverle al propietario del suelo su libertad”. Es una frase que, en Chile, no es neutral: toca la historia de la propiedad del suelo, la planificación urbana y el conflicto por el uso del territorio. Si se traduce en política pública, significa desplazar poder desde regulaciones urbanísticas y ambientales hacia el derecho de propiedad como criterio rector, con el Estado actuando como garante de esa libertad. Quiroz aclaró que sería “dentro de un marco normativo”, pero el sentido ya está definido: menos restricción, más decisión privada.
Para completar el cuadro, el futuro ministro dijo que buscarán mayorías amplias en el Congreso para dar legitimidad a las leyes. Eso suena razonable, pero también es táctico: un programa de rebaja tributaria y desregulación requiere coaliciones transversales o, al menos, neutralizar resistencias para que el “shock” no se vuelva ingobernable. Es un gobierno sin mayoría asegurada en todas las cámaras, y por tanto necesita acuerdos o fracturas en la oposición.
Desde una lectura materialista, el discurso de Quiroz es una síntesis del Estado neoliberal en su versión más explícita: el crecimiento se logra liberando al capital. El rol del Estado se reconfigura como “prestigiado” cuando asegura disciplina fiscal, reduce costos de transacción y acelera permisos; y se desprestigia cuando, por miedo o por controles, demora decisiones que afectan la rentabilidad. En términos de economía política, lo que se presenta como “recuperar el prestigio” suele significar recuperar la autoridad tecnocrática para tomar decisiones por encima del conflicto social, reponiendo el viejo consenso de que lo económico es técnico y que la política debe adaptarse.
Marx, con otra lengua, describía este movimiento como una administración de los asuntos comunes del capital: no porque el Estado sea un “títere”, sino porque su racionalidad se alinea con las condiciones de acumulación. Cuando Quiroz promete rebaja del impuesto corporativo y “libertad del propietario del suelo”, está diciendo quién debe recuperar margen: la empresa y el propietario. La pregunta inevitable es quién absorbe el costo del ajuste fiscal que acompaña la rebaja. En la práctica, una baja de impuestos requiere compensación: recorte de gasto, aumento de deuda, o reasignación de cargas hacia otros sectores (consumo, trabajadores, servicios). Esa es la dimensión que el discurso no explicita, pero que define el carácter social de la política.
Y en lo ambiental la tensión es aún más concreta. Presentar al SEA como víctima de “desidia” o “temor” puede sonar a eficiencia; pero en territorios donde proyectos extractivos han dejado pasivos y conflictos, la “decisión oportuna” puede convertirse en sinónimo de aprobación acelerada. Ahí, el prestigio institucional se vuelve un juego de suma cero: prestigio para el inversionista si se destraba, pérdida de legitimidad social si se percibe captura o permisividad. La historia reciente chilena muestra que cuando se acelera la inversión sin control, el costo no desaparece: se traslada al agua, al aire, al suelo y a la conflictividad.
En suma, Quiroz está dibujando una hoja de ruta coherente con el gobierno que viene: desregulación, rebaja tributaria rápida y disciplina fiscal, con tecnocracia como garantía. El conflicto real no será si la economía “crece” en abstracto, sino qué tipo de crecimiento, quién lo captura y quién lo paga: en salarios, en servicios públicos, y en territorio. Si la promesa es “que cada uno pueda hacer su plan”, la cuestión decisiva es si ese “cada uno” incluye a la mayoría que vive del trabajo, o si vuelve a ser —como tantas veces— libertad para el capital y austeridad para el pueblo.