Con el gabinete ya anunciado —24 nombres para 25 carteras, incluido un biministro— el oficialismo saliente empieza a organizar su rol opositor revisando antecedentes y posibles inhabilidades. En la mira aparecen ministros por tres razones: redes empresariales en áreas estratégicas, vínculos con la defensa de Pinochet en Justicia/Defensa y señales de retroceso en derechos en Mujer, Educación y Vivienda.
Por Equipo El Despertar
La noche del 20 de enero, José Antonio Kast presentó su primer elenco ministerial desde la “Moneda chica”. La noticia, más allá de los nombres, dejó una marca política inmediata: el nuevo gobierno se arma con una alta proporción de independientes y un núcleo económico con perfiles empresariales, mientras incorpora figuras polémicas por su relación con la dictadura y por posiciones ultra conservadoras en materias de derechos. Reuters y El País destacaron ese rasgo: Jorge Quiroz en Hacienda, Daniel Mas como biministro de Economía y Minería, Francisco Pérez Mackenna en Cancillería, y la presencia de Fernando Rabat y Fernando Barros, ambos asociados a la defensa de Augusto Pinochet, además de Judith Marín en Mujer y Equidad de Género.
Con ese tablero, la coalición de gobierno que pasa a oposición comenzó a ordenar su “artillería” de control político. The Clinic reportó que en el progresismo ya se trabaja en una revisión de antecedentes con un criterio doble: no solo idoneidad técnica, sino potenciales conflictos de interés, cuentas pendientes públicas y riesgos para políticas de Estado en derechos humanos, seguridad y relaciones exteriores. No es una novedad: toda oposición construye “dossieres” y prioridades. Pero el contexto chileno le da un filo especial: el cambio de ciclo ocurre bajo incendio social (literal, por los siniestros en el sur) y bajo una crisis de legitimidad institucional que ya venía instalada desde 2019.
El primer blanco simbólico es Vivienda, donde se nombró a Iván Poduje. En el oficialismo, su nombre activa una memoria reciente: fue una figura muy confrontacional contra el gobierno y contra autoridades locales durante campañas y debates públicos. Su llegada, además, se cruza con una urgencia enorme: la reconstrucción en Ñuble y Biobío. The Clinic plantea que la oposición buscará “no dejar pasar” la vara con que Poduje midió al Ejecutivo, ahora que él debe gestionar vivienda, suelo y reconstrucción con recursos públicos y coordinación territorial.
En Educación, el foco está puesto en María Paz Arzola, economista ligada a Libertad y Desarrollo, conocida por su postura crítica frente a reformas emblemáticas como gratuidad, SAE y Nueva Educación Pública, según han recordado diputadas del FA y perfiles de prensa. Aquí el conflicto no es “personal”: es programático. Educación es un campo donde el Estado decide si amplía derechos (acceso, financiamiento, desmercantilización) o si reordena el sistema hacia selección, competencia y endeudamiento. Y la oposición ya está interpretando el nombramiento como señal de posible retroceso.
El tercer bloque bajo lupa es el económico. La triada Quiroz–Mas–Pérez Mackenna concentra el diagnóstico que la izquierda viene repitiendo: “desembarco empresarial” en áreas donde se decide regulación, impuestos, permisos y política exterior. Reuters enfatizó las controversias que rodean a Quiroz por su historial como consultor y a Pérez Mackenna por su relación con el grupo Luksic. En The Clinic, dirigentes oficialistas alertan que el tránsito “de regulado a regulador” abre riesgos de conflicto de interés que no siempre se ven “a priori”, pero que se manifiestan cuando hay que tomar decisiones concretas: licitaciones, concesiones, tratados, litigios, arbitrajes y nombramientos clave.
A ese cuadro se suma un eje que en Chile pesa como plomo: Justicia y Defensa. Kast nombró a Fernando Rabat (Justicia y DD.HH.) y Fernando Barros (Defensa), ambos asociados públicamente a la defensa de Pinochet (Rabat en el caso Riggs; Barros como vocero durante la detención en Londres), según Reuters. Para el PC y sectores de derechos humanos, el problema no es solo biográfico: se trata de qué ocurrirá con políticas de Estado como búsqueda de detenidos desaparecidos, conmemoraciones y estándares de DD.HH. en fuerzas armadas y policías. En un gobierno que se ha presentado como “orden y seguridad”, el riesgo es que el aparato coercitivo gane margen político y cultural, y que la memoria sea administrada como estorbo.
Y el otro punto de fricción evidente es Mujer y Equidad de Género, con Judith Marín, descrita por The Guardian como evangélica y opositora férrea del aborto, y criticada por sectores feministas y de diversidad sexual. Aquí, la disputa no es técnica: es hegemónica. Es la pelea por qué derechos se consideran “urgencias” y cuáles se relegan como “temas divisivos”, justo cuando Kast había prometido evitar esa agenda valórica.
En este panorama, la oposición busca evitar repetir una experiencia propia: haber instalado figuras que, por su biografía o por el símbolo que representaban, se volvieron blancos permanentes y trabaron gobernabilidad. The Clinic recordó el caso de Giorgio Jackson en Segpres y la posterior evaluación en La Moneda de que su designación fue un error, incluso reconocido por Boric. El progresismo mira hoy el gabinete de Kast con esa misma lógica, pero invertida: identificar dónde el nuevo gobierno puede quedar entrampado por su propio diseño.
Leído desde una perspectiva materialista, todo esto tiene una coherencia: cuando cambia el bloque gobernante, cambia la relación entre Estado y clase dominante. Marx lo dijo con brutal sencillez: el poder ejecutivo del Estado moderno tiende a operar como “un comité que administra los negocios comunes” del orden dominante. El debate sobre “conflictos de interés” no es un formalismo: es la forma democrática de disputar esa captura. Porque si Hacienda, Economía, Minería y Cancillería quedan ancladas a redes corporativas, la política pública tiende a girar hacia desregulación, rentabilidad y protección de inversión; y el conflicto social se administra con seguridad, no con derechos.
Por eso, la “artillería” anunciada no es solo ataque: es también defensa preventiva de límites. Exigir inhabilidades, transparencia patrimonial, fideicomisos efectivos, trazabilidad en decisiones, y coherencia en DD.HH. es la manera institucional de contener un giro que puede ser regresivo. La pregunta real es si esa oposición será solo parlamentaria —comisiones, interpelaciones, denuncias— o si logrará articularse con el mundo social que, en Chile, siempre termina volviendo cuando el Estado gobierna “por arriba” sin resolver vida cotidiana “por abajo”.
Si quieres, puedo tomar esta misma noticia y transformarla en una columna editorial más frontal (800–1.200 palabras) sobre captura empresarial del Estado, memoria y guerra cultural en el arranque del gobierno de Kast.