En la formalización de Ángela Vivanco por la “trama bielorrusa”, el Ministerio Público relató que un colaborador del estudio que representaba al consorcio Belaz Movitec envió por WhatsApp el fallo desfavorable a Codelco antes de que se hiciera público y propuso “resolver amistosamente” el conflicto. El episodio expone la zona donde litigios multimillonarios, redes de abogados y acceso privilegiado a decisiones judiciales empiezan a confundirse con gestión privada del Estado.
La Fiscalía Regional de Los Lagos entregó nuevos antecedentes en el caso conocido como “trama bielorrusa” durante la audiencia de formalización de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, imputada por delitos asociados a cohecho y lavado de activos en una investigación que vincula pagos a su entorno con decisiones judiciales favorables al consorcio Belaz Movitec (CBM) en un litigio contra Codelco.
El fiscal Marco (Marcos) Muñoz relató que el actual presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, fue contactado el 3 de julio de 2023, es decir, un día antes de la publicación del fallo de la Corte Suprema, por Aldo Cornejo, abogado ligado al círculo del estudio que representaba a CBM (asociado a los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas, hoy en prisión preventiva). Según la exposición, Cornejo advirtió con anticipación que la Corte acogería el recurso de Movitec y ordenaría el pago, y ofreció una salida “amistosa” para evitar “ruidos”.
La Fiscalía reprodujo el contenido de esos mensajes: en el intercambio, Cornejo habría señalado que el fallo “en las próximas horas” sería público y que la empresa estaba disponible para “resolver amistosamente este tema” y mantenerlo en una “reserva de caballeros”. En la audiencia se sostuvo que Cornejo, además, envió el fallo a Pacheco, subrayando que “la información no es oficial todavía”, lo que para el persecutor sería indicio de conocimiento previo del dictamen en favor del consorcio y en contra de la cuprífera estatal.
Este antecedente no era completamente nuevo: ya en febrero de 2025 CIPER y BioBioChile habían informado que Pacheco declaró a la Fiscalía haber recibido el WhatsApp de Cornejo el 3 de julio, y que entregó capturas como respaldo. Lo que cambia ahora es el uso procesal del episodio: la Fiscalía lo instala como pieza de un mecanismo más amplio que, según su tesis, conecta acceso anticipado a decisiones judiciales con una estrategia de presión y negociación política-económica hacia el Estado.
La formalización incorporó además una versión que explica el “origen” del contacto. Según relató el fiscal, el exdiputado Gabriel Silber —vinculado al estudio que representó a CBM en el litigio— declaró que el mismo 3 de julio se encontraba en la oficina con Eduardo Lagos y con el propio Cornejo cuando Lagos recibió una llamada telefónica de Vivanco en la que le habría comunicado que el fallo venía favorable. A partir de esa llamada, sostiene la Fiscalía, Lagos instruyó a Cornejo para que se comunicara con Pacheco.
Cornejo, por su parte, ha dicho que realizó la gestión por “cortesía” y por iniciativa propia luego de recibir el llamado de Lagos, y que no tenía obligación contractual (la Fiscalía señaló que no habría contrato formal, sino boletas). Ese matiz no es menor: delimita si se trató de una acción espontánea o de una tarea dentro de una estructura organizada de intermediación y acceso, justamente el tipo de punto que suele definir la gravedad penal de las redes de influencia.
El episodio del WhatsApp y el envío previo del fallo es relevante por consideraciones que trascienden el caso: sugiere que un litigio con impacto multimillonario para el patrimonio público pudo ser tratado como un asunto “negociable” antes de que el país conociera la decisión judicial. La frase “evitar los ruidos” opera aquí como síntesis cultural: no habla de justicia, habla de administración del costo reputacional; no habla de derecho, habla de daño político. En términos prácticos, se plantea que el fallo no era solo una resolución jurisdiccional: era una palanca para abrir una “salida” privada, fuera del control democrático.
La “trama bielorrusa” se ha presentado como un esquema donde el capital intenta reducir la incertidumbre judicial por la vía más cruda: pagos, intermediarios y acceso privilegiado. En su arquitectura —si la hipótesis fiscal se sostiene— el juicio deja de ser un mecanismo de resolución imparcial y pasa a funcionar como parte del negocio: un tramo más de la cadena de valorización. Marx lo dijo de manera despiadadamente útil para leer estos momentos: cuando intereses chocan, el derecho no flota en el aire; se convierte en terreno de disputa, y “entre derechos iguales decide la fuerza”. Aquí la fuerza no es solo coerción física: es poder de influencia, red, dinero y acceso.
Por ahora, todo lo relatado por Fiscalía deberá probarse con evidencia y contradicción en sede judicial. Pero el solo hecho de que un presidente de empresa estatal reciba un fallo “en reserva” antes de su publicación —con invitación a “cerrar” el tema— describe un problema mayor: la fragilidad de las fronteras entre Estado y gran empresa cuando se trata de rentas estratégicas. Y en Chile, donde el cobre sigue siendo columna vertebral de ingresos públicos, esa frontera no es un tecnicismo: es un asunto de soberanía económica y de legitimidad instituciona