La Corte de Apelaciones de Santiago declaró admisible la querella de capítulos del Ministerio Público contra la exministra Sabaj, removida en 2025 tras revelarse chats con Luis Hermosilla. El fallo no declara culpabilidad, pero estima que hay antecedentes suficientes para inferir participación probable y dejar el debate probatorio para el proceso penal.
La Corte de Apelaciones de Santiago acogió la querella de capítulos presentada por el Ministerio Público contra Verónica Sabaj Escudero, exministra del tribunal de alzada capitalino, en una nueva arista del denominado Caso Audio. Con esta resolución, la Fiscalía queda en condiciones de avanzar hacia su formalización, al despejar el requisito procesal del antejuicio respecto de conductas investigadas mientras ejercía como magistrada.
por Equipo El Despertar
Sabaj fue removida por la Corte Suprema en septiembre de 2025, luego de que un reportaje difundiera conversaciones por chat con el abogado Luis Hermosilla, imputado en el Caso Audio. La Suprema justificó su salida al sostener que la jueza “no ha tenido buen comportamiento en el ejercicio de sus funciones”, en una sanción excepcional que reflejó el deterioro de confianza en el Poder Judicial.
Qué resolvió la Corte y qué no resolvió
El fallo —unánime en la Novena Sala— hace dos precisiones clave. Primero, sostiene que la querella de capítulos resultaba “innecesaria” para pedir medidas cautelares personales, porque cuando el Ministerio Público la presentó (25 de noviembre de 2025) Sabaj ya no era ministra, al haber sido removida. Sin embargo, esa observación no impidió que el tribunal analizara la admisibilidad del antejuicio y concluyera que se cumplen los requisitos.
Segundo, la Corte subraya el estándar de esta etapa: no corresponde emitir un juicio sobre culpabilidad, sino constatar si existen antecedentes que permitan inferir una participación probable en hechos punibles. En ese punto, el tribunal estimó que los antecedentes acompañados “son suficientes” para declarar admisible la querella en todos sus extremos.
La resolución también dejó claro que las defensas sobre la eventual ilicitud de la prueba y el debate sobre causalidad o intercambio de beneficios —cuestiones típicas en delitos de corrupción— deben discutirse en la oportunidad procesal correspondiente, ya sea en la formalización, el juicio oral u otras instancias previstas por el sistema penal.
Contexto: la crisis de probidad judicial
Este pronunciamiento se suma a un ciclo de cuestionamientos a la probidad y a los mecanismos de nombramientos, contactos y redes entre élites jurídicas, económicas y políticas. El Caso Audio —por su propia naturaleza— ha funcionado como ventana a un problema estructural: la permeabilidad de las instituciones ante intermediaciones informales, favores, y formas de influencia que no siempre dejan huella administrativa pero sí producen efectos materiales.
En clave materialista, la querella de capítulos y su admisibilidad muestran una tensión que el derecho suele ocultar: la justicia no opera en el vacío, sino dentro de una sociedad de clases, con redes de poder y capital social que pueden distorsionar decisiones. Engels recordaba que el Estado moderno aparece como poder “por encima de la sociedad”, pero esa elevación no lo vuelve neutral; lo vuelve un terreno disputado. Cuando se erosionan los controles y la rendición de cuentas, el aparato judicial puede dejar de ser límite y volverse parte de la circulación de privilegios.
El fallo de la Corte de Apelaciones, en ese sentido, no “cierra” el caso: lo abre. Lo que viene ahora será decisivo: la formalización, las cautelares que pida la Fiscalía y, sobre todo, la prueba que se rinda para determinar si estamos ante meras imprudencias o ante delitos de corrupción con intercambio de beneficios. Por ahora, el tribunal ha dicho lo mínimo pero crucial: hay base suficiente para que el proceso penal avance.