Una fiscalización extraordinaria del Consejo para la Transparencia halló fallas en la “transparencia activa” de gastos de representación y ceremonial: más de $780 millones aparecen con descripciones tan vagas (“arriendo de sillas”, “arreglos florales”) que impiden saber qué actividad concreta se financió. El organismo oficiará a servicios incumplidores y remitirá antecedentes a Dipres, Contraloría y al Congreso.
Por Equipo El Despertar
El Consejo para la Transparencia (CPLT) informó los resultados de una fiscalización extraordinaria realizada durante 2025 sobre los gastos de representación, protocolo y ceremonial ejecutados en 2024 por la Administración Central y gobiernos regionales. El hallazgo central es un problema de trazabilidad: $781 millones aparecen con antecedentes incompletos o descripciones genéricas que impiden identificar con claridad para qué se usaron, en un universo total informado de $3.428 millones.
La revisión abarcó 419 instituciones públicas y detectó incumplimientos relevantes en la obligación de publicar información bajo “transparencia activa”. Según el informe, 95 organismos (23%) no informaron correctamente: 63 no tenían habilitada la sección específica obligatoria para estos gastos y 32 no publicaron la información ni incorporaron el mensaje estándar que indica “sin gasto” cuando no se ejecutaron recursos por este concepto. Solo 158 instituciones declararon haber incurrido en estos desembolsos durante 2024.
El Consejo subrayó que los gastos de representación y ceremonial son legales, pero exigen justificación y contexto: incluyen inauguraciones, aniversarios, obsequios, reuniones, atención de autoridades, delegaciones o “huéspedes ilustres”, siempre que se vinculen a funciones institucionales y participen autoridades superiores. La dificultad, según el CPLT, es que la forma en que se reportan muchos de estos pagos impide el escrutinio ciudadano básico.
En los registros observados, los organismos con mayor volumen de gasto sin actividad identificable fueron la Presidencia de la República y la Subsecretaría de Relaciones Exteriores. En Presidencia, el Consejo encontró ítems reportados como “servicios audiovisuales”, “arriendo de sillas” o “arriendo de microfonía”, sin precisar qué acto, ceremonia o reunión justificó el desembolso; y en varios casos los enlaces llevan a procesos de compra que no permiten reconstruir el contexto del gasto. En Relaciones Exteriores, el problema se repite con descripciones como “arreglos florales” o “abarrotes para gabinete” sin asociar la compra a una actividad específica.
La fiscalización también identificó un segundo tipo de opacidad: $221 millones en registros donde no se puede determinar ni siquiera qué bien o servicio fue contratado, porque la descripción es amplia y los documentos adjuntos no aclaran el destino. Se menciona como ejemplo a la Armada de Chile, con gastos rotulados como “evento protocolar para atenciones” o “reunión de trabajo” acompañados de respaldos que no permiten entender con precisión qué se pagó.
En cuanto a la distribución del gasto informado para 2024, el CPLT consignó que los mayores montos se concentraron en producción de eventos (36%), banquetería y coffee break (16%) y arriendo de equipos audiovisuales (10%). Y, respecto del propósito, el uso más frecuente fue para ceremonias, inauguraciones y conmemoraciones, con un 43% del total.
Frente a estos resultados, el Consejo anunció que oficiará a los organismos con incumplimientos para exigir correcciones y remitirá los antecedentes a las Comisiones de Hacienda y Mixta de Presupuestos del Congreso, a Dipres, Subdere, Agorechi y a la Contraloría General de la República, además de impulsar mejoras de estándar para que la información sea completa y comparable. La presidenta del CPLT, Natalia González, recalcó que la ejecución presupuestaria es un deber de transparencia activa “no opcional” y que publicar montos sin explicar el bien/servicio o el contexto no cumple el estándar exigido por la ley.
Más allá del titular, el episodio retrata un problema político clásico: cuando el Estado invierte en su dimensión ceremonial (eventos, protocolo, representación), la legitimidad de ese gasto depende de una regla simple: que pueda ser entendido y evaluado por cualquiera. Si la información se reduce a rótulos (“arriendo de sillas”) sin decir para qué, el gasto se vuelve caja negra, y una caja negra —que podría constituir un tipo de fraude al fisco— erosiona confianza pública en un momento de estrechez fiscal y de alta sensibilidad social frente al uso de recursos. En términos materialistas, no es solo contabilidad: es la relación entre quienes administran lo público y quienes lo financian con su trabajo e impuestos. Cuando esa relación se vuelve opaca, lo que se deteriora no es solo un registro: es el vínculo democrático.