El actuar de esta exfiscal y su relación con la política resulta fundamental de esclarecer, no solo por su caso particular, sino por lo que implica para el ejercicio investigativo y acusador de todo el Ministerio Público. Sus funcionarios y funcionarias tienen a su cargo una de las tareas más relevantes del sistema de justicia: investigar, acusar y perseguir penalmente. Para ello deben sujetarse estrictamente a su ley orgánica constitucional y a principios que exigen objetividad, imparcialidad y ausencia de sesgos políticos, religiosos o de clase.
Por Fernando Monsalve
El nombramiento de la exfiscal Trinidad Steinert como futura Ministra de Seguridad Pública vuelve a poner en el centro del debate una discusión necesaria y urgente sobre la independencia del Ministerio Público, la objetividad de sus actuaciones y las intencionalidades que subyacen a sus decisiones.
La futura vocera de un gobierno de extrema derecha ha señalado que el futuro presidente llevaba “un tiempo” en conversaciones con la exfiscal que hoy nombra como ministra. Aquello obliga a formular preguntas inevitables: ¿cuánto fue ese “tiempo”?, ¿la expersecutora regional informó de dichas conversaciones a sus superiores jerárquicos?, y, sobre todo, ¿qué decisiones adoptó —o dejó de adoptar— en las causas que conocía durante ese período?
El actuar de esta exfiscal y su relación con la política resulta fundamental de esclarecer, no solo por su caso particular, sino por lo que implica para el ejercicio investigativo y acusador de todo el Ministerio Público. Sus funcionarios y funcionarias tienen a su cargo una de las tareas más relevantes del sistema de justicia: investigar, acusar y perseguir penalmente. Para ello deben sujetarse estrictamente a su ley orgánica constitucional y a principios que exigen objetividad, imparcialidad y ausencia de sesgos políticos, religiosos o de clase.
Hoy constatamos, una vez más, lo peligroso —y todavía tabú— que resulta el oscurantismo y la ausencia de criterios claros y públicos que permitan examinar críticamente la orgánica, los personeros y las actuaciones del Ministerio Público. Esta situación hace necesaria y urgente la implementación de una política de transparencia activa e inmediata. Es natural que quienes ejercen poder desde la fiscalía tengan opiniones o posiciones políticas; lo verdaderamente grave es que dichas posiciones se utilicen como plataforma para acceder a cargos de poder, como ocurrió con la exfiscal regional y futura ministra de Estado.
Más grave aún es desconocer qué criterios aplicó, bajo su dirección regional, para evaluar denuncias e investigaciones por abusos policiales o delitos cometidos por funcionarios que, en pocas semanas, estarán bajo su dependencia jerárquica, o por grupos económicos y políticos que hoy pasarán a ser sus jefaturas directas o indirectas.
¿Cuántas causas vinculadas al estallido social, a abusos policiales o a hechos de corrupción no fueron perseveradas y se cerraron sin llegar a juicio? No lo sabemos. Y ese desconocimiento no es menor.
¿Es esto nuevo? Claramente no. Lo nuevo es la exposición pública y explícita del nexo entre política, intereses partidarios y económicos, y una institucionalidad que no solo debe ser objetiva, sino también parecerlo; que debe investigar y perseguir a todas las personas por igual, con independencia de su sexo, clase o condición.
El caso de la exfiscal y futura ministra abre un debate imprescindible y evidencia la urgente necesidad de transparencia absoluta respecto de los nexos, actuaciones e intereses de quienes toman decisiones: fiscales con un creciente protagonismo mediático y político. Sin embargo, esta exigencia parece lejana si recordamos que quien hoy dirige a nivel nacional el Ministerio Público llegó al cargo tras un entrampado político y mediático digno de una serie de Netflix; que la fiscal Giovanna Herrera es pareja del exfiscal Montes y fue “premiada” con un nombramiento tras acusar y dejar sin opción de candidatura a Daniel Jadue; o que seguimos observando, con pavor, cómo una y otra vez la mala gestión de la fiscalía deja en la impunidad a agentes del Estado que dañaron de forma artera y grave a compatriotas, cometiendo delitos funcionarios de extrema gravedad.
Persistir en este camino de opacidad y complicidad solo profundiza la desconfianza ciudadana y consolida la impunidad.