Chile arrastra una historia donde los aparatos de inteligencia —incluso en democracia— han sido utilizados para el espionaje ilegal, los montajes judiciales y la criminalización de movimientos sociales, pueblos originarios y opositores políticos. Nada de eso ocurrió en dictadura únicamente. Ocurrió también bajo gobiernos civiles, con leyes “modernas” y discursos de orden y seguridad muy similares a los que hoy vuelven a instalarse con fuerza.
Por Equipo El Despertar
Tras casi ocho años de tramitación, Chile despacha una nueva Ley de Inteligencia del Estado que fortalece significativamente a la Agencia Nacional de Inteligencia y articula un Sistema Nacional de Inteligencia con capacidades inéditas en nuestra historia democrática reciente. La pregunta que debiéramos hacernos no es si el Estado necesita inteligencia —eso es evidente—, sino qué tipo de inteligencia, bajo qué límites y al servicio de quién.
La ley se presenta como una modernización necesaria, largamente postergada, y como una herramienta para enfrentar amenazas reales como el crimen organizado, la ciberseguridad o la protección de infraestructura crítica. Sin embargo, la experiencia chilena y latinoamericana obliga a mirar este fortalecimiento con cautela, especialmente desde una perspectiva de derechos humanos.
Chile arrastra una historia donde los aparatos de inteligencia —incluso en democracia— han sido utilizados para el espionaje ilegal, los montajes judiciales y la criminalización de movimientos sociales, pueblos originarios y opositores políticos. Nada de eso ocurrió en dictadura únicamente. Ocurrió también bajo gobiernos civiles, con leyes “modernas” y discursos de orden y seguridad muy similares a los que hoy vuelven a instalarse con fuerza.
La nueva normativa amplía de manera sustantiva las capacidades de la ANI: acceso a mayor información, diligencias intrusivas más amplias —intervenciones de comunicaciones, sistemas informáticos, escuchas, entradas y registros— y la formación de agentes de campo, una figura especialmente sensible en cualquier democracia. Además, crea un sistema de coordinación total entre inteligencia civil, policial, militar, penitenciaria, financiera y aduanera, permitiendo el cruce masivo de datos personales bajo el argumento de “anticipar riesgos”.
Este diseño recuerda peligrosamente a las llamadas “democracias de seguridad”, como Estados Unidos tras el 11 de septiembre o Colombia en el marco de la guerra interna, donde la ampliación permanente de facultades de inteligencia terminó normalizando la vigilancia masiva, debilitando libertades civiles y construyendo nuevos enemigos internos. En América Latina sabemos bien a dónde conduce esa lógica: a Estados fuertes frente a sociedades débiles.
Se insiste en que existirán controles: judiciales, parlamentarios, administrativos. Pero la historia demuestra que los controles formales no bastan cuando el concepto de “seguridad nacional”, “orden constitucional” o “interés nacional” es amplio y políticamente interpretable. Esos mismos conceptos fueron utilizados en dictaduras para justificar la represión y, en democracia, para legitimar prácticas ilegales que luego terminaron en tribunales.
A esto se suma un elemento que no puede ser ignorado: esta ley será aplicada por un gobierno entrante cuyo discurso ha sido explícito en endurecer el orden público, relativizar los estándares de derechos humanos y legitimar la represión como herramienta política. Las leyes de inteligencia no son neutras; su verdadero contenido se revela en el uso que se hace de ellas y en el tipo de democracia que se quiere proteger.
Por eso, el dilema de fondo sigue abierto. Esta ley puede transformarse en una herramienta excepcional, acotada y estrictamente regulada para proteger a la sociedad de amenazas reales. O puede convertirse en la base legal de una nueva etapa de vigilancia extendida, criminalización de la disidencia y control político, ahora bajo un ropaje institucional y democrático.
La historia de Chile nos obliga a decirlo con claridad: cuando la inteligencia del Estado crece más rápido que las garantías de derechos, la democracia se vuelve frágil. Y una democracia frágil, tarde o temprano, deja de ser democracia.