El Gobierno anunció una nueva estructura para “desmentir activamente” información falsa, pero una columna de Luis Bruschtein advierte que la iniciativa puede derivar en control del discurso público. El texto vincula la medida con controversias sobre estadísticas de inflación y con un caso mediático sobre discapacidad y derechos.
Por Equipo El Despertar
Al más puro y típico estilo del Gran Hermano de “1984” con su ” Ministerio de la Verdad”, el Gobierno argentino anunció la creación de una “Oficina de Respuesta Oficial” con el objetivo declarado de refutar públicamente desinformación y “señalar falsedades concretas”. La iniciativa fue presentada como una herramienta para intervenir en la disputa comunicacional de la llamada “era de la posverdad”, reforzando —según el anuncio— la capacidad del Estado de responder ante versiones inexactas que circulen en medios y redes.
Sin embargo, el lanzamiento abrió de inmediato un debate político y cultural sobre los límites entre combatir la desinformación y organizar un dispositivo estatal orientado a fijar una versión oficial de los hechos. En una columna difundida por Resumen Latinoamericano, el periodista Luis Bruschtein comparó el sentido de la nueva oficina con el “Ministerio de la Verdad” de 1984, la novela de George Orwell que describe un sistema burocrático dedicado a administrar la realidad pública y sancionar disidencias.
Desde esa mirada crítica, el problema no sería solo la existencia de una oficina comunicacional del Ejecutivo —algo frecuente en distintos gobiernos—, sino el enfoque: presentarse como árbitro de “lo verdadero” en un escenario donde, justamente, la disputa por la verdad se vuelve parte central del ejercicio del poder.
Inflación, estadísticas y credibilidad institucional
La columna sitúa la discusión en un contexto más amplio: la credibilidad de los datos económicos y, en particular, la controversia en torno a la medición de la inflación. Bruschtein sostiene que el Gobierno ha defendido que no modificará el método de medición pese a reconocer públicamente falencias o inconsistencias en los resultados de los indicadores usados hasta ahora.
En ese punto, el texto plantea una aparente contradicción: si un indicador es cuestionado por no reflejar la realidad, ¿por qué sostenerlo sin cambios? Para el autor, allí se abre una pregunta política clave: si la “Oficina de Respuesta Oficial” se propone perseguir “la mentira”, ¿cómo se posicionará frente a los cuestionamientos sobre cifras que afectan directamente el costo de vida, el salario y las jubilaciones?
Más allá de la polémica puntual, el debate toca un nervio sensible de cualquier democracia: qué instituciones producen información pública confiable y qué ocurre cuando el propio Estado, en vez de fortalecer esa autonomía técnica, refuerza una respuesta centralizada desde el Ejecutivo.
Un caso mediático y el eje discapacidad
La columna también incorpora un ejemplo de “falsedades” que —según el autor— circulan desde espacios de poder: menciona el caso de Ian Moche, un adolescente autista conocido por su participación pública en defensa de derechos vinculados a la discapacidad.
Bruschtein afirma que la diputada Lilia Lemoine, identificada con el oficialismo, habría puesto en duda el diagnóstico del adolescente en un espacio televisivo, sugiriendo que “simulaba” su condición. El texto describe esas declaraciones como un ataque directo contra una persona menor de edad y, además, como un gesto disciplinador: cuestionar públicamente la legitimidad de quien se organiza y habla en nombre de derechos sociales.
La columna sostiene además que el episodio habría tenido derivadas judiciales vinculadas a medidas del Gobierno sobre políticas de discapacidad. En su planteamiento, el punto central no es solo el cruce mediático, sino el mensaje: desacreditar al interlocutor —en este caso, un chico— para desactivar el reclamo, convertir la demanda por derechos en sospecha y estigma.
Una disputa por hegemonía
El trasfondo que propone Bruschtein es que la “Oficina de Respuesta Oficial” no se limita a corregir errores: podría convertirse en una pieza de guerra cultural, donde el poder no solo administra recursos, sino también administra sentido. En otras palabras: no basta con ajustar la economía o recortar políticas; hace falta sostener un relato que vuelva “natural” lo que se decide desde arriba.
En términos más estructurales, lo que está en juego es el control sobre la conversación pública: quién define qué es un “dato”, qué es un “rumor”, qué es un “enemigo” y qué voces quedan bajo sospecha. Cuando un gobierno se arroga la tarea de “desmentir” como misión central, la pregunta inevitable es a quién desmiente con más energía: si a los circuitos que fabrican desinformación o a quienes cuestionan el rumbo político.
En este tipo de escenarios, la pelea por la verdad tiende a confundirse con la pelea por el poder. Y ahí la advertencia clásica sigue siendo actual: “Las ideas de la clase dominante son, en cada época, las ideas dominantes” (Marx y Engels). El punto no es que exista una “mentira” única, sino que hay relaciones sociales que deciden qué versión circula como normal, razonable o “oficial”, y cuáles quedan marcadas como amenaza.
Lo que viene
Por ahora, la creación de la oficina instala una tensión: transparencia vs. control, verificación vs. propaganda, respuesta institucional vs. disciplinamiento comunicacional. La discusión no se resolverá solo con el nombre del organismo o su declaración de principios, sino con su práctica concreta: qué casos toma, qué voces señala, qué criterios usa y cuánta rendición de cuentas permite.