La corte federal de Manhattan reprogramó la cita que estaba fijada para el 17 de marzo, tras un acuerdo entre la fiscalía y las defensas. El caso, que se sigue en el Distrito Sur de Nueva York, permanece bajo el juez Alvin K. Hellerstein.
Por Equipo El Despertar
Según los escritos presentados ante el tribunal, el cambio de fecha se justificó por “problemas de planificación y logística”, una fórmula que alude a dificultades de coordinación entre las partes en un proceso que, por su escala y sensibilidad política, apunta a un calendario procesal extenso.
La reprogramación ocurre después de la comparecencia inicial del 5 de enero, cuando Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron presentados ante la justicia estadounidense pocos días después del ataque ilegal del régimen estadounidense a la Republica Bolivariana de Venezuela y el secuestro del mandatario y su esposa, por fuerzas de EE.UU. en Caracas.
En esa audiencia, Maduro se declaró no culpable y calificó su detención como un “secuestro” (“kidnapped”), además de proclamarse “presidente” y “prisionero de guerra”, mientras su defensa anticipó que impugnaría la legalidad del operativo y buscaría abrir la discusión sobre privilegios e inmunidades asociados a jefaturas de Estado.
El expediente incluye cargos por conspiración de “narco-terrorismo”, importación de cocaína y delitos relacionados con armas contra Maduro, mientras que Flores enfrenta cargos vinculados a importación de cocaína y armamento, según la acusación difundida tras la captura. Ambos han ingresado declaraciones de no culpabilidad.
De acuerdo con AP, la pareja se mantiene en detención preventiva sin fianza en una cárcel federal en Brooklyn, a la espera de las siguientes etapas del proceso. La audiencia del 26 de marzo debiera servir para ordenar el cronograma de litigación y los pasos previos a un eventual juicio, en un caso que las defensas describen como voluminoso y complejo.
En paralelo, el episodio ha reconfigurado el tablero político en Venezuela: The Washington Post reportó que Delcy Rodríguez —quien era la número dos del gobierno— avanzó en la consolidación de poder como presidenta interina, mientras desde Caracas se ha insistido en cuestionar la legitimidad de la captura y del proceso en Estados Unidos