Frente a esta revelación, la diputada Nathalie Castillo (PC, Coquimbo) salió al paso con una exigencia que define la tensión entre lo ético y lo institucional: “Es necesaria la transparencia y en este caso es lógico que un diputado en ejercicio pueda ir a la Comisión Especial Investigadora a entregar todos los antecedentes que tenga a disposición”. Lo más grave no es sólo la posible cercanía, sino la omisión, una forma de complicidad pasiva que erosiona la confianza pública.
Por Equipo El Despertar
La derecha chilena vuelve al ojo del huracán, la crisis política emergente tras el operativo “Oro Rojo”, una investigación contra el robo organizado de cables de cobre, ha revelado una trama que mezcla política, poder y red criminal. Francisco San Martín, militante del Partido Republicano y empresario minero, fue detenido en abril como cabecilla de una banda dedicada al robo de cables y lavado de dinero. Lo insólito no se queda allí: sería cercano al candidato Republicano y a José Carlos Meza, diputado republicano, que habría pernoctado en la casa de San Martín en Coquimbo cada vez que visitaba la región.
Este inmueble, ubicado en el exclusivo sector de Cabinas de Peñuelas, fue prestado para reuniones del partido. El vínculo va más allá de un simple latte en un café: “hasta dicho inmueble también llegó el diputado republicano José Carlos Meza, quien habría alojado en el lugar cada vez que visitaba la zona”, relatan fuentes cercanas al caso. Este dato, en el contexto de una red criminal vinculada al financiamiento partidario, exige claridad y acción política.
Frente a esta revelación, la diputada Nathalie Castillo (PC, Coquimbo) salió al paso con una exigencia que define la tensión entre lo ético y lo institucional: “Es necesaria la transparencia y en este caso es lógico que un diputado en ejercicio pueda ir a la Comisión Especial Investigadora a entregar todos los antecedentes que tenga a disposición”. Lo más grave no es sólo la posible cercanía, sino la omisión, una forma de complicidad pasiva que erosiona la confianza pública.
Castillo valoró el trabajo de las instituciones que han avanzado en condenas, ya hay al menos 13 personas sentenciadas por este delito, pero advirtió la necesidad de llegar más allá de arrestos aislados: “con el propósito de avanzar en la transparencia y esperar que la comisión tenga los mejores resultados y un buen informe para la Sala”. Transparencia no es una consigna: es una exigencia colectiva, un mecanismo de defensa democrática contra la captura mafiosa de la política.
Mientras tanto, el silencio de Meza es elocuente. Contrapoder y otros medios contactaron al diputado para que entregara su versión, pero “hasta su cierre no ha emitido respuesta”. En tiempos de crisis, callar no es neutralidad: es simetría moral con quienes ocultan vínculos que comprometen la institucionalidad.
La pregunta no es solo si Meza visitó la casa del líder criminal o asistió a reuniones de partido en su espacio privado. La pregunta mayor es esta: ¿a quién protege la política en Chile cuando sus representantes se mueven entre la estructura partidaria y redes ilícitas? La dignidad democrática exige respuestas. Y el deber ético, responsabilidades.