La contradicción es elemental. Marx advertía que el Estado burgués nunca es árbitro neutral, sino administrador de los negocios comunes de la clase dominante. Aquí, el Estado ofrece plata y papeles para cerrar un conflicto histórico que él mismo produjo a sangre y fuego, mientras mantiene tropas y tanquetas en territorio mapuche para garantizar la seguridad de los latifundistas y forestales. Una política de paz que no desmilitariza no es paz: es gestión del despojo.
Por Equipo El Despertar
El intento del gobierno chileno de abrir una “consulta indígena” para implementar el nuevo sistema de tierras recomendado por la Comisión para la Paz y el Entendimiento (CPE) se hunde desde el arranque en un mar de ilegitimidad. No es casualidad: se convoca a comunidades bajo estado de excepción, con militares patrullando, presos políticos mapuche en cárceles y allanamientos permanentes. Difícil llamar a eso diálogo; más honesto sería reconocer que es negociación con la pistola sobre la mesa.
La propuesta estatal promete modernizar la compra de tierras, crear una Agencia de Reparación y un fondo de USD$ 4.000 millones. Pero en los lof y territorios la lectura es otra: “punto final” a las reclamaciones históricas, mercantilización del mapu, privatización encubierta del agua, y cláusulas (art. 13 y 20 b de la Ley Indígena) que abren la puerta a contratos sobre tierras hoy protegidas. En lenguaje llano: lo que se presenta como reparación se percibe como despojo legalizado.
La contradicción es elemental. Marx advertía que el Estado burgués nunca es árbitro neutral, sino administrador de los negocios comunes de la clase dominante. Aquí, el Estado ofrece plata y papeles para cerrar un conflicto histórico que él mismo produjo a sangre y fuego, mientras mantiene tropas y tanquetas en territorio mapuche para garantizar la seguridad de los latifundistas y forestales. Una política de paz que no desmilitariza no es paz: es gestión del despojo.
Las comunidades lo dijeron sin rodeos en Queuco, Osorno, Panguipulli o Freire: no hay paz con militarización, no hay consulta libre bajo estado de excepción. Lo repite Héctor Llaitul desde la cárcel, lo subraya Natividad Lanquileo desde el derecho, lo denuncia Elisa Loncón desde la filosofía mapuche: lo que falta aquí es diálogo real, reconocimiento de la relación espiritual con la tierra, y participación vinculante de las mujeres que han cuidado el itrofill mongen. Nada de eso aparece en la “letra chica” de la CPE.
El gobierno se juega su credibilidad: avanzar con un paquete de reforma sin validación territorial es abrir un campo fértil para nuevas movilizaciones, judicialización ante la OIT y mayor polarización. Pero el poder político y económico parecen preferir el atajo: administrar la conflictividad con cronogramas exprés y narrativas de “paz institucional”. En otras palabras: cerrar administrativamente un conflicto histórico para tranquilizar inversionistas.
En el Wallmapu saben bien lo que eso significa. Como dicen las comunidades, “no hay paz ni entendimiento mientras siga la pistola sobre la mesa”. Y esa frase resume la dialéctica del presente: no se trata de más leyes, agencias ni fondos, sino de la pregunta esencial de toda lucha de clases y toda lucha de pueblos: ¿quién manda en el territorio, el capital con fusiles, o el pueblo con su mapu?