Formalmente, la clave está en el procedimiento: el Congreso no puede autoconvocarse a discreción de grupos de diputados; la conducción de las sesiones es facultad exclusiva de la Junta Directiva. Cuando bloques intentan forzar sesiones irregulares, el resultado no es “más democracia deliberativa”, sino tensión de poderes y desorden calculado para erosionar al órgano que no controlan. En la región conocemos el libreto: del “golpe legislativo” de 2009 contra Mel Zelaya en Honduras, al impeachment exprés en Paraguay (2012) o la guerra jurídica en Brasil (2016), los atajos parlamentarios y el lawfare han sustituido a los tanques sin abandonar la lógica de cambio de régimen.
Por Equipo El Despertar
El presidente del Congreso Nacional de Honduras, Luis Redondo, encendió las alarmas: denunció como “intento de golpe parlamentario” la autoconvocatoria de un grupo de diputados del bipartidismo (Liberal y Nacional) para sesionar al margen del reglamento y de la Constitución. Según el titular del Legislativo, esa maniobra, que buscaba instalar sesiones por fuera de la Junta Directiva, podría configurar usurpación de funciones e incluso traición a la patria, delitos que prometió llevar a la justicia. “El Congreso no será rehén de intereses personales ni estrategias partidarias”, dijo al convocar a los jefes de bancada a una reunión formal este miércoles a las 15:00 horas, y llamó a la ciudadanía a vigilar y exigir respeto a la legalidad.
La secuencia llega con antecedente. Días atrás, el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, presentó ante el Ministerio Público una USB con 24 audios que, según afirmó, acreditarían un plan para desacreditar el proceso del 30 de noviembre de 2025, donde la candidata oficialista corre con amplia ventaja, y “fabricar” una crisis de legitimidad poselectoral. La denuncia involucra a una consejera del CNE y a un jefe de bancada de un partido tradicional en conversaciones sobre cómo interrumpir las elecciones. En ese contexto, la autoconvocatoria legislativa adquiere la forma de una pista de aterrizaje para salidas extra institucionales.
Formalmente, la clave está en el procedimiento: el Congreso no puede autoconvocarse a discreción de grupos de diputados; la conducción de las sesiones es facultad exclusiva de la Junta Directiva. Cuando bloques intentan forzar sesiones irregulares, el resultado no es “más democracia deliberativa”, sino tensión de poderes y desorden calculado para erosionar al órgano que no controlan. En la región conocemos el libreto: del “golpe legislativo” de 2009 contra Mel Zelaya en Honduras, al impeachment exprés en Paraguay (2012) o la guerra jurídica en Brasil (2016), los atajos parlamentarios y el lawfare han sustituido a los tanques sin abandonar la lógica de cambio de régimen.
Desde una lectura materialista, no es solo una riña de reglamentos. Es la vieja disputa por el control del aparato de Estado en un país atravesado por economías criminales y oligarquías que no digieren la pérdida de privilegios. Llamar “autonomía del Congreso” a un desborde reglamentario no lo vuelve legítimo.
El riesgo aquí no es abstracto. Honduras llega a esta coyuntura con memoria reciente de rupturas, y en un ambiente regional donde la seguritización de la política convive con presiones externas y captura institucional. La propuesta de Redondo de someter el conflicto al cauce formal, reunión de jefes de bancada, documentación de hechos, denuncia penal, es condición mínima para evitar que la crisis derive en doble poder o en parálisis deliberada del Congreso.
Aquí, la referencia pertinente es la integridad del proceso electoral. Con la votación del 30 de noviembre en el horizonte, cualquier intento de reconfigurar reglas o desfondar la autoridad del CNE alimenta el peor escenario: que el día después se imponga la narrativa del fraude antes que el recuento de votos. La respuesta democrática exige tres cosas: garantías de seguridad y libertad de votar (sin militarización de la competencia), observación nacional e internacional robusta y respeto estricto al procedimiento de escrutinio, impugnación y proclamación.
No alcanza con exhortaciones genéricas. Si, como afirma el CNE, existen pruebas de un plan para sabotear el proceso, deben judicializarse con transparencia y control social. Si hay diputados que han intentado usurpar funciones, corresponde activar responsabilidades políticas y penales. Y si el Ejecutivo pretende blindar la gobernabilidad, tiene que hacerlo sin confundir seguridad con represión: la protesta social no es terrorismo, la criminalidad organizada sí lo es.
“El diálogo no comienza con exclusiones”, dijo recientemente un mandatario sudamericano al negarse a validar cumbres con vetos. En Tegucigalpa, el principio aplica al revés: el diálogo no comienza con violaciones al reglamento. La salida a esta encrucijada no vendrá de una sesión “autoconvocada” ni de un audio filtrado, sino de la fuerza de la ley y de la movilización cívica por elecciones limpias. Lo contrario es abrir la puerta a un déjà vu que el país ya pagó caro.