El libreto también viene con presión doméstica. HRW emplazó al Congreso de EE.UU. a enviar “un mensaje claro a Trump: esto no es una guerra real” y a abrir audiencias para frenar el uso de las Fuerzas Armadas en estas operaciones. La pregunta que subyace es obvia: si hay pruebas, ¿por qué no interdicción, captura, proceso y extradición? La respuesta material es incómoda: la espectacularización del combate “antinarco” rinde más que el trabajo judicial y, de paso, alcanza efectos geopolíticos en el Caribe.
Por Equipo El Despertar
Human Rights Watch no se anduvo con rodeos: los ataques de fuerzas de EE.UU. contra embarcaciones de supuestos narcotraficantes en el Caribe son “claramente ilegales según el derecho internacional de los derechos humanos”. ¿La razón? No hay “guerra” que los ampare; hay una operación policial con bombas presentada como conflicto armado para eludir la regla básica: no se mata sin debido proceso. “En este marco, no se permite matar personas sin el debido proceso, sin importar de qué se les acuse… deben ser arrestadas y juzgadas, no ejecutadas sumariamente”, recordó la ONG.
La jugada semántica es vieja: si se bautiza “guerra”, entonces corre el derecho internacional humanitario (IHL); si no, rige el derecho internacional de los derechos humanos (IHRL) con su exigencia de necesidad, proporcionalidad y juicio. Sarah Yager, directora de HRW en Washington, lo dijo sin adorno: “Por eso la administración insiste en describir a presuntos traficantes de drogas como participantes en un conflicto armado imaginario. Pero eso no lo hace legal”. Inventar una guerra para suspender derechos es una receta que ya conocemos.
El libreto también viene con presión doméstica. HRW emplazó al Congreso de EE.UU. a enviar “un mensaje claro a Trump: esto no es una guerra real” y a abrir audiencias para frenar el uso de las Fuerzas Armadas en estas operaciones. La pregunta que subyace es obvia: si hay pruebas, ¿por qué no interdicción, captura, proceso y extradición? La respuesta material es incómoda: la espectacularización del combate “antinarco” rinde más que el trabajo judicial y, de paso, alcanza efectos geopolíticos en el Caribe.
Desde una mirada materialista, esto no es un desliz jurídico, es política de fuerza en una periferia que Washington considera zona de policía. Lenin ya lo teorizó como imperialismo: proyección militar y normas a la carta. Se militariza la persecución extraterritorial del delito ordinario, se borra la línea entre policía y ejército, y se repone el viejo principio de la Doctrina Monroe con lenguaje de “operación quirúrgica”. El resultado no es “paz”: es excepción permanente.
La coartada de “barcos de narcos” tampoco salva los hechos: el IHRL rige siempre que no haya conflicto armado, y el uso letal de la fuerza está circunscrito a amenazas inminentes a la vida, no a la sospecha de delito. Disparar misiles a embarcaciones sin orden judicial, sin intento de captura y sin control independiente es pena de muerte sin juicio. “Todos los gobiernos están obligados a respetar el derecho internacional”, recordó HRW; no hay bandera que exima.
Lo que hay que frenar no es solo un operativo: es el modelo. Si el Congreso no impone límites claros —control de legalidad, reporte público de reglas de enfrentamiento, prohibición de letalidad fuera de estándar IHRL, responsabilidad penal individual—, la arquitectura de la excepción se normaliza. Y cuando la excepción se normaliza, florecen los “errores”, las “confusiones” y las estadísticas maquilladas; y, cómo no, se abren carriles de impunidad en tribunales militares o zonas grises administrativas.
La región no puede mirar hacia otro lado. Cada misil lanzado en el Caribe fuera del derecho socava el principio básico de la seguridad humana: que el Estado no puede matar sin juez. Y cada silencio parlamentario en Washington valida el uso externo de las Fuerzas Armadas para tareas que requieren policía profesional y cooperación judicial, no guerra retórica. Marx y Engels lo escribirían sin florituras: la ley que importa es la voluntad del dominante; si el derecho no la corrige, la fuerza lo reemplaza.
La exigencia es concreta: cesar los ataques letales, publicar reglas de uso de la fuerza, restablecer el marco IHRL, abrir investigaciones independientes con resultados y sanciones, y tramitar el “combate al narco” donde corresponde: tribunales, no fragatas. Si no hay “guerra real”, no hay licencia para matar. Y si hay “guerra inventada”, lo único real son los cuerpos que deja.