El saldo humano desnuda el eufemismo. La campaña ordenada por Trump se ha cobrado 65 vidas, todas ellas ejecuciones extrajudiciales en aguas internacionales de Venezuela. La semana pasada Human Rights Watch lo llamó por su nombre: “guerra inventada” para matar sin debido proceso. Si no hay conflicto armado reconocido, rige el derecho internacional de los derechos humanos: no se ejecuta a sospechosos; se aprehende y juzga. Y si hubiera guerra real, aplicaría el DIH; tampoco autoriza a convertir el mar en patíbulo.
Por Equipo El Despertar
Hoy se cumplen los 60 días del reloj de la Resolución de Poderes de Guerra (1973): si el presidente de EE.UU. introduce tropas en hostilidades sin autorización del Congreso, debe cesar las operaciones o pedir permiso. La Casa Blanca notificó el 4 de septiembre sus ataques en el Caribe y el Pacífico Oriental; el plazo vence hoy, 3 de noviembre. En derecho, el mandato es claro. En la práctica, el Departamento de Justicia ya ensaya la escapatoria: asegura que la operación no calza con “hostilidades”. En otras palabras, portaaviones, submarino nuclear, cazas y 65 muertos no bastan.
La doctrina del “no son hostilidades” es la misma trampa que se usó en Libia 2011: si el Ejecutivo rebautiza bombardeos como “apoyo cinético limitado” o “interdicción”, el Congreso no existe. Pero el War Powers no es una cortesía protocolaria; es la mínima barrera para que un presidente no haga la guerra por su cuenta. Exabogados del Departamento de Estado lo dicen sin rodeos: hay base para exigir su aplicación y forzar el freno desde el Congreso. El resto es complicidad.
El saldo humano desnuda el eufemismo. La campaña ordenada por Trump se ha cobrado 65 vidas, todas ellas ejecuciones extrajudiciales en aguas internacionales de Venezuela. La semana pasada Human Rights Watch lo llamó por su nombre: “guerra inventada” para matar sin debido proceso. Si no hay conflicto armado reconocido, rige el derecho internacional de los derechos humanos: no se ejecuta a sospechosos; se aprehende y juzga. Y si hubiera guerra real, aplicaría el DIH; tampoco autoriza a convertir el mar en patíbulo.
Lo peor de todo es que esto no es un error de tipificación; es imperialismo en acto. Lenin explicó que el capital en su fase superior se fusiona con el Estado y se expande por coerción. El Caribe no es “zona gris”: es patio trasero para proyectar poder, disciplinar a quien se desalineé y probar tecnologías de vigilancia e interdicción. Llamarlo “lucha antinarco” no lo vuelve legal: es la misma Doctrina Monroe con marketing de seguridad.
¿Qué puede y debe hacer el Congreso? Tres cosas inmediatas: (1) aprobar una resolución conjunta ordenando el retiro conforme a la War Powers (y reforzarla con un rider de apropiaciones que corte fondos a la operación); (2) abrir audiencias de supervisión con Reglas de Enfrentamiento y opiniones de OLC en mano; (3) habilitar litigios y control GAO sobre gasto y autorización. Si no hay votos, que al menos el Capitolio abandone la farsa: el silencio no es neutral; es cheque en blanco.
En el plano internacional, el guion también tiene remedios: embargo político a la operación (OEA/CELAC), activación de mecanismos ONU (relatores de ejecuciones extrajudiciales, Consejo de DD.HH.), y uso de jurisdicción universal donde corresponda. América Latina no puede tolerar que se reinstale el principio de que el mar es zona de caza porque Washington lo decreta. Fanon avisó que el colonialismo “organiza el espacio por la violencia”; hoy esa violencia se llama “hostilidades que no son hostilidades”.
Para el movimiento social y sindical estadounidense, el terreno también es concreto: no cargar armas destinadas a estas operaciones, presionar a sus representantes por el cierre de fondos y apoyar litigios que obliguen a reconocer que, si hay muertos y munición, hay hostilidades. Marx y Engels lo dijeron con su frialdad: el derecho suele ser la voluntad del dominante hecha ley; pero la correlación de fuerzas puede convertir la ley en límite real.
El reloj legal venció, pero sabemos perfectamente como opera la hipocresía de los poderosos. O el Congreso hace valer la War Powers y el IHRL, o el Ejecutivo consolidará otra zona de excepción permanente donde el presidente nombra la guerra y el derecho calla. Y cuando el derecho calla, hablan los misiles. La política, si quiere ser algo distinto a la obediencia, empieza por pararlos.