Jara, con toda su carga de candidata, tocó una fibra real: la financiarización de la política habitacional. Subsidios a la demanda, licitaciones a constructoras privadas, precios de suelo dictados por el mercado, gasto público que depende de “ejecuciones comprometidas” más que de necesidades sociales reales. Cada año se anuncian aumentos, pero gran parte del dinero no construye casas: sirve para cubrir pagos atrasados, reajustes de materiales o litigios. Es un circuito cerrado donde el Estado actúa como pagador de última instancia de un negocio que reproduce el déficit que dice combatir.
Por Equipo El Despertar
El cruce entre Jeannette Jara y Camila Vallejo no es una pelea doméstica: expone el corazón del problema de la política habitacional chilena y del modelo de presupuesto público heredado del neoliberalismo. La ministra vocera defendió la partida de Vivienda 2026, que crece un 13%, pero se destina sobre todo a pagar deudas del Plan de Emergencia Habitacional. La candidata oficialista respondió lo que millones de familias sienten: “no se puede seguir traspasando cuentas de un año a otro” mientras los comités siguen esperando y las constructoras quiebran por falta de pago. Detrás del intercambio está la pregunta que la tecnocracia evita: ¿para quién se diseña el presupuesto, para el balance contable o para los hogares sin techo?
Vallejo insistió en el mantra de la “responsabilidad social y fiscal”: mantener el control de la deuda y cuidar las clasificadoras de riesgo, sin dejar de “poner en el centro la responsabilidad social”. Pero ese equilibrio, presentado como virtud, es el reflejo de una contradicción estructural: el Estado chileno gasta lo suficiente para mantener en movimiento el sistema, no para resolver sus déficits. Marx lo dijo con precisión: el Estado burgués no es árbitro neutral, sino el comité de gestión de los negocios comunes de la clase dominante. En Chile, esa gestión se mide por el pulso del dólar y las notas crediticias, no por el número de viviendas entregadas ni por el alivio de las familias hacinadas.
La ministra citó cifras: un incremento del 37% en gasto público en vivienda entre 2022 y 2026, 210 mil viviendas ya entregadas, una meta de 270 mil al cierre del gobierno. Son avances innegables, pero que palidecen ante un déficit estructural de más de 650 mil hogares, con arrastre histórico, precariedad constructiva y especulación del suelo. Y el argumento de la continuidad, asegurar los proyectos que trascienden al próximo gobierno, aunque sensato, revela un límite: el Plan de Emergencia Habitacional ha terminado funcionando como una política de contención, no de transformación. Paga las deudas que el modelo inmobiliario produce, pero no cambia sus reglas.
Jara, con toda su carga de candidata, tocó una fibra real: la financiarización de la política habitacional. Subsidios a la demanda, licitaciones a constructoras privadas, precios de suelo dictados por el mercado, gasto público que depende de “ejecuciones comprometidas” más que de necesidades sociales reales. Cada año se anuncian aumentos, pero gran parte del dinero no construye casas: sirve para cubrir pagos atrasados, reajustes de materiales o litigios. Es un circuito cerrado donde el Estado actúa como pagador de última instancia de un negocio que reproduce el déficit que dice combatir.
El debate también revela el costo político de la obsesión con el “responsable fiscal”. En nombre de esa etiqueta se dilatan pagos, se subejecutan partidas, y se renuevan licitaciones con presupuestos que no alcanzan para absorber la inflación del cemento, el acero o la mano de obra. Los comités de vivienda, en tanto, vuelven a esperar. La “responsabilidad social” no se mide por cumplir metas numéricas; se mide por romper la lógica del mercado como intermediario de la necesidad. Rosa Luxemburg lo habría dicho sin rodeos: las reformas que no cuestionan la raíz del capital terminan administrando la miseria con eficiencia burocrática.
El sector de la vivienda no necesita otra capa de “emergencia”: necesita planificación estatal directa, banco de suelos públicos, empresas constructoras estatales o cooperativas, y participación real de los comités en la ejecución. Mientras el presupuesto siga diseñado bajo la lógica de “responsabilidad ante los mercados”, la casa seguirá siendo una mercancía, no un derecho. El propio discurso de Vallejo lo reconoce sin decirlo: el déficit habitacional es una tarea de Estado. Pero un Estado que actúa como contable no puede ser arquitecto del bien común.
Por eso, el desencuentro entre ambas no es una anécdota electoral, sino una línea divisoria dentro del progresismo: ¿gobernar para la estabilidad o para la transformación? La vivienda —como la educación, la salud, el agua— no se resolverá con equilibrios contables. O se enfrenta al negocio inmobiliario con poder público y control popular, o seguiremos celebrando porcentajes mientras las familias viven en carpas. El desafío de Jara, si quiere diferenciarse,