Pese al respaldo obtenido, las críticas no se hicieron esperar. Desde la oposición, senadores de derecha acusaron al Gobierno de improvisar y de poner en riesgo la sostenibilidad fiscal. Algunos incluso insinuaron que se trata de un “perdonazo encubierto”, mientras otros advirtieron que el nuevo sistema podría generar incentivos perversos si no se establece una fiscalización efectiva. Sin embargo, desde sectores progresistas recordaron que los actuales mecanismos crediticios han condenado a cientos de miles de estudiantes a décadas de deuda, enriqueciendo a bancos privados con recursos públicos.
Por Equipo El Despertar
En una jornada marcada por tensiones y negociaciones contrarreloj, el Gobierno del presidente Gabriel Boric logró sacar adelante uno de sus proyectos más emblemáticos: la Ley de Financiamiento de la Educación Superior (FES). La votación en el Senado terminó con 25 votos a favor, 19 en contra y 1 abstención, lo que permitió que la iniciativa avance a la Cámara de Diputadas y Diputados. El proyecto apunta a reemplazar el CAE y otros mecanismos crediticios por un nuevo sistema de financiamiento público, sin bancos involucrados.
Desde el Ejecutivo celebraron la votación como un triunfo político clave, en un escenario legislativo adverso y con el oficialismo en minoría. El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, destacó que la aprobación es fruto de una estrategia de diálogo con sectores moderados, como el Socialismo Democrático, y de una presión sostenida por parte de movimientos estudiantiles que desde hace años vienen exigiendo el fin del endeudamiento educativo. La nueva propuesta busca establecer un sistema solidario que mantenga la gratuidad, pero con criterios de progresividad en el reembolso.
Pese al respaldo obtenido, las críticas no se hicieron esperar. Desde la oposición, senadores de derecha acusaron al Gobierno de improvisar y de poner en riesgo la sostenibilidad fiscal. Algunos incluso insinuaron que se trata de un “perdonazo encubierto”, mientras otros advirtieron que el nuevo sistema podría generar incentivos perversos si no se establece una fiscalización efectiva. Sin embargo, desde sectores progresistas recordaron que los actuales mecanismos crediticios han condenado a cientos de miles de estudiantes a décadas de deuda, enriqueciendo a bancos privados con recursos públicos.
Este avance legislativo ocurre en un contexto de creciente presión social y de desgaste político para el Gobierno, que ha debido ceder en varias reformas estructurales. La Ley FES aparece entonces como un símbolo de que aún es posible avanzar en transformaciones, aunque con múltiples concesiones y en una lógica de “lo posible”. La capacidad del oficialismo para construir mayorías coyunturales se vuelve central, especialmente en un Congreso marcado por la fragmentación y la resistencia a cambios de fondo.
Lo que viene ahora será crucial: el debate en la Cámara Baja, donde la correlación de fuerzas es aún más frágil, pondrá a prueba la coherencia del Gobierno y la disposición de los sectores progresistas para sostener una reforma que, aunque limitada, apunta a desmercantilizar en parte el acceso a la educación superior. Si bien no es la gratuidad universal prometida por el movimiento estudiantil del 2011, sí representa un retroceso para la lógica neoliberal que por décadas ha hecho del endeudamiento una condición para estudiar en Chile.