La suspensión de Sabaj no es, sin embargo, un triunfo de la transparencia. Es una maniobra de control de daños. El aparato judicial opera como lo que realmente es: un cuerpo corporativo, cerrado sobre sí mismo, dispuesto a expulsar momentáneamente a quienes se convierten en un problema mediático, pero jamás a desmontar las prácticas de fondo que lo sostienen. En ese sentido, la sanción funciona como anestesia: calmar la indignación social sin alterar la estructura de privilegios.
Por Equipo El Despértar
La Corte Suprema confirmó la suspensión por cuatro meses de la ministra Verónica Sabaj, vinculada al llamado “caso Hermosilla”. La resolución no es un hecho aislado, sino un eslabón más en la cadena de desprestigio que arrastra el Poder Judicial, hoy expuesto como un engranaje permeado por redes de favores, tráfico de influencias y connivencia con intereses económicos. Lejos de transmitir confianza, la sanción refleja una estrategia de contención: sacrificar temporalmente a una ministra para salvar la fachada institucional.
El “caso Hermosilla”, que estalló con filtraciones de audios donde abogados y empresarios coordinaban favores judiciales, puso en evidencia lo que Marx ya había desenmascarado: el derecho en la sociedad burguesa no es un principio de justicia universal, sino la forma jurídica de los intereses de la clase dominante. Que una ministra sea sancionada confirma la sospecha popular: en los tribunales, la balanza nunca ha estado en equilibrio, siempre se ha inclinado hacia el lado del dinero y el poder.
La suspensión de Sabaj no es, sin embargo, un triunfo de la transparencia. Es una maniobra de control de daños. El aparato judicial opera como lo que realmente es: un cuerpo corporativo, cerrado sobre sí mismo, dispuesto a expulsar momentáneamente a quienes se convierten en un problema mediático, pero jamás a desmontar las prácticas de fondo que lo sostienen. En ese sentido, la sanción funciona como anestesia: calmar la indignación social sin alterar la estructura de privilegios.
La paradoja es que mientras se sanciona a una ministra, el sistema judicial continúa reproduciendo desigualdad a diario: desalojando a familias, protegiendo contratos abusivos, blindando a las grandes empresas y castigando con dureza la pobreza y la protesta. El caso Sabaj no es excepción: es la norma hecha visible por un escándalo demasiado evidente para barrer bajo la alfombra.
El Estado chileno, con su aparato judicial incluido, confirma así su carácter de clase. Como Engels señaló con crudeza, el Estado no es más que “una fuerza de represión de una clase sobre otra”. Y la Corte Suprema, lejos de ser un santuario de justicia, es la prolongación jurídica de la dominación burguesa. Suspender a una ministra cuatro meses no cambia esa verdad, solo la maquilla.
La indignación popular frente a este tipo de episodios debería convertirse en organización política, porque el problema no es Sabaj ni Hermosilla en particular: es el entramado completo que hace del derecho un negocio y de la justicia un privilegio. Mientras no se toque la raíz —la subordinación de los tribunales al capital—, cada sanción será apenas un gesto simbólico en un teatro de corrupción estructural.