La investigación de Contraloría no ocurre en el vacío. Coincide con el rechazo masivo de comunidades mapuche a este proceso, denunciado como un “despojo legalizado” que busca cerrar la demanda territorial y mercantilizar el mapu. Ahora, además de carecer de legitimidad cultural y política, queda bajo sospecha de irregularidades administrativas y legales.
Por Equipo El Despertar
La Contraloría General de la República decidió admitir a trámite una denuncia presentada por la dirigenta mapuche Gloria Cayupi González, que acusa vicios graves en la consulta indígena impulsada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia en el marco de las recomendaciones de la Comisión por la Paz y el Nuevo Entendimiento.
El reclamo detalla una doble vulneración: a la Ley de Compras Públicas y al Convenio 169 de la OIT, que garantiza el derecho a consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas. Según la denuncia, la CONADI validó un esquema de “compensación vía compra de tierras” sin haber consultado previamente a las comunidades afectadas, lo que constituye un acto arbitrario y contrario al derecho internacional.
El escrito también denuncia que en el proceso licitatorio se omitió exigir garantías mínimas: ni el 5% de fiel cumplimiento, ni el 3% de seriedad de la oferta que establece la ley. Esto eleva el riesgo de corrupción y de ejecución fallida, repitiendo lo ocurrido en la licitación del cuestionado proyecto DITECSUR, lo que demuestra un patrón de irregularidades y de prácticas que erosionan la transparencia estatal.
A esto se suma el desorden político: el secretario ejecutivo para La Araucanía extendió la consulta hasta 2026, evidenciando improvisación, y emitió declaraciones ofensivas como la idea de una “Posta de Estado”, comparando la consulta con decretos presidenciales. Para Cayupi, esas expresiones son una falta de respeto que deslegitima el proceso y agrava la hostilidad hacia las comunidades.
La investigación de Contraloría no ocurre en el vacío. Coincide con el rechazo masivo de comunidades mapuche a este proceso, denunciado como un “despojo legalizado” que busca cerrar la demanda territorial y mercantilizar el mapu. Ahora, además de carecer de legitimidad cultural y política, queda bajo sospecha de irregularidades administrativas y legales.
La denuncia exige la paralización inmediata del proceso, investigación a fondo de la licitación y la publicación transparente de las bases y garantías. En el fondo, lo que se discute no es solo un procedimiento: se discute si el Estado chileno es capaz de respetar sus compromisos internacionales y si las consultas son verdaderas instancias de diálogo o simples instrumentos para validar políticas ya decididas.
La apertura de esta investigación por parte de la Contraloría marca un precedente: confirma que lo que las comunidades denuncian —militarización, imposición y ausencia de consulta real— también se expresa en lo administrativo. Y vuelve a poner sobre la mesa la pregunta de fondo: ¿es posible hablar de paz y entendimiento mientras el propio Estado vulnera los derechos mínimos de consulta reconocidos por el Convenio 169 de la OIT?